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5/11/2018 – Los derechos de menores víctimas de violencia no están lo suficientemente protegidos, ya que hay limitaciones y no se cumple en su totalidad con la reparación integral del daño, señalaron especialistas en Derecho Penal.
Gabriela Ibarra Lozano, integrante de la Barra de Abogados de Tampico y Ciudad Madero, sostuvo que las instalaciones no son las adecuadas y muchas veces las medidas de protección no se aplican de oficio por parte del Ministerio Público.
“Tienes que solicitarlas y esperar a ver si te las van a acordar, cuando eso viene dentro de los derechos de la víctima, donde tiene que prevalecer el interés superior del niño y no lo están haciendo, falta mucha sensibilidad”.
En ese sentido, explicó que se tiene que esperar más de tres o cuatro horas para que se valore a un menor a través de un perito y ver si está en condiciones de rendir su declaración. “Un niño con la situación emocional que viene si fue víctima de maltrato, todavía esperar varias horas, en una instalación sin clima”, subrayó.
Mencionó que cuando entró en vigor el actual sistema de justicia, desapareció la unidad de atención a la familia, donde antes se canalizaba todo este tipo de denuncias, y hoy solo quedan vigentes las unidades generales, la de atención a personas desaparecidas o privadas de su libertad y la de secuestros.
“Y resulta que ahorita el 80% de las denuncias en las Agencias son por violencia familiar, entonces, ¿dónde están esos derechos que se deben tutelar de acuerdo a la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Ley de los Niños y Adolescentes en el Estado? no se están aplicando”.
El jurista Eustacio Reyes Hernández coincidió en que la Ley de Protección a Víctimas no se está cumpliendo en su totalidad, pues el objetivo es brindar una reparación integral del daño y ha observado que en muchos casos solo se les da a los menor sin apoyo económico, mismo que no contempla la ley.
“La ley y los convenios internacionales no hablan de apoyo en dinero, hablan de reparación integral del daño por parte del gobierno y se está incumpliendo. Sí hay avances, pero no se cumple la Ley de Protección a Víctimas en su totalidad”. Detalló que no existe una resolución judicial por escrito que indiqué el motivo de la ayuda económica, dejando a las víctimas en estado de indefensión para promover un amparo contra ello.
“Simple y sencillamente te llega tu depósito, que para útiles escolares y becas, mil, 2 mil, 4 mil y hasta 6 mil pesos al año”. Por su parte, Gabriela Ibarra expresó que si deja de operar el DIF como lo ha adelantado el Presidente electo, es muy importante garantizar los derechos de los menores, lo que actualmente entra en las atribuciones de las Procuradurías del DIF
“Si el DIF pasa a la Secretaría de Salud, hay que ver quién va a tutelar esos derechos, o si se va a crear una Fiscalía Especializada. Sería bueno advertir de los daños colaterales si se recorta aún más el presupuesto”.
Refirió que las actuales procuradurías de la defensa del menor y la familia operan limitadamente pues hoy en día cuentan con hasta diez personas a su cargo para atender todas las denuncias y canalizar al MP o Juez de Control.
Agencias
