Aunque los grupos vulnerables de la población ya fueron vacunados, esto no debe ser motivo para relajar las medidas de cuidado ante la pandemia. Es cierto que ya se tiene un gran avance pero las cosas no están controladas al cien por ciento y aún hay peligro, explica el doctor Hugo Guillén. El responsable de consulta en primer turno de Cruz Roja, hace un llamado a la gente para que no se exponga ni lleve una rutina de descuido, en especial con los adultos mayores a pesar de que ya fueron vacunados el peligro no ha desaparecido por completo. FAMILIA Es cierto que las familias ya les urge salir de casa para pasear y convivir pero no es el momento de hacerlo todavía. Es importante segur las recomendaciones del gobierno en este sentido para evitar contagios, ya es poco lo que falta para regresar a la normalidad pero no deben desesperarse porque sería muy imprudente. El panorama no es del todo seguro y el proceso de vacunación continúa, el protocolo de sanidad se sigue aplicando en todas partes precisamente porque el peligro no termina y hasta que no se diga otra instrucción así será. CUMPLIR Ya todo el mundo está cansado de seguir reglas estrictas como usar cubrebocas y permitir que les revisen la temperatura. Además el encierro en casa no es lo mejor ya a estas alturas y ha generado muchos conflictos entre las familias. A pesar de eso tenemos que continuar adelante por la salud y seguridad de todos hasta no ver que la pandemia fue controlada, finaliza.

La creación de una institución de seguridad que atienda realmente las necesidades de la población, que recupere la tranquilidad de la población, más que enfocarse sólo a levantar informes de los delitos comunes que ocurren, es la propuesta que hace el comercio organizado a los candidatos que se han acercado en la búsqueda del voto. Comerciantes El presidente de Canaco, Joel Gómez, afirma que la idea de los comerciantes establecidos es crear nuevamente una policía de proximidad o algo parecido, que se enfoquen a prevenir delitos de orden común, como los de tipo patrimonial, ya sea robo a casa habitación, robo a comercios, asaltos, daños, lesiones y otros. Por ahora la Guardia Nacional y la Policía Estatal intervienen en estos asuntos pero básicamente como espectadores, porque llegan cuando ya se consumó una conducta antisocial, para levantar su reporte, ya que tienen otras ocupaciones, como la persecución de delitos del orden federal. Se propone que este cuerpo policíaco prevenga los delitos y que en caso de ocurrir, estén disponibles para atenderlos.

En firme el emplazamiento a huelga contra la empresa Teléfonos de México para el día 20, ya que durante tres años se ha negado a negociar con el sindicato la solución a diversas demandas que han presentado durante tres años, incluido el incremento salarial de este año. Dirigencia El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Carlos Reyes, informa que desde la dirigencia nacional se ha tomado la decisión de integrar los comités de huelga, que se encargan de organizar las actividades que se realizan en los centros de trabajo cuando se colocan las banderas rojinegras. Esto es, salvaguardar las instalaciones y asignar a los sindicalizados para las guardias.

Debido a la falta de apoyos para el mantenimiento y la aplicación de todas las medidas sanitarias, así como que el semáforo epidemiológico se ha mantenido intermitente, los trabajadores de la educación se mantienen aún escépticos ante el proyecto de la Secretaría de Educación de reanudar clases presenciales a partir del 24. El profesor César Noé Garza, coordinador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, considera que aunque será sólo en algunas escuelas como muestra, no se tienen las condiciones viables. Conformes Cita que una de las condiciones que ellos como docentes pusieron, es que todos fueran vacunados, y ahora ya la mayoría se ha protegido con la vacuna contra el coronavirus, salvo algunas excepciones. Pero afirma que eso no es suficiente porque el semáforo sanitario no se mantiene en verde, sino que cambia con frecuencia porque la pandemia no se ha controlado del todo, aún prevalece riesgo de contagio, y no es prudente exponer a los niños. La subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno, anunció esta semana que las actividades escolares se reactivarán a partir del 24 de mayo en 50 escuelas de Tamaulipas, 25 primarias y 25 secundarias, que fueron seleccionadas como plan piloto. La mayoría son de la zona rural, donde los alumnos requieren más apoyo con sus clases, ya que muchos de ellos no tuvieron conectividad alguna con las plataformas digitales o los medios electrónicos. Riesgos Para el dirigente de los trabajadores de la educación, César Noé Garza, esta situación no es garante de que los niños acudan a recibir su instrucción sin riesgo, ya que la mayoría de las escuelas tienen ya un año sin utilizarse, se requiere no sólo de limpieza y pintura, sino remodelaciones mayores, y pues no todas cuentan con fondos, ya que los padres de familia no han hecho actividades. Sucede que la mayor parte del sostenimiento de un plantel está a cargo de los padres de familia, ya que la secretaría no les canaliza recursos suficientes. Las autoridades de salubridad están solicitando muchas condiciones de salud, como la instalación de filtros sanitarios, el uso del cubrebocas, contar con gel y lavamanos para la higiene de toda persona que llegue a las escuelas. El dirigente de los maestros sindicalizados estima que no están dadas todas las condiciones óptimas para reanudar clases, pero van a contribuir con las autoridades en este proyecto, pues ya es una decisión tomada.

CIUDAD DE MÉXICO.– A unas horas de divulgarse la detención del empresario textilero Kamel Nacif Borge, la periodista Lydia Cacho consideró que “es un momento crítico para que se le juzgue por tortura, delincuencia organizada y pornografía” y testifiqué. En su cuenta de Twitter, la autora de “Los Demonios del Edén” informó que Nacif Borge “está en libertad bajo fianza”, y que le fueron retirados sus pasaportes libanés y mexicano para evitar que salga del país de oriente medio. Cacho anunció que viajará a Líbano, donde se llevará a cabo la próxima audiencia de Nacif, el 15 de junio, para participar en el juicio y “demostrar cómo un empresario vinculado a las más altas esferas del poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de adultas en la explotación laboral”, así como “lavador de dinero” y “operador del Senado mexicano”. Con motivo de la detención y próxima visita de Cacho a Líbano, la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, resaltó que la periodista y activista “está en desplazamiento forzado, protegida en el extranjero”, desde donde “ya ratificó su denuncia conta Kamel Nacif, por ser uno de los autores intelectuales de la tortura que sufrió en diciembre de 2005”. Como representante de la periodista, Artículo 19 consideró que el proceso judicial que se lleva a cabo ahora en Líbano, “ocurre ante la ausencia de respuestas claras y de una persecución adecuada de los delitos cometidos por Nacif por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)”. En su libro, Cacho exhibe la red de complicidades y de trata de mujeres y niñas, en los que “involucra entre otros al ex gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario Kamel Nacif”. Al retomar una de las expresiones de Cacho, “hago esto porque nuevamente, la Fiscalía y el gobierno mexicano me dejaron sola y siguen sin responder mis peticiones de seguridad y protección”, Artículo 19 recordó que acompaña a la periodista desde hace 14 años, tiempo en que “ha exigido investigaciones no sólo por las agresiones contra ella, si no por los delitos de trata de personas, pornografía infantil, explotación sexual y lavado de dinero”. En un pronunciamiento, en nombre de su representada, la organización exigió al Poder Judicial mexicano, “imponer la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín (detenido el 4 de febrero) y demás responsables”; a la FGR detener a “otros autores intelectuales, Kamel Nacif y Hugo Karam”; al Estado mexicano, “implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia”, garantizando condiciones “óptimas y adecuadas para su regreso”. La organización y la activista demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno “combatir la impunidad en delitos contra a libertad de expresión y garantizar condiciones para la no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión”. Asimismo, continuar con las indagatorias por el allanamiento de la casa de Lydia Cacho ocurriera en 2019, “para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables” y una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia”. Agencias