El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la firma de una “nueva y contundente” orden ejecutiva en aras de poner fin al “fraude” y “revertir la inmigración ilegal masiva”, por medio de la cual pretende impedir el acceso de personas migrantes indocumentadas a los sistemas financieros del país norteamericano.

“Firmé una nueva y contundente orden ejecutiva, que será dirigida por el Departamento del Tesoro, para impedir que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras sean utilizados para facilitar el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y a los cárteles criminales que orquestan estas actividades”, señaló el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.

En dicha publicación, aseguró que “los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses”, por lo que justificó la nueva medida signada como “parte del esfuerzo histórico” de su Administración para “acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva“.

Según manifestó, el acceso a los sistemas financieros nacionales “debe limitarse a quienes tienen el derecho legal de estar” en el país y “se dedican al comercio legal y legítimo”. “Las cuentas bancarias que se utilicen para facilitar la inmigración ilegal, o para almacenar las prestaciones sociales recibidas por los extranjeros ilegales, serán cerradas, y los fondos acabarán siendo embargados y confiscados para que puedan ser devueltos a los contribuyentes“, agregó.

A juicio de Trump, “no es ridículo” sino “profundamente peligroso” el hecho de que “cualquier extranjero ilegal pueda simplemente presentar un carné de conducir de un estado azul (demócratas) o un documento fronterizo de (el expresidente Joe) Biden y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de Estados Unidos”.

Con esta orden ejecutiva, celebró el presidente norteamericano, también aspira su Administración a “impedir que miles de millones salgan del país a través de todo tipo de actividades delictivas”, al tiempo que se “revierte la invasión fronteriza de Biden”.

Agencias

El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo, de acuerdo con Los Angeles Times.

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Una investigación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.

Según fuentes relacionadas con el caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, la visa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible, según fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que Villarreal también cuenta con la libertad condicional por beneficio público significativo.

En abril pasado, el Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.

Permisos "parole" para Alfonso Durazo y Américo Villarreal
De acuerdo con las fuentes de los periodistas, a Durazo, exsecretario de Seguridad Publica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le fue negada una visa, pero viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial estadunidense empleado para individuos que están cooperando con seguridad publica.

“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”, de acuerdo con la investigación dada a conocer este miércoles.

En el caso de Américo Villarreal, actual mandatario estatal de Tamaulipas, también contaría con ese permiso especial y "cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses"

Agencias | El Universal

La nueva regla del presidente estadounidense, Donald Trump, que obliga a solicitantes de la "green card" a regresar a sus países mientras esperan una decisión migratoria, supone un nuevo golpe a la migración legal y puede afectar a más de medio millón de personas al año, advierten especialistas consultados por EFE.

La norma, implementada desde la semana pasada, impedirá a los migrantes que ya están el país realizar su ajuste de estatus migratorio en Estados Unidos, por lo que deberán volver a sus naciones de origen para solicitar la llamada 'tarjeta verde' de residente en los consulados.

La medida, que rompe con una práctica aprobada por el Congreso desde 1952, "va a tener un impacto muy negativo en las vidas de verdaderamente millones de personas", expresó Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI, por sus siglas en inglés).

"Va a complicar las vidas de mucha gente porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar remoto en otro país, van a perder su trabajo, probablemente. Después de perder dinero, pueden estar separados de las familias por lo menos meses y, en muchos casos, tal vez la mayoría, por años", comentó.

¿Cuántos afectados?
Aunque no hay una cifra precisa de afectados por la medida, el investigador de EPI señaló que más de la mitad del millón de personas que cada año obtiene una "green card" lo hace mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

El 58 % de los más de 1.35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal en Estados Unidos en el año fiscal 2024, que alcanzó las 782,770 personas, lo hicieron así, según las últimas cifras oficiales disponibles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El mayor impacto será para migrantes con familia en Estados Unidos, alerta la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), pues la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos dentro de EEUU.

La política también afectará a inmigrantes con empleos en Estados Unidos, trabajadores religiosos, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o 'parole' (permiso humanitario) y personas que han vivido mucho tiempo en el país, explicó Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, en una charla virtual con periodistas.

Además, el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) es "muy vago", pues no aclara todos los tipos de migrantes afectados ni las excepciones, por lo que no es posible saber esto con exactitud, acotó Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de AILA.

Pese a que el Gobierno ha dicho que esto solo requiere que los migrantes vuelvan a casa y soliciten la visa, Johnson tacha esto de "desinformación peligrosa".

"Esto no se trata de comprar un boleto de avión y esperar un poco más. Para mucha gente el proceso consultar no es realista o seguro y, para otros, puede significar meses o años de separación de esposos que son ciudadanos de EEUU, hijos, empleadores y comunidades", consideró.

Un combate contra la inmigración legal
Las medidas reflejan que en el gobierno de Trump no "solo están atacando la migración ilegal", según Costa, quien cree que "es muy claro que quieren rebajar la inmigración legal y están tomando medidas para hacerlo".

Como ejemplo, cita el freno al asilo en la frontera con México, la remoción de los beneficios de TPS, la pausa en refugiados salvo para inmigrantes blancos de Sudáfrica y la suspensión al procesamiento de visados de inmigrantes para 75 países, incluyendo Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

Esto afectará a la economía, pues antes de la llegada de Trump casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos era inmigrante, citó el experto del EPI, quien estima que el país perdería 6 millones de empleos, 40 % de ellos de estadounidenses, si el presidente cumple su meta de realizar cuatro millones de deportaciones.

"Esto va a tener mucho impacto económico negativo para todo el país y, combinado con los impactos que estamos viendo de la guerra de Irán, esto es otra cosa muy problemática para la economía", apuntó Costa.

Agencias

El estado de California se encuentra en máxima alerta tras la solicitud formal de una declaración de emergencia al Gobierno del presidente Donald Trump. La medida responde a una peligrosa fuga de productos químicos tóxicos en un tanque industrial que corre el riesgo inminente de colapsar. La gravedad de la situación mantiene en vilo a las autoridades debido a la magnitud del impacto potencial en la región.

Hasta el momento, la amenaza directa de esta crisis química afecta a por lo menos cinco ciudades en el sur del estado. La movilización de los cuerpos de rescate ha sido inmediata, priorizando la seguridad de la población civil ante un escenario que los expertos califican como de alto riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Evacuación masiva en Garden Grove por peligro de un tanque químico
Aproximadamente 50,000 residentes cercanos a las instalaciones de la empresa GKN Aerospace han sido evacuados de sus hogares de manera preventiva. El éxodo comenzó el pasado jueves, día en que se reportó oficialmente la avería y posterior fuga en el contenedor industrial, alterando por completo la normalidad de la comunidad local.

La emergencia se concentra en la ciudad de Garden Grove, donde el tanque afectado se encuentra cargado con 7,000 galones de metacrilato de metilo. Este compuesto es un líquido volátil e inflamable que se utiliza de forma habitual en la fabricación de plásticos acrílicos, lo que eleva exponencialmente el riesgo en la zona.

Agencias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo (RDC), con 750 casos sospechosos y 177 muertes, anunció hoy en rueda de prensa el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global, señaló Tedros, quien detalló que 82 de los casos y siete de los fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.

​El director general agregó que un segundo ciudadano estadunidense que se encontraba en la RDC ha sido evacuado fuera del país, en este caso a la República Checa, al constituir un "contacto de alto riesgo", después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania.

Tedros señaló que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha asignado 60 millones de dólares para la respuesta a esta crisis sanitaria, que se unirán a los 3.9 millones liberados anteriormente por la OMS de su fondo de emergencias.

El director general subrayó lo peligroso de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, para la que no existen tratamientos ni vacunas, y de la que hasta ahora sólo se habían dado dos brotes, uno en Uganda en 2000 y otro en la RDC en 2012 (éste con apenas una docena de casos mortales).

ONU Mujeres recordó por otro lado que en brotes anteriores las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas: en el de 2018-2019 ellas representaron alrededor de dos tercios de los casos notificados, y en 2014, en Liberia, concentraron tres cuartas partes de las víctimas en algunas comunidades.

Al propagarse mediante el contacto directo, es frecuente que lo contraigan trabajadores del sector sanitario, funerario y de cuidados, con un claro predominio de mujeres, advirtió la agencia especializada de Naciones Unidas.

Agencias