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Cuando la ausencia de un ser querido por desaparición forzada se plasma en un acta como presunción de muerte, empieza un nuevo calvario para familias tamaulipecas, pues son revictimizadas al enfrentar trabas para iniciar dolorosos trámites.
En los últimos años se ha llegado también al extremo de expedir cheques a nombre de personas desaparecidas para cubrir a sus familiares solicitudes de reparación del daño, olvidando que si del ausente no se tiene rastro, es absurdo asumir que habrá de presentarse, señaló Josefina de León Mendoza, presidenta de la Red de Desaparecidos.
En la entidad se puede declarar presunción de muerte por ausencia a víctimas de la presunta comisión de un delito, de cuyos hechos haya tenido conocimiento el Ministerio Público, computado a partir de la fecha de denuncia. Pero si hay menores de edad de por medio, bastarán solo seis meses.
Sin embargo, con esta disposición del Código Civil en su artículo 615 no se ha logrado derrumbar la burocracia. La tramitología sigue siendo un calvario para poder cobrar seguros de vida, pensiones, herencias y otros beneficios que se trastocan cuando alguien desaparece y en su empleo lo etiquetan como persona que abandonó el trabajo y que no pagó sus deudas al banco.
Se ha buscado que aún sin acta de defunción se puedan llevar a cabo los procedimientos legales necesarios y mitigar un poco el dolor de quienes se encuentran en tan penosa situación, pero no se ha logrado a pesar de los avances en leyes y reglamentos.
“Ha habido casos donde se decreta alguna medida de reparación, pero no sé qué es lo que pase dentro del ámbito judicial, están tan acostumbrados a atender tantos casos, que a veces no se fijan que la víctima no está y acuerdan que debe presentarse”, apunta Josefina de León, lamentando la falta de empatía y conocimiento.
Expone que la Comisión de Atención a Víctimas debería, a través de su área jurídica, brindar acompañamiento y asesoría y no limitarse a expedir oficios en formatos donde solo cambian los nombres en cada caso.
“No tenemos un defensor victimal que es el que puede detener ese tipo de situaciones, vigilar que no se violen los derechos de las víctimas indirectas, que no se les revictimice cuando un acuerdo dice que se presente la persona desaparecida para dar fe y firmar su compensación”.
Prácticas cotidianas
De León Mendoza refiere que estas prácticas se habían vuelto tan cotidianas hasta que se empezaron a generar amparos “donde se exhorta al Poder Judicial a ponerse las pilas”, pero estima que se avanza a cuenta gotas pues falta mucha capacitación al personal, certificar y fortalecer todas las áreas, pero sobre todo generar un verdadero compromiso social hacia el tema.
“Por ejemplo de las pensiones hay una ley especial de declaración de ausencia y se supone que se hizo para acelerar los procesos civiles, toda la cuestión de las familias que se quedan sin acceso a bienes, casas, carros, cuentas bancarias, deudas que existen por ahí y que están a nombre de la persona desaparecida, y que bancos, Infonavit, Fovissste y Upysset no hacen los trámites porque tiene que estar la persona desaparecida”.
Agregó que en teoría la citada ley viene a resolver todo esto, disponiendo mediante un juicio que exista una representación legal o albacea, pero al momento de llegar a las instituciones con la sentencia del juez, surgen las complicaciones. “Te dicen, a mí no me sirve eso, porque no te dan un acta de defunción como tal; cuando te dan una presunción de muerte la institución rechaza el trámite”.
Expresa que las instituciones se han mostrado lentas para asumir este nuevo estatus e incluso llegan a pedir la credencial de elector del desaparecido, cuando se sabe que toda la gente suele traerla en su cartera, así que es otra petición absurda tratándose de alguien ausente.
“Es ahí cuando las instituciones empiezan a poner trabas y es un viacrucis adicional a la desaparición; me tocó verlo así de cerca en Upysset, que iban las personas, llevaban sus papeles, los regresaban porque faltó algo que les convenciera para poder iniciar su trámite, es todo un tour que cuesta tanto moralmente, para hacer que por derecho me den una pensión”.
La ley en cuestión debe bajar a todas las áreas donde se tengan que hacer este tipo de trámites, comenta Josefina de León, de lo contrario estará condenada a ser letra muerta, advierte. Y es que, además, muchas personas lidian con abogados que no hacen su trabajo y dejan vencer los tiempos para reclamar algún derecho.
“Termina por no existir la ley, el abogado se tarda tanto, hasta que se le caduca el trámite y a las instituciones todavía no les cae el veinte porque nadie les ha dicho que tienen que aterrizar esa ley y de qué manera ir adecuando situaciones en pensiones, deudas hipotecarias, cambios de propietario de bienes, etcétera”.
Reitera que debería haber cuadrillas o equipos de gestión dentro de la Comisión de Atención a Víctimas para auxiliar a familiares de desaparecidos, pues muchos salen llorando de los edificios porque por más vueltas que dan no logran resolver una hipoteca, una pensión, una deuda de banco o con alguna empresa, y se desmoronan, quedando los trámites en la nada.
En cuanto a los cheques a nombre de personas desaparecidas, también ha sido testigo de ello y menciona que corregirlo implica más tiempo y más dolor, pero el trámite es necesario, porque la mayoría de los ausentes son hombres y los bienes del hogar están a su nombre, quedando la familia en el desamparo y es ahí cuando empieza ese nuevo martirio, quedando muchos derechos sin reclamar.
A lo largo del tiempo Infonavit ha recogido casas, el Seguro Social retiró la afiliación y se quedaron plazas laborales congeladas.
Muchas empresas dieron de baja al ausente por abandono de trabajo y se perdieron finiquitos, cotizaciones y derechos. “Una cascada de desgracias, falta de empatía en trámites y trato de finados a los desaparecidos”.
Agencias
