El Comité Olímpico Internacional (COI) desmintió las informaciones publicadas relativas a la decisión del gobierno de Japón de cancelar los Juegos de Tokio y calificó esto como "categóricamente falso". "Algunas noticias que circulan hoy informan de que el Gobierno de Japón ha tomado la decisión privadamente de que los Juegos Olímpicos de Tokio sean cancelados debido al coronavirus. Esto es categóricamente falso", afirmó. El organismo señaló en un comunicado que "en una reunión del comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en julio del pasado año, se acordó que la ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendría lugar el 23 de julio de este año, y que el programa y las sedes de los Juegos se reprogramarían en consecuencia". "Todas las partes involucradas están trabajando conjuntamente para preparar unos Juegos exitosos este verano. Estamos implementando todas las medidas posibles contra la COVID-19, y continuaremos trabajando estrechamente con el Comité Organizador de los Juegos de Tokio 2020 y el Gobierno Metropolitano de Tokio en nuestros preparativos para celebrar unos Juegos sanos y seguros este verano", añadió. El próximo miércoles día 27 el COI tiene previsto celebrar una reunión por videoconferencia de su Ejecutiva, en la que los comités organizadores de los próximos Juegos intervendrán para exponer el desarrollo de sus preparativos. A su término, el presidente, Thomas Bach, comparecerá en conferencia de prensa. Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.– Itzel Monroy, de 17 años de edad, fue asesinada en 2009 en Aguascalientes por su expareja, Carlos Humberto Méndez González, quien logró fugarse por las omisiones de la entonces Procuraduría estatal, que tardó seis años en girar la orden de aprehensión. Once años después, en diciembre pasado, el mismo Carlos Humberto, bajo la identidad de Igor Yaroslav González González, asesinó a la joven María Isabel Pavéz, de 22 años, en Chile, según reportó este jueves El Diario de Morelos. De acuerdo con el relato de la familia de Itzel, la joven fue asesinada el 9 de abril de 2009 y un día después obtuvieron el detalle de llamadas desde su celular, que Carlos Humberto robó. Ahí identificaron llamadas a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes rechazó solicitar la ficha roja de Interpol, pues dudó que el feminicida intentara viajar a Estados Unidos debido a que no tenía pasaporte. Meses después, la Procuraduría de Aguascalientes le informó a Héctor Monroy, padre de Itzel, que el asesino podría estar en Durango o Oaxaca, por lo que pensaron que tendría planes de cruzar hacia Guatemala. “La policía de Aguascalientes siempre se vio omisa y con muchas dilaciones en la persecución del sujeto. La muestra es que tardaron seis años en girar la orden de aprehensión, lo que dio tiempo más que suficiente para que el sujeto escapara con mucha facilidad”, dijo Héctor en entrevista con Milenio. Carlos Humberto ingresó con un pasaporte falso a Chile en octubre de 2009, bajo el nombre de Igor Yaroslav González González, aunque la familia de Itzel lo supo hasta que, en diciembre de 2020, se enteraron del asesinato de la estudiante de obstetricia, María Isabel Pávez, de 22 años de edad. Lo supieron luego de que Mildred, hermana de Itzel, recibió mensajes de Facebook con fotos y la noticia del asesinato en Chile. Decidieron contactar a Brenda Pavéz, hermana de la víctima, quien difundió la historia en redes sociales para corroborar si se trataba de la misma persona. La policía chilena terminó por confirmar que era el mismo asesino. “Nos quedamos helados al saber que era el mismo sujeto, se volvió a abrir la herida, fue muy doloroso ver a la familia chilena vivir algo que para nosotros ya era conocido, nuevamente llegaron los acontecimientos que sucedieron con mi hija, aunque la hemos trabajado todos estos años fue muy duro enfrentarse otra vez a esta situación”, explicó Héctor Monroy. 11 años prófugo en México; 14 días en Chile La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a Carlos Humberto el 6 de enero de 2021, apenas 14 días después de que cometió su segundo asesinato. Fue acusado de los delitos de feminicidio, falsificación de identidad y uso de pasaporte falso. Héctor Monroy relató a Milenio que la familia de la víctima chilena siempre se mostró confiada en la policía de su país. En cambio, en México la Fiscalía y la policía ministerial de Aguascalientes no se han comunicado con la familia para informarles de la detención o del proceso contra Carlos Humberto en Chile. Incluso, dice, la PDI chilena se comunicó con él para obtener información del homicidio cometido en Aguascalientes, ya que las autoridades mexicanas no respondieron a su petición de información para presentar el expediente en la primera audiencia. “Ni la policía ministerial, ni el fiscal general del estado se han dignado a llamarme ni siquiera para avisarme; todo lo contrario, fue el encargado de la investigación en Chile quien me informó sobre la detención de Méndez, y la fiscal Marjorie Carrillo también se contactó conmigo para que le proporcionara información inicial, ya que aún no tenían contacto con México; solicitaron información, pero no les llegó nada”, explicó. Es por ello que el padre de Itzel prefiere que Carlos Humberto sea juzgado y encarcelado en Chile, donde “se inició la justicia realmente para nosotros con la detención y la captura de este sujeto así es que qué mejor que cumpla su sentencia allá”, señaló. Agencias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé declarar que la política energética de la presente administración obstaculiza la competencia económica en la generación y suministro de energía eléctrica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El próximo miércoles, los integrantes de la Segunda Sala de la Corte revisarán el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales para resolver la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política publicada por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, el 15 de mayo de 2020. La propuesta establece que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga injustificadamente una “ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia. “Los programas que deberán considerar los proyectos estratégicos que proponga la CFE, relativos al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de las Centrales Eléctricas (PIIRCE) y Programas de Ampliación y Modernización de la RNT y RGD inciden en todo el desarrollo de la cadena productiva de la industria eléctrica, en tanto que los elementos relevantes de aquellos programas conformarán el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), el cual constituye el documento mediante el cual la Sener, en ejercicio de la facultad que tiene, plasma la planeación del SEN. “De esta manera y al margen de que la ley no le reconoce participación alguna en la elaboración de tales programas, se tiene que, de subsistir la disposición 5.4., se permitiría que CFE, en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional; lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”, señala el proyecto del ministro. Por ello, prevé declarar que la política obstaculiza a la Cofece para cumplir con su función como órgano constitucionalmente autónomo encargado de garantizar las libres competencia económica y concurrencia, en este caso, específicamente en el mercado de generación y suministro de electricidad, particularmente en lo que concierne a las energías sustentables. “El acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece, toda vez que anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente en lo que concierne a las energías limpias intermitentes”, señala el documento que será presentado el próximo 27 de enero a integrantes de la Segunda Sala. El proyecto reconoce que la política de la Sener, en lo relacionado con el Sistema Eléctrico Nacional y al tratamiento de las energías limpias, tienen relación con el derecho humano a un medio ambiente sano. Por ello, prevé invalidar 22 disposiciones de la política de confiabilidad, pues considera que éstas se contraponen con el modelo instaurado en la reforma energética de 2014, vigente actualmente, por lo que se refiere a las funciones que tiene la Cofece para prevenir actos monopólicos bajo los principios de imparcialidad, así como de independencia. Observa que la política faculta al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para ordenar en cualquier momento la asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito, lo que implica “establecer una barrera a la competencia y la libre concurrencia”, porque desplaza del mercado a centrales eléctricas que pueden resultar más eficientes, lo que significa también privar a los consumidores de contar con tarifas eléctricas que resulten ser más accesibles. “Si se dejara de tomar en consideración de forma absoluta el mérito, se estaría limitando el despacho de Unidades de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, reduciendo así, sin duda, su capacidad de competencia, en virtud de que ello conlleva la imposibilidad de ofrecer su energía sin importar en forma alguna si son o no más eficientes”, precisa la propuesta. Esto, a pesar de que en la reforma en el ramo se estableció que todos los integrantes de la industria, los usuarios calificados del mercado eléctrico mayorista y los titulares de los contratos de interconexión legados, están obligados a contribuir para el cumplimiento de las metas de energías limpias en las modalidades que establezcan tanto la Sener como la Comisión Reguladorea de Energía y que además también se estableció la obligación de adquirir certificados de producción limpia. Asimismo, destaca que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea, entre otros aspectos, sustentable y que la política de la Sener no puede, por tanto, soslayar dentro de sus objetivos el desarrollo de la industria eléctrica que se lleve a cabo de manera sustentable. Reconoció que la forma de ejercer la política energética tiene un margen de discrecionalidad que le corresponde al Poder Ejecutivo por conducto de la Sener y que debe apegarse a las normas, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede establecer cuáles serían las mejores líneas de política o estrategia económica, pero sí puede verificar que la política es acorde con la Constitución federal y las leyes en la materia. Agencias