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Más de cien taxistas protestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Reynosa, en la colonia Puerta del Sol, para interponer denuncias por irregularidades de los elementos ministeriales, luego de exigir sobornos de hasta 15 mil pesos por no detener a choferes de vehículos de alquiler.
Un inconforme señaló que “a un compañero le quitaron 5 mil pesos para que le pudieran entregar la unidad, enseñó el papel donde está en trámite su concesión y aun así”.
Otro testimonio denuncia que a un operador no le dejaron bajar sus pertenencias del vehículo, tampoco una reporte de pertenencias que se quedaron en auto decomisado.
“Los señores le dijeron que se iba detenido porque estaba haciendo algo ilegal”, reportó una mujer que también denunció que a su pareja le pidieron dinero pero ya no supo más porque le quitaron el teléfono y hasta el momento seguía incomunicado.
Los manifestantes aseguraron que son gente de trabajo, no personas dedicadas a robar y que ser operadores de transporte público es la manera de llevar sustento a casa, exigiendo unas “cantidades muy altas, nos pide 5 mil, 8 mil pesos, uno nos los trae”, reportó otro concesionario.
“Somos trabajadores honrados, votamos por el cambio y en lugar de ver un cambio nos están afectando. Se llevaron compañeros, los tienen como quien dice secuestrados”, fue otra denuncia de quien señaló le fueron asegurados tres carros”.
Héctor Castillo, secretario general de la CROC, en la ciudad de Reynosa, hizo un llamado al gobierno estatal para poner orden en mal actuar de los elementos de la Fiscalía, ya que argumentan haber votado por un cambio en los gobernantes y no seguir con el mismo problema, donde los policías extorsionan a la clase trabajadora.
El dirigente choferil detalló que la problemática surgió con un operativo de la Policía Ministerial en un apoyo a Transporte Público, pero al preguntar en la dependencia se le informó lo contrario.
“El delegado nos dijo que no tenía que ver solo dio un parte informativo y que la Fiscalía o la Ministerial dio la indicación de hacer un operativo de cual estamos de acuerdo, contra carros robados, choferes delincuentes, etc, el detalle es que los compañeros se están quejando de que fueron extorsionados, amenazados, se metieron a las cocheras y creemos que es un abuso”.
Fue un promedio de 20 unidades usadas como vehículos de alquiler las que fueron retiradas de la vía pública, donde el argumento fue por no portar una concesión de transportista para trabajar, mientras que los detenidos que no se prestaron a un supuesto soborno, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Agencias
