El 2025 quedó marcado en Tamaulipas por un intenso combate al "huachicol fiscal", que es el contrabando de combustible vía marítima con documentación falsa para evadir impuestos, donde el puerto de Tampico fue el epicentro.
Tamaulipas acumuló decomisos por más de 15 millones de litros de combustible ilegal en este año, mientras que la entrada de buques con huachicol al puerto de Tampico no solo expuso una red de corrupción de alto nivel, con aval de algunos mandos de la Secretaría de Marina sino que impulsó uno de los mayores esfuerzos de combate al robo de combustible en la historia reciente de México.
El 19 de marzo de 2025, arribó al puerto de Tampico el buque Challenge Procyon (bandera de Singapur, proveniente de Texas, EE.UU.), declarado con "aditivos para aceites lubricantes".
Tras inspección por irregularidades aduanales, se descubrió que transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal. Esto desencadenó un operativo masivo coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En este caso, que fue el primero en salir a la luz pública, se aseguraron tanto el buque, como armas, 192 contenedores, tractocamiones y vehículos.
En su momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo calificó como un "golpe histórico" al huachicol fiscal. Este decomiso expuso una red de corrupción que operaba desde años previos, con múltiples buques ingresando combustible de contrabando.
Investigaciones revelaron que entre 2024 y principios de 2025 entraron decenas de buques con huachicol, es decir, hasta 31 embarcaciones similares al Challenge Procyon según la FGR.
Al menos 14-20 buques facilitados por corrupción en aduanas y Asipona Tampico, con sobornos millonarios. Un exdirector de aduana confesó recibir 24.5 mdp por el paso “invisible” de estos buques que después descargan en decenas de pipas que salían desde el sur de Tamaulipas hacia otros municipios e inclusive estados vecinos.
En septiembre de 2025 hubo detenciones de al menos 14 personas, incluyendo marinos y civiles.
Despidos de 25-30 trabajadores portuarios que presuntamente tenía algún tipo de vinculación con estos hechos. El gobierno federal intensificó la Operación Frontera Norte, con más detenciones al menos 19 relacionadas y clausuras.
Agencias
