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La introducción ilegal de vehículos es un delito que beneficia a organizaciones criminales, golpea a la economía, el medio ambiente, la planta laboral y México no debe ser el basurero automotriz de ningún país.
Así lo señaló, Mario Flores, consejero estatal de la Coparmex al destacar que, han sido múltiples los intentos gubernamentales por poner orden, muestra de ello son los 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo de 1979 a 2011.
De hecho, hoy en día importar un vehículo usado es factible de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.
“Quien cumpla con lo estipulado puede legalmente introducir un auto a México, el problema radica en la introducción ilegal que es un delito por medio del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante el uso de esos autos, Además de representar un acto de evasión fiscal”, indicó.
En el mercado nacional se vendieron 428 mil 312 vehículos ligeros durante enero- mayo 2021. Esto está 19.8% por debajo de los niveles registrados en enero- mayo 2019.
La producción total de vehículos ligeros está 19.7% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia.
La competencia desleal que representa la regularización de «autos chocolate» atentaría gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país.
La AMDA estima que podría implicar una caída del 39% en las ventas del mercado nacional.
Hoy son casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo, muchos de ellos se verían en riesgo dada la posible contracción del mercado interno.
Habría dos efectos recaudatorios: Los fabricantes dejarían de pagar IVA e ISR ante los recortes en la producción que tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales y habría una contracción en la captación del ISAN, que es un impuesto que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar.
En 2020, se recaudaron poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.
Por lo que el planteamiento hecho para la regularización de autos “chocolate» representa premiar a la ilegalidad y es un atentado contra uno de los sectores claves de nuestra economía, ya que la industria automotriz representa cerca del 20% del PIB manufacturero nacional.
Por ello, llamámos a que las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido.
La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando sería un duro golpe a la economía y aumentaría la obsolescencia automotriz y México no debe ser el basurero automotriz de ningún país, concluyó.
Agencias
