La implementación del registro de celulares con CURP en México ha reabierto un intenso debate sobre su verdadera utilidad para combatir las extorsiones y otros delitos relacionados con la ciberdelincuencia. Expertos advierten que los mecanismos de gobierno serán insuficientes.
El mecanismo obligatorio vincula cada tarjeta SIM de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y documentos oficiales, pero especialistas en telecomunicaciones, derecho constitucional y ciberseguridad advierten que sus alcances podrían resultar insuficientes frente a las capacidades técnicas del crimen organizado.
Defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad para disminuir las llamadas de fraude y extorsión, el mecanismo busca atajar delitos que lastiman la economía familiar. Sin embargo, su diseño técnico enfrenta serias críticas en el ámbito operativo.
Durante sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, la mandataria ha sostenido que la medida no constituye un esquema de vigilancia masiva ni de geolocalización de la población.
De acuerdo con las explicaciones del Ejecutivo, la custodia de la información de más de 150 millones de usuarios no recaería en el Gobierno federal, sino en las propias empresas operadoras de telefonía móvil.
Bajo este esquema, regulado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las autoridades de procuración de justicia solo solicitarían la identidad vinculada a un número cuando exista una denuncia formal o una investigación por un delito consumado.
Sin embargo, firmas de gran renombre como Hogan Lovells y la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) advierten que la delincuencia organizada posee infraestructura técnica para vulnerar este tipo de controles, dejando desprotegidos a los usuarios de buena fe y generando incertidumbre sobre el manejo de sus datos personales.
Expertos: Vacíos técnicos que aprovecha el crimen
El principal argumento de los especialistas radica en la brecha entre el control puramente administrativo de una línea telefónica y las capacidades metodológicas y tecnológicas de las que dispone el crimen organizado en el país.
Etzel Salinas, asociado senior del área de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) de Hogan Lovells, explica que la delincuencia opera mediante esquemas que pueden eludir por completo cualquier catálogo de registro local.
De acuerdo con el análisis de los especialistas, existen diversas limitaciones técnicas que pueden reducir la utilidad práctica del padrón telefónico:
-Estrategia de spoofing: Técnica de suplantación mediante la cual se altera el identificador de llamadas para simular que estas provienen de instituciones bancarias, oficinas públicas o números internacionales.
-Uso de numeración dinámica y virtual: Adquisición de líneas VoIP y números temporales generados mediante software especializado que no requieren necesariamente un chip físico ni una CURP asociada.
-Líneas internacionales en roaming: Empleo de tarjetas SIM o eSIM adquiridas fuera de México que pueden operar en redes locales sin pasar por el mismo proceso de validación exigido a las líneas nacionales.
-Migración a mensajería instantánea: Desplazamiento de los intentos de fraude desde la red telefónica convencional hacia plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram, además de ataques de phishing mediante mensajes de texto y enlaces fraudulentos.
Ernesto Piedras, CEO de la consultora The CIU, destaca que la tecnología evoluciona a un ritmo mucho más rápido que la regulación gubernamental.
Esta asimetría provoca que los padrones de datos puedan quedar obsoletos rápidamente, funcionando como una carga burocrática para las empresas de telecomunicaciones y para los ciudadanos que actúan de buena fe, sin representar necesariamente un verdadero obstáculo para los infractores de la ley.
Identidades sintéticas y fraudes tras las rejas
La evasión de este padrón por parte de las redes criminales va más allá del uso de herramientas tecnológicas de última generación. Los grupos dedicados a la extorsión pueden recurrir a la compra de identificaciones oficiales robadas en el mercado negro o al uso indebido de la identidad de terceros mediante engaños y fraudes.
A través de estos métodos, pueden dar de alta líneas activas que posteriormente desechan tras cometer los delitos. Por ello, vincular una CURP a un chip no impediría necesariamente que los delincuentes utilicen identidades sintéticas o suplanten la información de personas completamente ajenas a una estructura criminal.
Adicionalmente, parte de las llamadas de extorsión y fraude en México continúa teniendo como origen instalaciones del sistema penitenciario del país.
A pesar de que la legislación contempla la instalación y mantenimiento de inhibidores de señal celular en los reclusorios, las fallas operativas y los posibles actos de corrupción interna permiten que el tráfico de llamadas desde las cárceles se mantenga activo, anulando parte del propósito preventivo del registro.
Mientras no se resuelvan las deficiencias de seguridad física y tecnológica dentro de los penales, cualquier esfuerzo centrado exclusivamente en registrar a la población civil en el exterior podría resultar insuficiente.
El costo para el usuario: suspensión de líneas y datos vulnerables
El intento de controlar las comunicaciones mediante un padrón administrativo enfrenta antecedentes de fallas en administraciones pasadas, entre ellos los casos del RENAUT y el PANAUT. Este último fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a los riesgos relacionados con el manejo masivo de datos.
En la actualidad, el proceso de vinculación obligatoria ha vuelto a generar preocupación social y legal por sus posibles consecuencias operativas y regulatorias.
En primer lugar, datos del sector revelan que millones de líneas móviles, principalmente de prepago, podrían sufrir una suspensión temporal si los usuarios no completan la validación, privándolos de servicios básicos de comunicación y permitiéndoles únicamente el acceso a los servicios de emergencia.
Esto ha impulsado la búsqueda de amparos judiciales entre usuarios preocupados por perder la conectividad y por posibles fallas en la protección de sus datos personales.
En segundo lugar, el almacenamiento de la CURP en servidores de empresas privadas expone a los ciudadanos a posibles ciberataques, un punto crítico en torno al cual persisten dudas sobre la responsabilidad y protección de la información.
La SCJN también ha establecido criterios relacionados con la responsabilidad de las empresas telefónicas ante fallas en la verificación de identidad que pueden facilitar fraudes mediante el robo o secuestro de una línea, conocido como SIM swapping.
Asimismo, existe preocupación por la inseguridad jurídica que podría enfrentar el titular de una línea. Si un número registrado es clonado o utilizado mediante spoofing para cometer un delito grave, el propietario legal podría enfrentar investigaciones iniciales, aun cuando no haya participado directamente en los hechos.
Finalmente, la falta de un órgano regulador autónomo tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) delega la supervisión del proceso a la CRT, organismo integrado en la estructura del Ejecutivo, lo que ha generado cuestionamientos sobre los contrapesos para la protección de los derechos de los usuarios.
Consejos de seguridad y defensa ciudadana
La experiencia acumulada demuestra que el combate efectivo a la ciberdelincuencia en México difícilmente se resolverá únicamente mediante trámites administrativos masivos que trasladan parte de la carga de la seguridad a los propios ciudadanos.
Los especialistas coinciden en la necesidad de estructurar una política pública de ciberseguridad integral que combine la modernización de los cuerpos policiales, el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en los centros penitenciarios y campañas permanentes de alfabetización digital.
Frente a la vulnerabilidad de los sistemas de registro y la persistencia de las llamadas fraudulentas, la prevención activa sigue siendo una de las herramientas más eficaces para proteger la privacidad y evitar caer en fraudes.
Las autoridades y especialistas recomiendan seguir medidas prácticas de seguridad digital:
-Mantener la calma: Ante una llamada de extorsión, el primer paso es no dejarse dominar por el impacto emocional y valorar la situación con serenidad.
-Interrumpir la comunicación: Colgar ante llamadas sospechosas o de números desconocidos y verificar directamente con familiares o personas involucradas si la situación planteada es real.
-No ceder a las exigencias: Evitar realizar depósitos económicos, recargas telefónicas o proporcionar información bancaria y datos personales.
-Proteger las cuentas digitales: Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp para reducir el riesgo de secuestro de cuentas y evitar abrir enlaces sospechosos enviados por SMS.
-Denunciar de inmediato: Reportar cualquier intento de fraude o extorsión a las líneas y canales oficiales habilitados por las autoridades para este tipo de delitos.
En caso de enfrentar una extorsión directa, es importante evitar tomar decisiones bajo presión, interrumpir la comunicación cuando sea posible y contactar de inmediato a las autoridades competentes para recibir orientación.
Solo mediante una combinación de prevención informada, fortalecimiento de la ciberseguridad, combate a las redes criminales y mejora de los mecanismos de seguridad penitenciaria será posible construir un entorno de conectividad más seguro y respetuoso de los derechos de los usuarios.
Agencias
