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Guadalajara,13/05/17.- La Fiscalía General de Jalisco realizó un operativo sorpresa esta madrugada en el Centro de Readaptación Social (Cereso) ubicado en Puente Grande con el objetivo de garantizar el orden y el cumplimiento de los reglamentos en el centro penitenciario.
Encabezados por el fiscal, Eduardo Almaguer, alrededor de 500 efectivos acudieron a las instalaciones del penal para hacer una inspección y detectar armas, drogas, dinero en efectivo y otros objetos prohibidos.
Personal de la Fiscalía revisó celdas correspondientes a cuatro áreas de dormitorios en las que se encuentran en confinamiento dos mil reos, y revisaron también el espacio empleado para la visita íntima.
El fiscal informó que en la revisión se localizaron 46 armas blancas de fabricación casera, mismas que posiblemente se elaboraron ahí mismo.
“Hay talleres dentro de este reclusorio que requieren de herramientas y algunos internos violando la ley generaron este tipo de armas», dijo.
Además se encontraron algunas dosis de droga sintética conocida como cristal y otro tanto de mariguana.
Durante la inspección también se localizaron 40 mil pesos en efectivo que ingresó una mujer pegados a su cuerpo cuando acudió a la visita íntima.
Esta detección dio lugar a la investigación de algunos custodios que pudieron participar en el hecho delictivo.
“Mi opinión muy clara es que debió haber tenido la colusión de alguien de custodia porque si bien tenía escondido el dinero, es evidente que debió haber sido localizado al ingreso, lo que me llama la atención y también investigamos, es para qué, quería el dinero”, agregó el fiscal.
El operativo tuvo una duración de poco más de cuatro horas y los oficiales hicieron uso del escuadrón canino para la detección de drogas y armas, participó también el grupo denominado TEDAX (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos) para la revisión de cada una de las celdas.
En febrero de 2016, el Centro Penitenciario de Puente Grande fue escenario de un operativo similar al de la madrugada de este sábado, en aquella ocasión, la instrucción fue girada desde el ejecutivo estatal como medida preventiva luego del motín que se registró en la cárcel de Topochico, en Nuevo León, donde se contabilizaron 49 muertos.
Agencias
