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La Fiscalía General de la República (FGR) denunció una “conducta judicial inadmisible” por parte del juez primero de Distrito de Tamaulipas, Genaro Antonio Valerio Pinillos, tras conceder la libertad al ex gobernador Eugenio Hernández, preso en el penal del Altiplano desde 2017, señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En un comunicado, acusó que el impartidor de justicia no tomó en cuenta las acusaciones que realizan contra el ex mandatario de Tamaulipas en Estados Unidos, lo cual señaló implica un riesgo de fuga.
“En este caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor”, dijo.
Informó que solo se le condicionó al pago de una fianza por cinco millones de pesos, que le costará a Eugenio Hernández únicamente el 10 por ciento de dicho monto, «a pesar del evidente riesgo de evasión del buscado».
La Fiscalía recordó que ya se ha declarado procedente la extradición del ex funcionario, misma que ese ha dilatado mediante un juicio de amparo en su favor, ante lo que el Ministerio Público Federal está interponiendo el recurso de revisión, sin embargo, de exhibir la garantía, advirtió que podría quedar en libertad.
Detalló que Estados Unidos lo acusa de que en complicidad con su cuñado, Óscar Manuel Gómez, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales.
Señaló que Eugenio Hernández aperturó cuentas bancarias en los Estados Unidos por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del propio país, con la finalidad de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar el dinero sustraído.
La FGR aseveró que, desde enero del 2018, otro juez federal aprobó la extradición de Hernández a los Estados Unidos y que en marzo del 2018 el gobierno de México concedió la extradición, pero en abril del mismo año, el juez de amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concede su extradición; en esa misma fecha, el juez concedió suspensión para que no sea ejecutada la extradición y hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo.
“A pesar de que han pasado 5 años y ahora le concede la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018”, expresó.
Agencias
