La Universidad Autónoma de Tamaulipas informó este martes que interpuso una denuncia por peculado en contra de exfuncionarios tanto de la propia institución como del Gobierno del estado, que habrían dado mal uso a alrededor de 690 millones de pesos.
Gobierno no entregó lo que corresponde a la UAT
El abogado general UAT, José Carlos Mora García, dio a conocer lo anterior en rueda de prensa en la que detalló el procedimiento que se utilizó para distraer una parte de esos recursos, en perjuicio de la actividad académica de la Universidad.
El representante legal expuso que en un primer paso la denuncia por peculado involucra 187 millones de pesos, que fueron distraídos de las percepciones que debería recibir la UAT por parte tanto del Gobierno estatal en la pasada administración.
Mora García aseguró que se trató de un procedimiento a todas luces ilegal, pues violenta las reglas que rigen tanto el manejo de los recursos públicos como los procedimientos administrativos del Alma Mater estatal.
No entregan recursos a la UAT
Detalló que se habría simulado el pago del adeudo por 187 millones 804 mil 94 pesos a través de la entrega de un bien inmueble por parte del Gobierno del estado a la Universidad, recursos que no se entregaron a la UAT en 2022 por parte del Estado, cuando el valor real era de 13 millones 81 mil pesos.
Refirió que el 19 de abril de 2022 el entonces rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, solicitó al también gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un inmueble en donación ubicado en el municipio de Reynosa, donde se construiría un campus universitario.
Sin embargo explicó que se trató de una operación de simulación pues con dicho bien se pretendía cubrir el adeudo total por parte del Estado de 191 millones 773 mil 749 pesos, es decir se manejó como dación de pago, cuando las leyes en la materia no lo permiten.
La información añade que en el procedimiento que fue autorizado por el entonces secretario de administración de la UAT, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, el inmueble fue valuado en 187 millones 804 mil 94, enajenación que fue aprobada por parte del Congreso del estado el dos de junio de 2022, tras la iniciativa enviada por el entonces secretario general de Gobierno, Gerardo Peña Flores.
De esta forma, añadió Mora García, se consumó esa operación ilegal, sin embargo comentó que dicha dación en pago representa solo una parte de una serie de irregularidades, que se detectaron en el proceso de entrega recepción a la actual administración que encabeza Dámaso Anaya Alvarado.
En ese sentido refirió producto de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022 de la UAT, se detectó por parte de la Auditoría Superior de la Federación que la anterior administración estatal, solamente entregó mil 190 millones 355 mil 500 pesos, de los mil 691 millones 270 mil 700 pesos a que estaba obligado, lo que da un faltante de 500 millones 915 mil 200 pesos.
El abogado de la UAT añadió que del resultado de la auditoría, se obtiene que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, “dolosamente omitieron aportar más de 500 millones de pesos a la UAT, ocultando el uso y destino final del recurso pues no se acreditó que ese recurso se hubiera redireccionado al rubro relativo a la salud, que fue como respaldaron esos movimientos financieros.
Identifican varias irregularidades
De igual forma el abogado de la UAT precisa, en cuanto a las conductas irregulares identificadas:
– El ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex secretario general de gobierno Gerardo Peña Flores y el es secretario de administración de la UAT, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, dieron una aplicación distinta a los recursos públicos estatales, que debieron ser ministrados a la Universidad, intentando justificarlos en los gastos erogados por la pandemia.
– Que la iniciativa que se envió al Congreso del estado, por parte del exgobernador y el exsecretario general de Gobierno, refiere que el valor del inmueble objeto de dación en pago, era de 187 millones 804 mil 94 pesos.
– El valor real del inmueble es de 13 millones 81 mil pesos, según avalúo que se acompañó a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.
– Con el sobreprecio del bien inmueble se tuvo por pagado el adeudo de más de 174 millones de pesos que correspondían a la UAT.
– Los imputados mintieron al Congreso para tratar de ocultar el desvío de recursos públicos, además de coaligarse para tomar medidas contrarias a la ley.
Finalmente Mora García da a conocer que los delitos que presuntamente se habrían perpetrado, generarían penas corporales de tres a siete años de prisión en el caso de ejercicio ilícito de servicio público; dos a ocho años de prisión por coalición de servidores públicos; de diez a 20 años de prisión por peculado; y de cuatro a 14 años por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Agencias
