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El Poder Legislativo de Chihuahua aprobó solicitar al Congreso de la Unión que llame a comparecer a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana (SSPC), para que justifiquen las acciones que se tomaron en contra de los agricultores, líderes sociales y políticos que se manifestaron por el conflicto por el agua.
La diputada Rocío Sarmiento destacó en el punto de acuerdo y de urgente resolución, que las comparecencias tienen el fin de que se expongan las razones y fundamentos que tiene el Estado Mexicano para atacar a los productores agrícolas, los líderes sociales y a políticos a través de las instituciones federales.
Además, añadió, se debe explicar por qué se ha utilizado a la Guardia Nacional en la contención del descontento social ante actos arbitrarios del Ejecutivo federal, lo que ha priorizado la confrontación y la fuerza, al igual que la desacreditación ante de la sociedad mexicana, antes que el diálogo y la búsqueda de acuerdos conciliatorios que resuelvan la problemática surgida de la extracción del agua de las presas de Chihuahua.
“Vemos con preocupación que el titular del Ejecutivo federal, no sólo mantiene su postura inflexible y radical respecto a las necesidades y el sentir de nuestra sociedad, sino que ha decidido actuar contra las y los chihuahuenses desde su posición de poder”, dijo.
Recalcó que la federación ha accionado de manera “gravísima” al atentar en contra de los derechos humanos, la vida y la paz de los chihuahuenses, y que solamente podrían ser contenidas con la intervención de los demás poderes del Estado Mexicano que no deben, de ninguna manera, “y por un acto de responsabilidad republicana, sujetarse a la postura intransigente, amenazante y peligrosa, de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal.
“Dos años han transcurrido desde que miles de personas de Chihuahua decidieron en las urnas tener un México mejor, un México más justo, menos corrupto, hoy vivimos uno de los eventos más desafortunados de los tiempos modernos, mediante los abusos de autoridad y el ejercicio de poder ilimitado que no conoce la mesura ni la solidaridad”, apuntó.
La diputada Sarmiento resaltó que en más de veinte ocasiones, a través de puntos de acuerdo institucionales, han exhortado al Ejecutivo federal para que atienda, la problemática de la extracción de agua de las presas La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes, y que retire a la Guardia Nacional de sus instalaciones.
“El gobierno federal ha realizado al menos una ejecución extrajudicial y otra en grado de tentativa, la desaparición forzada de tres agricultores a través de la Guardia Nacional, así como el congelamiento de las cuentas bancarias del gobierno de Delicias, y de un presidente municipal y un ex gobernador, los cuales han manifestado su apoyo al movimiento social.
“Y no conforme con ello, han manifestado que será presentada una demanda penal a través de la Comisión Federal de Electricidad, contra diputados, algunos presidentes municipales, líderes sociales, acusándolos de motín y responsables directos de los daños a instalaciones eléctricas de las presas. Con todos los actos realizados hasta ahora, el presidente de la República viola el estado de derecho, principios básicos como presunción de inocencia y de los más elementales derechos humanos”, concluyó.
Agencias
