Como advirtió desde que era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador impuso a través de los diputados morenistas un bloqueo presupuestal a las organizaciones campesinas, a las que considera intermediarias entre los programas sociales y los productores. El gobierno federal justificó el cambio de las políticas agrarias con un análisis sobre la ineficiencia de los anteriores mecanismos de financiamiento al campo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La parálisis legislativa, motivada entre varios factores por las organizaciones campesinas que se plantaron en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, manchó el ambiente de las fiestas revolucionarias con un conflicto que retrasó la aprobación del presupuesto federal para 2020.
De manera inédita, las organizaciones Antorcha Campesina, Frente Amplio Campesino (FAC), Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Congreso Agrario Permanente (CAP), superaron sus diferencias históricas al menos unos días, para exigir a los diputados una reasignación de los presupuestos que por su conducto se destinaban al campo a través de programas federales que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no contempló.
Desde el periodo de transición, como presidente electo, López Obrador advirtió que en su gobierno se terminarían los intermediarios, de manera que organizaciones sociales y, en general, de la sociedad civil, ya no recibirían fondos federales porque el gobierno los entregaría directamente a los beneficiarios.

Se acabaron los intermediarios
El 22 de septiembre de 2018, ya con constancia de mayoría y una actividad frenética que parecía adelantar el ejercicio de gobierno, el mandatario reiteró lo que venía diciendo desde la campaña: “Se acabaron los intermediarios, nada de que vengo de la Antorcha Mundial… habrá apoyos directos con tarjeta, ya no vamos a requerir a los intermediarios”.
En el primer trimestre de gobierno, sobre todo al calor de polémicas por la cancelación de recursos para estancias infantiles, expuso que los recursos se quedaban en gran parte en los intermediarios y no llegaban a los beneficiarios últimos. Su solución sería reducir el número de programas, crear nuevos padrones de beneficiarios y entregar apoyos bancarizados directamente de la Tesorería de la Federación a cada destinatario.
A esa medida se sumó un adelgazamiento administrativo que, de 150 programas existentes hasta 2018, se redujeron a siete, con la idea de la austeridad y, en el caso concreto de las políticas agropecuarias, de evitar la dispersión de recursos y con eso ampliar la cantidad de beneficiarios.
Esas medidas se habían perfilado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y los efectos se empezaron a percibir para las organizaciones campesinas a lo largo del año, por lo que en diferentes entidades federativas, e incluso en la Ciudad de México, marcharon en demanda de fondos.
La segunda semana de agosto las organizaciones campesinas expresaron su inconformidad: el día 8 la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) marchó al Zócalo; el 9 lo hizo la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas. En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó movilizaciones prácticamente cada mes desde noviembre de 2018.
El reclamo, planteado en diferentes términos, era básicamente un incremento presupuestal para atención al campo.
Nunca todas esas organizaciones, de distinta orientación política, se habían sumado para reclamarle a un gobierno su abandono, como ocurrió desde el domingo 10, cuando iniciaron el cerco a San Lázaro para convertirse en el segundo movimiento, en apenas tres meses, con capacidad de paralizar al Legislativo y obligarlo a cambiar su sede, luego de que en septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hiciera lo mismo por la reforma educativa.

Historiales, influencia y cerco
Las dos organizaciones con mayor presencia y resistencia en el cerco a San Lázaro son históricamente antagónicas: Antorcha Campesina, de ascendente y filiación priista, y la coalición de organizaciones integradas en el FAC, más relacionado con las izquierdas partidistas que en 2018 apoyaron la candidatura de López Obrador.
Antorcha Campesina ha logrado acumular ingentes recursos, no sólo por los subsidios que gestionaba, sino también porque desarrolla actividades empresariales que van desde gasolinerías, hoteles, restaurantes, universidades y, naturalmente, cuotas de poder concedidas por el PRI, que le permiten tener representación legislativa y control de ayuntamientos en varias entidades federativas. Incluso tiene tres diputados federales: Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Campos Córdova y Eleusis Córdova Morán.
Los antorchistas, bajo el liderazgo de Aquiles Córdova, poseen al menos 40 estaciones de servicio en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México; las universidades privadas Centro Universitario Chimalhuacán y Centro Universitario Tlacaélel; incursionan en obra pública con la constructora Acabados Arquitectónicos Frank, que en el recuento más reciente realizado por Noticieros Televisa obtuvo mil 567 pequeñas obras de infraestructura en las zonas donde tiene presencia territorial: es decir, consiguió obras para sus agremiados y los contratos para construirlas.
El FAC, como también lo hicieron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón, apoyó a López Obrador en 2018. De hecho, la situación del FAC y estas dos últimas organizaciones motivaron divisiones en la bancada de Morena y sus aliados, aunque finalmente fueron superadas.
Proceso obtuvo copia del documento base de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, en el que, a partir de un análisis de los últimos 16 años, concluye que urge el cambio en las políticas.
El documento, que incluye las expectativas de las organizaciones campesinas para refutarlas, se titula Reflexiones sobre el Proyecto de Presupuesto de 2020 para el Campo Mexicano. En su tercer apartado, “Razones para el cambio de política en el campo”, justifica la decisión de recortar programas.
El análisis contempla de 2003 a 2018. Por ejemplo, a partir de una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria fechada en 2006, señala que dos de cada tres personas habían recibido un solo apoyo o ninguno, de manera que no tenía sentido mantener su estructura.
En el segundo punto, basado en estudios de Coneval y de Sagarpa, se afirma que “la influencia y poder de diversos actores” concentraba los apoyos en la atención “de sus intereses y agrupaciones”, por lo que al contrastarse con otras mediciones, no sirvieron para mejorar las condiciones de vida de la población objetivo.
Con estudios de Sagarpa, Coneval y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el documento establece que 80% de los proyectos productivos en esos 16 años superaron los tres años de permanencia; como en el caso anterior, advierte que ningún programa mejoró la calidad de vida ni la productividad de los beneficiarios.
El cuarto punto se fundamenta en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Coneval, que “observan la alta concentración de los subsidios productivos y de financiamiento”.
El estudio establece que en zonas de Muy Alta Marginación se invertían en promedio 5 mil 483 pesos por persona, mientras que en municipios de Baja Marginación, es decir, los más ricos, el apoyo promediaba 43 mil pesos.
El documento destaca que la mayoría de los recursos estaban destinados a bienes privados y no a bienes públicos: dejaba sin infraestructura y servicios a las comunidades, pero beneficiaba a un gran productor. También advierte que las reglas de operación fueron barreras para los campesinos más pobres.

Eduardo Medina Mora, si bien en su escrito de renuncia (que carece de lugar y fecha, lo que denota precipitación o ligereza) invocó el párrafo tercero del artículo 98 constitucional, no dio cumplimiento a lo mandado por él. La renuncia era omisa; no debió haber sido aceptada por el presidente de la República.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los Estados Unidos de América corre el dicho de que los ministros de la Corte Suprema nunca renuncian y que rara vez se mueren. No hay renuncias; los que acceden a un sitial en ese cuerpo colegiado consideran que es el máximo honor al que pueden aspirar como abogados. En cuanto a la muerte, es preciso reconocer que son longevos.
En México se presenta un fenómeno diferente: los ministros frecuentemente piden licencia, algunas veces renuncian y también ocurre que mueren durante el periodo de su encargo.
En la Suprema Corte de Justicia anterior a 1994 fue frecuente ver que los ministros pidieran licencia para aspirar a una gubernatura; no les daba para más. Hubo excepciones. Uno de ellos llegó a pedirla para ocupar una secretaría general de gobierno de un estado; otro dejó el cargo para investigar un crimen, el de Luis Donaldo Colosio.

Renuncias
Hubo renuncias; una de ellas muy digna, la de don Alberto Vásquez del Mercado, en 1931, en protesta por violaciones a amparos concedidos. Otra, indigna por cierto, la del ministro Ernesto Díaz Infante, acusado de recibir dinero para facilitar la salida de alguien que había sido acusado del delito de homicidio.
Del ministro Eduardo Medina Mora, ahora renunciante, se dijeron muchas cosas, mayormente malas y algunas muy malas. No era para menos. Se ganó el repudio de muchos y, sobre todo, de aquellos que podían decidir respecto de su permanencia en el cargo.
Nunca debió haber llegado al cargo. Fue la frivolidad del presidente Enrique Peña Nieto la que lo llevó a incluirlo en la terna, y la irresponsabilidad del Senado la que permitió su elección.
Cuando se hizo pública la terna, yo fui uno de los que puso en duda la idoneidad de Medina Mora para ocupar el cargo. No lo cuestioné en secreto. Lo hice de manera pública (Proceso 2002, p. 18). Di mis razones. Invoqué la fracción V del artículo 95 constitucional; alegué que el candidato no había residido en el país durante los dos años anteriores a la fecha en que fue propuesto.
La razón de que exista el requisito es evidente: quien ha estado ausente del territorio nacional no puede conocer las leyes, los criterios interpretativos de ellas y el contexto en que se han dado. Eduardo Medina Mora, por su ausencia en razón de ser embajador, no podía conocer y, al parecer, no conoce las leyes de México. Pronto dio muestras de su ignorancia y de los compromisos que lo ataban a la clase gobernante de ese entonces y que ahora precipitaron su salida.
El precepto constitucional no distingue entre ausencias en servicio de la nación y ausencias por otras razones. En el caso era y es aplicable el principio de que cuando la ley no distingue, no debemos distinguir. La prohibición era absoluta e imponible al candidato a ministro. No se podía alegar extraterritorialidad.

Nuevo argumento
Ahora agrego un nuevo argumento: tratándose de prohibiciones, en caso de duda, el intérprete o aplicador más bien debe inclinarse por aquella interpretación que haga efectiva la prohibición, que por la que la desvirtúa o pasa por alto. El renunciante no podía ser propuesto por el presidente de la República ni electo por los senadores.
Eduardo Medina Mora, si bien en su escrito de renuncia (que carece de lugar y fecha, lo que denota precipitación o ligereza) invocó el párrafo tercero del artículo 98 constitucional, no dio cumplimiento a lo mandado por él. La renuncia era omisa; no debió haber sido aceptada por el presidente de la República.
Ciertamente el cargo de ministro es renunciable, pero sólo lo es por causas graves. El precepto, al exigir este requisito, procura evitar que detrás de una renuncia no exista una presión indebida de un poder, legal o extralegal, que orille al funcionario a abandonar el cargo. Todos teníamos derecho a saber las razones que lo llevaron a adoptar una determinación tan grave.
El requisito, como todos los que aparecen en la Constitución Política, también persigue dar certeza y claridad a la acción gubernativa; la ciudadanía en particular y la opinión pública, en general, tienen derecho a saber las razones de la renuncia de un ministro. El presidente de la República y el Senado, con su aceptación y aprobación precipitada violaron ese derecho.
La Constitución Política señala un trámite a seguir para hacer operante una renuncia como la presentada por el ciudadano Medina Mora: el presidente la acepta, en su acepción de recibirla a trámite y darle curso. Es el Senado el que la aprueba o la rechaza.
Si bien el presidente de la República aceptó la renuncia sin que se hubiera cumplido con el mandamiento constitucional, el Senado no podía ser remiso en el cumplimiento de sus obligaciones; debió haber exigido al renunciante, en una comparecencia pública o privada, que hiciera saber de manera clara y terminante cuáles eran las razones que lo orillaron a tomar su grave decisión.
Los senadores no debieron haber aceptado la renuncia mientras tanto no se cumpliera con el mandamiento constitucional y tampoco sumarse a esa comedia de errores. No fueron electos para eso.
Ciertamente el Senado, el presidente de la República y la ciudadanía carecen de facultades o derechos para obligar al ministro Medina Mora a seguir en el cargo, pero todos contamos con el derecho a saber por qué lo deja.
Con la aceptación y aprobación de la renuncia, estamos frente a otro caso en que prevaleció lo político sobre lo jurídico.
Mientras el Senado no había aprobado la renuncia, el licenciado Medina Mora seguía siendo ministro de la Suprema Corte; no podía dejar de presentarse a desempeñar sus funciones y, con su ausencia, desarticular el quórum del pleno y de la sala a la que estaba adscrito, so pena de ser acusado de abandono de empleo o comisión; el presidente de la República no podía hablar de que preparaba la terna de candidatas; y éstas, por su parte, no debían haber iniciado el indebido cabildeo ante los senadores para salir beneficiadas. Estaban urgidas de enterrar al supuesto difunto.
Ante lo hecho cabe preguntarse: ¿la Cuarta Transformación se hará conforme a la Constitución Política, al margen de ella o en contra de lo que su texto dispone?

Las fechas de los desvíos presupuestales de la llamada Estafa Maestra en la Sedesol y en la Sedatu muestran que el esquema fraudulento comenzó desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, las irregularidades coinciden con la gestión de Rosario Robles como titular y la de Emilio Zebadúa como oficial mayor de ambas dependencias federales, así como con la intervención de un puñado de empresas, entre ellas dos relacionadas con la exfuncionaria hoy presa, otras firmas fantasmas… Una revisión de las auditorías describe con detalle la ilegal triangulación financiera.

Ciudad de México.- El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.
A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la exfuncionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.
El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente ­mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.
La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.
Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías –a las que tuvo acceso este semanario– que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.
Dichas auditorías arrojan indicios de un desvío por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Del total de auditorías, 17 corresponden al periodo de Robles en la Sedesol y las otras ocho al tiempo en que fue titular de la Sedatu. El primer grupo suma 3 mil 178 millones 606 mil 129 pesos y las más abultadas son las identificadas con los números consecutivos de 1636 a 1639, pues suman 701 millones 563 mil pesos.
Estos recursos fueron transferidos a través de convenios con las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Politécnica de Texcoco y Tecnológica de Nezahualcóyotl, localizadas en territorio mexiquense y las cuales a su vez los repartieron a dos empresas que las distribuyeron entre otras más.
En las cuatro auditorías consecutivas que se mencionan, con fecha de presentación del 20 de diciembre de 2017, destaca que esas universidades transfirieron sus recursos a las firmas Integrasoft y Grupo Corporativo Integral Vazme (esta última disuelta en 2016). Éstas depositaron la mayor parte de los recursos a las cuentas de cinco empresas: 163.6 millones a Srevint; 81 millones a Factores y Servicios Humanos; 30.5 millones a Elevait; 20.1 millones a CMA de Servicios Estratégicos, y 12.9 millones a Corporativo Kukmu. En tanto, 10 millones más se repartieron entre tres personas no identificadas.
La ASF encontró que las empresas mencionadas no debieron ser contratadas, ya que desde el convenio entre la Sedesol y las universidades se establecía que éstas tenían capacidad para realizar el objeto de los contratos y no tenían que subcontratar a nadie.
Los montos otorgados a Srevint y Factores y Servicios Humanos son los mayores y dichas empresas han sido señaladas de tener vínculos con la propia Robles (Proceso 2233).
En el trámite para la renta de su departamento en Reforma 222, en la Ciudad de México, la entonces funcionaria se identificó aportando como domicilio uno localizado en Torreón, Coahuila, propiedad de su prima política Susana Islas (accionista de una de las empresas), que a su vez es hermana de Alejandro Islas, accionista de otras dos que, en conjunto, y sólo por este caso, obtuvieron injustificadamente cerca de 245 millones de pesos.
De las dos intermediarias entre las universidades mexiquenses y las empresas que finalmente recibieron los recursos, también sobresale Grupo Corporativo Integral Vazme, fundado por José Andrés Méndez Vázquez y Francisco Javier Damián Alvarado. En aquel tiempo este último se desempeñaba como primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Desvíos de cientos de millones
En Hidalgo se ubica el segundo caso de mayor cuantía encontrado por la ASF. Se trata de los convenios entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo. El monto marcado como irregular en la auditoría D17002 es de 601 millones 658 mil 806 pesos.
En este procedimiento se halló que, además de las instituciones de educación superior utilizadas en el esquema fraudulento, éste se amplió a la contratación de entes estatales de comunicación social, que repetían el esquema: hacían convenios con la Sedesol y contrataban compañías que a su vez subcontrataban a otras, algunas de las cuales resultaron ser empresas fantasmas.
Radio y Televisión de Hidalgo contrató a 21 empresas para ejercer el monto convenido con la Sedesol, a fin de realizar campañas publicitarias sin sujetarse a la normatividad. El ente estatal pagó por servicios que no se comprobaron o ya se habían obtenido. Al menos cinco de las empresas favorecidas no tenían otra actividad y sus domicilios no corresponden al asentado en su trámite fiscal.
Este esquema de defraudación se reprodujo en la Sedatu. Con las ocho auditorías a partir de las cuales se abrió el expediente de la FGR suman mil 726 millones 364 mil 268 pesos defraudados en esa dependencia durante la gestión de Robles.
El caso que involucra el mayor monto de esa carpeta de investigación ­corresponde a los 450 millones que se le entregaron mediante un convenio al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
La denuncia por ese caso se fundó en la auditoría 1791-DSGF, que se destinó a proyectos de difusión y publicidad en los que, a decir de la ASF, se transfirieron recursos a las cuentas de las empresas Publicidad Natnit, Desarrollo Publicitario ADp, Agatha Líderes Especializados y Servicios NLMK, entre otras.
Las mismas compañías aparecen prácticamente en todas las auditorías a los ejercicios presupuestales en comunicación social donde se detectaron desvíos.

La vida política de Rosario Robles ha sido un péndulo: activista en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), militó después en la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, de corte maoísta, de la que pasó abruptamente a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, quien encabezaba la Corriente Democrática del PRI. Vino luego su paso por el gobierno del Distrito Federal y su militancia en el PRD, que llegó a presidir, así como un impasse de algunos años para finalmente colarse en el gabinete de Enrique Peña Nieto, desde donde se habría prestado para desviar 5 mil millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus 17 años Rosario Robles Berlanga ya era reconocida por su discurso de izquierda bien armado y estructurado. Su ideología, que después se identificó como de izquierda maoísta, sobresalía cada vez que participaba en las asambleas de la UNAM.
Pero desde aquellos años en los que militó en la izquierda y formó los Comités de Desarrollo Popular en el norte del país –como parte de los proyectos de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM)–, y luego, cuando fue presidenta del PRD, las cosas han cambiado. Hoy enfrenta en tribunales graves acusaciones de corrupción por el desvío para fines electorales de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas de combate a la pobreza y ha tenido que pedir un amparo para no ser encarcelada.
La vida política de Robles es un péndulo que fue de la izquierda radical –en la que militó en su vida universitaria y sindical–, pasó por una postura más moderada en el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador y terminó apoyando al PRI en el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el cual estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En una entrevista realizada por este reportero en 2002, Julio Moguel, su exesposo y padre de su hija, recordó que en 1987, durante una cena en el departamento del profesor de sociología Óscar Pintado, conoció a Cuauhtémoc Cárdenas y a su hijo Lázaro. A partir de ese encuentro la vida de Robles cambió radicalmente.
Ese año ya se delineaba la fractura del PRI. Pintado, coordinador del Departamento de Sociología de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, pertenecía a la Corriente Crítica priista encabezada por Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
Moguel, profesor de sociología rural en el mismo plantel, contó en esa entrevista a Proceso que su ocurrencia de llevar a la cena a Robles propició el primer encuentro y el inicio de una estrecha relación política con Cárdenas, que la llevaría hasta la dirección nacional del PRD y a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Pasado maoísta
“En el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, Rosario Robles era conocida por sus activas participaciones en las asambleas estudiantiles, junto con su hermano Paco. Era una chavilla que tenía actividad política”, recordaba en aquella entrevista Moguel, quien la conoció en una conferencia que dio en 1973 en ese plantel.
A partir de ese encuentro Robles fue invitada a participar en el grupo Síntesis, que tenía una amplia presencia en las facultades de Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y Filosofía de la UNAM, y que en 1982 formó parte de la OIR-LM, una agrupación de corte maoísta que se separó de Adolfo Orive, futuro asesor de Francisco Labastida en la Secretaría de Gobernación y durante la campaña presidencial de 2000.
Orive estudió el doctorado en economía política en la Universidad de París y ahí se adhirió al maoísmo. Fue fundador y dirigente de Política Popular y de Línea Proletaria durante dos décadas, hasta que en 1976 hubo una ruptura que dio lugar a la OIR-LM.
Gabino Martínez Guzmán, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, reseña en el libro CDP, El Poder del Pueblo la creación de la OIR-LM y sus principales objetivos, y cita entre los integrantes a Robles y Moguel:
“Después del rompimiento con la corriente de Adolfo Orive Bellinger en 1976, los populistas del Comité de Defensa Popular (CDP) andaban huérfanos de teoría. Parecía que el CDP se deslizaba como en un tobogán hacia los brazos del gobierno. Sin embargo, la fundación de la OIR evitó lo que parecía inevitable. Los días 5, 6 y 7 de febrero de 1982 se celebró el congreso de fusión de cuatro pequeñas fuerzas sociales: el Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil Revolucionario (MOCER) de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL) de Monterrey, el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango, y el seccional Ho Chi Minh, del DF.
“El FPTyL y el CDP eran residuos de la corriente de Política Popular que se habían deslindado de la dirección de Adolfo Orive y que en 1978 formaron la coordinadora Línea de Masas. En esas circunstancias nació la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM). Los principales dirigentes eran: por Nuevo León, Alberto Anaya y su esposa; por Zacatecas, José Narro y su esposa; por Durango, Marcos Cruz, Gonzalo Yáñez y Alfonso P. Ríos; por el Distrito Federal, Julio Moguel, Luis Hernández Navarro, Saúl Escobar, Jesús Martín del Campo, Francisco González Gómez, Armando Quintero, Benjamín Hernández Camacho, Rosario Robles y Jorge Issac.”
El mismo autor cita que la línea populista maoísta del CDP y del FPTyL había sido desplazada por el grupo del Distrito Federal. No obstante, había rasgos de esa tendencia ideológica en puntos importantes de los documentos básicos aprobados, entre ellos el objetivo estratégico: “La desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, la abolición de las clases sociales, del Estado y de toda forma de explotación y opresión política, en una palabra: la construcción de una sociedad comunista igualitaria y democrática, cuya etapa de transición será la sociedad socialista de nuestro país”.
Robles entró a la OIR-LM desde el principio, pero ya en 1974, al mismo tiempo que ingresa a la Facultad de Economía de la UNAM, se involucró con el grupo de izquierda popular conocido como Síntesis.
“Cuando se incorpora lo hace primero como activista estudiantil en nuestro grupo, que del 74 al 76 establece algunos vínculos con el movimiento popular más allá de la Universidad”, comentaba Moguel.

La conversión
En aquella entrevista Moguel decía que entre 1985 y 1987 Robles se mantuvo en el activismo universitario; cuando la OIR-LM entró en crisis dejó atrás el maoísmo e influida por el movimiento de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que encabezaba Rafael Galván, cambió su tendencia política por una más moderada.
“Lo que pudimos rescatar de esa experiencia fue el vínculo con la gente; si algo dejó la experiencia de Línea Popular fue la revisión en contra de los grupos especulativos.
Teníamos un chiste que era: ‘Es la hora de cuidar los cochinos’. Significaba que no podíamos llegar a una comunidad a tirar la línea, el rollo, sin haber cuidado a los cochinos. Creíamos mucho en la organización de la gente, éramos muy críticos de los grupos que formaban su célula popular y pasaban felices cinco años tirándole línea a un grupo de cinco campesinos que los escuchaba embelesados. No, nosotros no. Teníamos más la idea de la red social, de la red popular; creíamos en esas cosas y participábamos en los sindicatos, en las huelgas, nos movíamos en la lógica no del núcleo que va a tirar línea, sino del que se liga y se reconvierte en la red. Así fuimos configurando o cambiando nuestra propia lógica organizativa”, recordaba Moguel.
Después de que en 1987 conoció a Cárdenas, el ingeniero les descubre que el nacionalismo tenía una vena de lucha democrática y entonces la pareja Moguel-Robles comienza a colaborar con el cardenismo hasta llegar a la fundación del PRD en 1989.
“La relación es más familiar, directa, estrecha, por la vinculación de Rosario con Adolfo Gilly, principal asesor de Cárdenas y del CEU, que le dio a Rosario un aire mayor en cuanto a su presencia política”, señalaba Moguel.
Pero no fue hasta 1997, cuando Cárdenas Solórzano se convirtió en el primer jefe de Gobierno, que comenzó el ascenso político de Robles, al ocupar la Secretaría de Gobierno.
Dos años después, luego de la renuncia de Cárdenas para lanzarse como candidato presidencial del PRD, Robles ocupo la Jefatura de Gobierno capitalino de septiembre hasta el 5 de diciembre de 2000, cuando le entregó la administración a Andrés Manuel López Obrador, con quien entonces se identificaba.
“Tenemos la misma visión de país y de partido. Me siento muy tranquila porque sé que en esa plataforma, que es estratégica, hay un hombre con ideas muy claras, con convicciones y una claridad de cómo debemos perfilar una propuesta de izquierda moderna en este periodo”, dijo entonces de López Obrador (Proceso 1268).

La seducción del poder
Durante el tiempo que ejerció como jefa del gobierno capitalino, Robles comenzó a mostrar su fascinación por el poder. En la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000 se reveló cómo dispuso discrecionalmente de recursos y privilegió el gasto en particular en dos áreas neurálgicas bajo su mando: comunicación social y asesorías.
La información fue publicada por el diario Reforma al cual Robles demandó sin éxito, pero diciendo que había sido traicionada por alguien que filtró los documentos.
Líder del PRD en 2002, Robles empezó entonces un proceso de empoderamiento. Ya no era la militante de izquierda maoísta que pensaba en darle el poder a la comunidad, sino que inició una ruta personal que la alzaría aún más, poniéndola a la par de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún; de la dirigente nacional del magisterio, Elba Esther Gordillo; y de la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, entre otras, al celebrar los 50 años del voto femenino.
Pero fue a partir de entonces que también emergieron los escándalos de abuso a las finanzas públicas y del partido, sus gustos por los lujos y sus relaciones personales con el empresario Carlos Ahumada, que la llevarían a un exilio a España.
En 2001 los diputados panistas Federico Döring y Walter Widmer acusaron a Robles de adjudicar contratos de publicidad por 82 millones de pesos a la empresa Publicorp cuando ella era jefa del gobierno capitalino. Después, cuando estuvo al frente del PRD (2002-2003) pidió un préstamo de 200 millones de pesos a Carlos Ahumada. Hasta ahora sigue abierta una demanda del argentino que alega que no se le pagó ese préstamo.
En 2004 Ahumada videograbó a René Bejarano, Carlos Ímaz y Ramón Sosamontes recibiendo fajos de dólares para las campañas políticas del PRD. Por este caso Robles tuvo que declarar ante la PGR en calidad de testigo y surgió el escándalo de su rompimiento con Ahumada, ya en la cárcel.
En su exilio voluntario y temporal en Madrid, y en un intento por superar los efectos de los videoescándalos, escribió el libro Con todo el corazón, en el que ofrece su verdad sobre el caso Bejarano, sus enfrentamientos con López Obrador, su trayectoria política y su relación con Ahumada.
“Sigo pensando que el amor y la vida privada son cosas de dos, como dice la canción. Por eso, frente a todo lo que ha pasado, sólo puedo decir que aquí está mi verdad. Sé que tan sólo es una parte de esta dolorosa historia. La que yo viví. La que tiene que ver con mi actuación como política. Lo hago con todo el corazón”, dice uno de los últimos párrafos de su texto autobiográfico, publicado por Plaza & Janes (Proceso 1474).
En 2004 abandona el PRD y su péndulo político queda en suspenso. En casi ocho años de pausa se dedica a escribir artículos semanales en el periódico Milenio. En enero de 2007 participa en la fundación de la alianza empresarial SOSTÉN Centro de Inteligencia, orientada a campañas políticas de mujeres, y su primer trabajo como consultora política privada fue apoyar a Ivonne Ortega Pacheco en el gobierno de Yucatán. En mayo de ese mismo año llegó a incursionar en el teatro, participando en el elenco de Monólogos de la vagina.
No es sino hasta 2011 cuando su péndulo político comenzó a oscilar nuevamente y se dirigió hacia Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México al que ayuda a detener la alerta de género ante el crecimiento de los feminicidios en la entidad.
“Yo soy política (….) estoy donde quiero estar, haciendo política, aquí se me abrió espacio y creo que debo aprovecharlo”, justificó en una entrevista radiofónica con Denise Maerker en 2012.
Gracias a esa labor Peña Nieto, ya presidente, incluyó a Robles en su gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Social; y la defendió ante las acusaciones de que había desviado recursos con fines electorales a favor del PRI en Veracruz. “Rosario, no te preo­cupes, hay que aguantar porque están empezando las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes le ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros, este gobierno, tiene un objetivo claro, que es acabar con el hambre”, la defendió en 2013.
Pero ante el embate político y mediático Peña Nieto decidió cambiarla a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 2015, y ahí una vez más Robles estuvo implicada en el presunto desvío de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales pero se fueron a otros fines político-electorales para el Estado de México.
Después de poco más de cuatro décadas de una trayectoria política que inició en 1978 con la OIR-LM, parece que el final de Robles está cerca, con la amenaza de llevarla a la cárcel acusada de “ejercicio indebido en el servicio público”.
El péndulo que se inició con el maoísmo en su juventud, dio el bandazo al lado opuesto, hacia el priismo más corrupto.

El caso contra Irineo Mujica Arzate quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después. En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana.

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles 12 por la noche, Héctor Manuel Cervantes Martínez, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la cárcel de Tapachula, en Chiapas, asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR): determinó la presunción de inocencia de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica Arzate y negó que se les vinculara a proceso por el delito de tráfico de personas.
En el caso de Sánchez, su defensa mostró que su cliente se encontraba en la Ciudad de México la noche del 29 de marzo último, con lo cual derrumbó la versión de la FGR según la cual ese día estaba en Tapachula –a mil 200 kilómetros de distancia de la capital–, donde supuestamente traficaba a costa de cinco personas de origen hondureño por 8 mil dólares.
En el caso de Mujica, el juez aceptó las evidencias de acuerdo con las cuales el activista se encontraba en el municipio de Chahuites, Oaxaca, la mañana del 27 de febrero. Ese dato desmintió también la versión de la FGR de que el director de la organización Pueblo Sin Fronteras estaba en ese mismo momento en Mapastepec, pueblo chiapaneco ubicado a dos horas y media de distancia, donde presuntamente cobraba 7 mil pesos a una familia hondureña.
Las carpetas de investigación abiertas contra Sánchez y Mujica se basan en supuestas denuncias que los integrantes de dos familias provenientes de Honduras interpusieron en la delegación de la FGR en Tapachula en abril y mayo pasado por hechos ocurridos meses antes.
Y aun cuando las denuncias incluidas en esas carpetas, cuyas copias obtuvo Proceso, contienen contradicciones en cuanto a fechas, hechos y lugares, la delegación de la FGR en Tapachula las consideró válidas y no aportó elementos adicionales para demostrar la culpabilidad de los imputados. En las audiencias realizadas la noche del miércoles 12, ninguno de los denunciantes acudió a declarar.

“Una fabricación muy pobre”
En su primera aparición en público, los activistas denunciaron la “fabricación de delitos” por parte de la FGR; estratagema que resultó “muy pobre”, dijo Sánchez, quien empezó su activismo en 1999 durante la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México de ese año y posteriormente se dedicó a la atención de los migrantes.
Egresado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sánchez condenó las “viejas prácticas de parte de unos fiscales” y celebró que “esta fabricación de delitos” se haya derrumbado.
“Si hicimos algo malo, que se nos juzgue para alguna cuestión de este tipo, pero no por un invento”, declaró Mujica, quien al frente de Pueblo Sin Fronteras acompañó varias caravanas, entre ellas el Viacrucis del Migrante y el “éxodo centroamericano” en octubre pasado.
El activista asegura que continuará su labor de acompañamiento. “Si paramos –dice– esto se convierte aún más en un infierno”.
Las órdenes de aprehensión contra los activistas fueron emitidas el sábado 1, pero las detenciones ocurrieron el miércoles 5. La de Sánchez se efectuó en la Ciudad de México, mientras a Mujica lo arrestaron en Sonoyta, Sonora, donde opera un albergue para migrantes.
En ese momento en Washington arrancaron las arduas negociaciones de tres días, al cabo de los cuales el gobierno mexicano se comprometió a incrementar sus esfuerzos para impedir el paso a la migración irregular y para luchar contra el “tráfico de personas”. La finalidad era convencer al presidente Donald Trump de que no impusiera aranceles a las exportaciones de productos mexicanos.
Ambas detenciones levantaron una ola de indignación entre las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los migrantes, las cuales denunciaron el lunes 10 que existe una campaña de “criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos”.
La decisión de la justicia permitió que los dos activistas recobraran su libertad después de una semana tras las rejas. Sin embargo, los casos en su contra siguen abiertos y la FGR tiene la facultad de investigar más para imputarles los delitos. El jueves 13 la institución incluso anunció que apelará la decisión del juez con respecto a Mujica.
En los dos casos, los supuestos denunciantes acudieron a la FGR con fotografías que, según los relatos, encontraron en internet, y con las cuales identificaron formalmente a los dos activistas, con nombres y apellidos.
“Cuál fue mi sorpresa que al abrir la página (…) reconozco como la persona a la que el día 29 de marzo de este año le entregué la cantidad de 8 mil dólares”, planteó uno de los presuntos extorsionados por Sánchez; el otro señaló que en un cibercafé encontró “varias fotografías de Irineo Mujica, así como información de que es el líder de la asociación Pueblo Sin Fronteras, por lo que imprimimos tres fotografías de Irineo Mujica, las cuales presentamos ante esta autoridad”.

Incoherencias
La denuncia contra Sánchez se basa en los testimonios de cuatro integrantes de una familia hondureña, quienes comparecieron ante la autoridad el pasado 16 de abril, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0000729/2019.
Los testigos –una pareja y dos primos originarios de San Pedro Sula– sostuvieron que tomaron la decisión de salir rumbo a Estados Unidos días después que pandilleros de la Mara trataran de reclutar a los tres varones.
La mujer, de 28 años, llamada Nancy, aseguró que se comunicó con la organización Pueblo Sin Fronteras el pasado 22 marzo y que habló con Mujica, quien ofreció moverlos desde Guatemala hasta Tijuana por 2 mil dólares por persona. Según las mismas declaraciones, no hubo cobro por la niña de 8 años, quien viajó con ellos.
Los cuatro relatos coincidieron en que la familia viajó al municipio guatemalteco de Tecún Umán el 29 de marzo, y que en la noche los estaba esperando un tal “Cristóbal” en la terminal de autobuses Maya de Oro, en la ciudad fronteriza, quien les indicó que venía “de parte de Ireneo (sic) Mujica”. Afirmaron que Sánchez presuntamente cobró el dinero en ese momento.
Según las declaraciones, “Cristóbal” ayudó a los familiares a cruzar el río Suchiate en balsa, y del lado mexicano tomaron una combi rumbo a Tapachula. En la carretera, abundaron, se toparon con un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y tres agentes los obligaron a bajar; aseguran que éstos les robaron sus pertenencias –celulares y dinero en efectivo–, hablaron con el tal “Cristóbal” y los dejaron seguir caminando, tras decirles que “ahí no había pasado nada”.
Los hondureños narraron que “Cristóbal” se subió a la combi y desapareció. En ninguna parte de las declaraciones se identifica a Sánchez por su apellido; los relatos lo describieron como “una persona de baja estatura, aproximadamente 1.60 metros, medio fornido, con barba de candado, trigueño”, vestido con un pantalón de mezclilla y una camisa.
El mismo 29 de marzo, Cristóbal Sánchez comió con su novia en un restaurante de Coyoacán, en la Ciudad de México, y posteriormente acudió a una fiesta cerca de la colonia Condesa. Resultó imposible, según el juez, que el mismo hombre esté cometiendo un delito en Chiapas y que en el mismo momento se divierta en una fiesta, mil 200 kilómetros más al norte.
El caso contra Mujica quedó integrado en el expediente FED/CHIS/TAP/0000921/2019, basado en las denuncias de una pareja originaria de Tegucigalpa, Honduras, que fue deportada en abril y regresó a México un par de semanas después.
En sus declaraciones, que rindieron ante la FGR el pasado 11 de mayo, Ángel y Bessy afirmaron que viajaron a Chiapas con uno de los hijos de ella el 21 de febrero de este año para incorporarse a una caravana. Ahí, un cubano les indicó que viajar a Monterrey costaría 10 mil pesos por familia y que “Irineo Mujica y él tenían arreglado todo para llevarnos hasta allá”.
Según el relato, la pareja conoció a Mujica en el mismo parque; lo identificó como el líder de la caravana que partió de Tapachula en la madrugada del 23 de febrero. No existen registros de una caravana que haya salido ese día del municipio chiapaneco, por una simple razón: nunca existió esa caravana, declaró Mujica.
Los mismos relatos refieren que la caravana caminó durante cuatro días, con pausas de 20 minutos, pasó retenes del INM y del Ejército y, en la mañana del 27 de febrero, se acercó a Mapastepec. Alrededor de las nueve de la mañana, Mujica presuntamente dijo a la pareja “que era el momento de que le diéramos el dinero que hacía falta; es decir, 7 mil pesos. Acto seguido, guardó el dinero en una bolsa tipo mariconera que siempre llevaba colgada”.
De acuerdo con la pareja, una vez en Mapastepec Mujica se esfumó. Ellos se quedaron en el campo de refugiados improvisado en el auditorio hasta el mes de abril, cuando se ­desesperaron y decidieron seguir el viaje solos. Fueron detenidos kilómetros más adelante y deportados dos días después a su país.
La defensa sostiene que la mañana del 27 de febrero Mujica no pudo estar en el puente de Mapastepec, puesto que se hallaba en Chahuites, a 185 kilómetros de distancia. De hecho, el 26 de febrero estuvo con un grupo de más de mil personas en el municipio chiapaneco de Pijijiapan, que se encuentra en un punto más avanzado de la carretera costera.