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La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que no hay pruebas contundentes sino indiciarias en el sentido de que el ex empleado de la empresa KBH, Juan Carlos García Rivera, presuntamente intervino el teléfono celular de la periodista Carmen Aristegui con el software Pegasus, lo que ha hecho que el caso penda de un hilo.
En el cierre de alegatos ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, señaló que Juan Carlos “no tuvo un interés personal” para intervenir las comunicaciones de la periodista.
El fiscal explicó que el acusado no fue el autor intelectual de los hechos, pero el dueño de la empresa, el israelí Uri Emmanuel Ansbacher, sí tenía un motivo, un incentivo perverso y un interés económico y ordenaba a quien se debía espiar.
En una audiencia que se prolongó hasta la madrugada de este viernes, la fiscalía señaló que el testimonio del testigo protegido “Zeus” es vital para el caso, ya que que narró cómo descubrió que más de 15 mil personas eran espiadas y que la información era entregada a diversas dependencias del gobierno y afirmó que vio a Juan Carlos operar el sistema.
El fiscal aseguró que el software Pegasus se utilizó contra la periodista entre 2015 y 2016 a raíz de la investigación que hizo de la Casa Blanca, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que afectó su entornó personal y familiar.
De igual manera, se descubrió que la empresa KBH formaba parte de un entramado corporativo, donde varias empresas contaban con prestanombres y con el mismo domicilio en la avenida Ejército Nacional 598.
Ricardo Sánchez comentó que el grupo de personas que laboraban para estas empresas se encuentran identificadas por delitos financieros y han sido procesadas.
Además, de que el verdadero dueño, Uri Ansbacher, no aparece en ninguna parte y se sabe que realizaba contratos millonarios con el Estado mexicano.
Afirmó que Juan Carlos era el responsable del área tecnológica de KBH y operaba Pegasus. Abundó que un cateo realizado en 2019 demostró que él tenía el equipo de espionaje.
Empero, el fiscal reconoció que el operativo se realizó cuatro años después de que se habían llevado a cabo las intervenciones de comunicaciones y dos años después del escándalo internacional que puso al descubierto a Pegasus.
Asimismo, dijo que Juan Carlos confirmó que sí viajó a Israel, aunque argumentó que fue para ver el tema de unos aires acondicionados.
Pero, en su oficina, en México, se encontró un anexo técnico y una serie de documentos que hacen presumir que tenía conocimiento del sistema de operación y mantenimiento. Dicha oficina contaba con altas medidas de seguridad y el equipo necesario para operar Pegasus.
“Pegasus ya es sinónimo de espionaje. Esta fiscalía conmina que se dicte una sentencia condenatoria” para que “Pegasus ya no sea símbolo de impunidad”, expresó el fiscal.
La FGR está pidiendo una condena de 16 años de prisión por el delito de intervención de comunicaciones.
Sin embargo, Samuel Ibarra, defensor del inculpado, puso en dudas los datos de prueba de la FGR.
Inició diciendo que eran “empáticos” y que reprobaban que se haya utilizado el software para otros finos cuando tenía que ser utilizado para combatir la delincuencia contra personas, como la víctima.
No obstante, mencionó que Juan Carlos García es un “chivo expiatorio”, porque no se pudo acreditar más allá de la duda razonable, ni con evidencia científica que él haya intervenido el teléfono de la periodista.
El litigante calificó de “conglomerado diabólico” al grupo de empresas que utilizaba KBH, por lo que pidió que se investiguen.
Ante el juez de enjuiciamiento Luis Benítez Alcántara, el abogado enfatizó que la FGR tuvo en sus manos el teléfono de la periodista el 5 de marzo de 2022. “Ahí se murió la cadena de custodia”, declaró.
Lo anterior, porque el teléfono móvil estuvo en Canadá con Citizen Lab y después fue enviado a Estados Unidos donde estuvo 13 meses en la casa de una de las personas que investigó y que determinó que el aparato había sido intervenido.
“Hubo una ausencia de cadena de custodia de principio a fin y no se pudo extraer información…No dudamos de la palabra de la víctima, pero la obligación era demostrar científicamente la intervención.
Samuel Ibarra subrayó que en el cateo que se realizó años después, no se encontró el software.
Entrevistada al término de la audiencia, la periodista Carmen Aristegui manifestó lo siguiente:
“Independientemente de que el juez determine sentencia a favor o en contra de la culpabilidad o no de Juan Carlos García Rivera, independientemente de una cosa u otra, estaría obligada la fiscalía a continuar con las investigaciones”.
Agencias
