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Por tres probables delitos como atentar contra la soberanía del Estado y rebelión, derivado de separar del cargo al Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez; diputados locales del PAN presentaron una denuncia penal ante la FGJT en contra de Úrsula Patricia Salazar Mojica, líder del Congreso local y sobrina del Presidente López Obrador.
En la denuncia incluyeron también a seis legisladores de Morena.
Además, acusaron por los mismos posibles ilícitos a Juan Lorenzo Ochoa, Secretario General de dicho Poder, y al director Administrativo, Adolfo Antonio Pastor Paz.
Además de contra la líder del Congreso local, la denuncia penal va contra los diputados estatales de Morena, Humberto Prieto, presidente de la Diputación Permanente; Casandra de los Santos Flores, Eliphaleth Gómez Lozano, José Alberto Granados Fávila, Consuelo Nayeli Lara Monroy y Gabriela Regalado Fuentes.
El abogado del grupo parlamentario y de la dirigencia estatal del PAN, Eddie Varon Levy, representante del despacho Varon Levy y Asociados, con presencia en México y Estados Unidos, dijo que con la queja no defienden al Fiscal separado del cargo el viernes de la semana pasada, sino a la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT).
Varon dijo que son imputados por los delitos de atentar contra la soberanía del Estado, rebelión, usurpación de funciones y los que resulten.
Carecen, aseguró, de personalidad legal para separar al Fiscal del cargo, como lo hicieron.
Asimismo, apuntó que el punto de acuerdo firmado por el presidente de la Diputación Permanente carece de validez, luego de que es de carácter político y no decisorio.
En el caso de Salazar, precisó que sin ser la facultada del Congreso de Tamaulipas para hacerlo fue a notificar el acuerdo.
En torno a Prieto, dijo que la Comisión Permanente no tiene autoridad ni facultad para llevar a cabo el proceso de separación del cargo del Fiscal, luego que de acuerdo a la ley está supeditada al Pleno y jerárquicamente es inferior al mismo.
“Ella no es quien para notificar, la firmó el presidente la resolución, no la firmaron los secretarios, es ilegalidad tras ilegalidad, así se la están pasando”, aseveró.
Además, mencionó que existe una suspensión definitiva otorgada por un Juez federal para impedir que el entonces Fiscal sea removido del cargo.
El tema de separar al citado Fiscal, dijo, se creó en las Comisiones dictaminadoras y tras concluir el pasado período ordinario se heredó a la Permanente.
“Pero, de ahí a que la Permanente usurpe algo que le toca al Pleno desde mi punto de vista parlamentario es una burla”, subrayó.
Detalló que las conductas delictivas de los morenistas señalados se desprenden en torno a dicha resolución, luego de que la Diputación Permanente separó de forma provisional del cargo al entonces Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, electo por mayoría calificada en septiembre de 2021 para un período de ocho años.
“Es mi interpretación, la Fiscalía obviamente tiene que hacer su investigación de hechos y nos iremos hasta las últimas consecuencias”, aseveró.
“¿Por qué yo digo esto?: se ha violado la convención contra la corrupción de 2003, 2004, la convención de Mérida que es contra la corrupción, es convención de las Naciones Unidas firmada en Mérida, México”.
También recomendó a los morenistas buscar un buen abogado al señalar que el Fiscal que nombraron encargado del despacho carece de personalidad legal.
“Y de hecho”, advirtió, “yo le sugiero a los diputados de Morena o los que hayan sido que consigan muy buenos abogados de verdad para esto y para otras cosas”.
“¿Por qué?: porque inclusive el que está actuando como Fiscal Anticorrupción, porque no tiene capacidad, no tiene personalidad legal por ningún motivo para hacerlo”, afirmó, “es entre otros usurpación de funciones”.
Agencias
