El Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó por cinco años sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas ocurrida el 22 de enero de este año en Camargo, Tamaulipas. 16 de las víctimas eran migrantes guatemaltecos que buscaban llegar a Estados Unidos y viajaban en tres vehículos que fueron encontrados con más de 100 impactos de bala. Los cuerpos estaban completamente calcinados.
Tras la masacre, doce policías estatales fueron detenidos, encarcelados y vinculados a proceso por los delitos de “homicidio”, “abuso de autoridad” y “falsificación de documentos públicos”.
Mientras que por estos hechos, el INM anunció que ocho de sus agentes habían sido separados de sus cargos, pero no dio más detalles. Medios solicitaron los expedientes de la supuesta expulsión, pero el Instituto se ha reservado la información argumentando que existen investigaciones en curso, tanto en el Órgano de Control de la institución como en Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).
“La difusión puede obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados, además se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos probablemente constitutivas de algún delito que se tramitan ante el Ministerio Público”, respondió el INM ante la petición del expediente.
Destacaron que se trata de un razonamiento similar al empleado por el Poder Judicial de Tamaulipas para clasificar las declaraciones de los 12 policías detenidos tras el hallazgo de los cuerpos calcinados. Los uniformados testificaron ante un juez de Ciudad Victoria los días 2 y 8 de febrero. Tras prestar declaración fueron vinculados a proceso y enviados a prisión mientras se desarrolla la investigación complementaria, que concluirá en agosto.
Destacó que lo único que ha trascendido sobre las pesquisas, fueron las declaraciones del fiscal general, Irving Barrios, quien aseguró que la masacre se produjo en el contexto del enfrentamiento entre grupos delictivos por el control del territorio y que se presuponía que los policías modificaron la escena del crimen.
Los señalamientos contra funcionarios del INM fueron formulados por primera vez por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 1 de febrero, justo antes de conocerse el arresto de los policías estatales. Posteriormente, Migración anunció las destituciones, argumentando incumplimientos administrativos y de protocolos. Además, anunció que se interpuso una denuncia ante la FGR de la que no se volvió a tener noticia. Hasta el momento la investigación estaba en manos de la fiscalía estatal, que es la que logró la aprehensión y vinculación a proceso de los doce policías tamaulipecos.
Agencias
