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16/05/2017 – Tamaulipas.- Dilación y omisión en el trato a víctimas del delito en Tamaulipas, ha quedado documentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, donde hay cinco recomendaciones del 2016 a la Procuraduría de Justicia e Instituto de Atención a Víctimas, por fallas de abogados victimales y Ministerios Públicos en la atención a familiares de desaparecidos, quienes además reclamaron que no se daba seguimiento a las investigaciones.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) emitió el año pasado 32 recomendaciones, de las cuales cinco se derivan de este tema, de acuerdo con información que se lee en la página codhet.org.mx, sin citar identidades de ninguna de las partes.
La Recomendación 18/2016, fue dirigida al Instituto de Atención a Víctimas del Delito, ya que una persona señaló que la asesora jurídica de ese organismo actuó de forma ineficiente, ocasionando desconocimiento de la integración de la averiguación previa, y en consecuencia, ésta se integró de forma inadecuada.
El quejoso destacó que un abogado victimal debe coadyuvar en el propósito de encontrar la justicia, despejar todas las dudas, representar a quienes han sufrido delitos y lograr en su favor una reparación integral, pero en su caso no fue así, manteniéndolo, dijo, en un estado de zozobra y en un «desierto jurídico».
La Codhet recomendó una presencia más activa y participativa del defensor público. Según el ombudsman, la recomendación fue aceptada y cumplida parcialmente, ya que «la abogada victimal causó baja del Instituto».
En la Recomendación 23/2016, a la Procuraduría de Justicia del Estado se detalla que una mujer denunció la desaparición de su hijo ante el Ministerio Público en Güémez, donde fueron informados que había un positivo de ADN con unos restos que estaban en Servicios Periciales, solicitándole a ella que proporcionara muestra del padre de su hijo, por lo que se acordó realizar una diligencia.
Sin embargo, estos restos se encontraban en dichas instalaciones desde abril de 2014 y no se le había informado de ello (hasta enero de 2015), además una vez que se realizó el examen y se le dio los resultados, las biólogas de servicios Periciales de la PGJ, no supieron darle una respuesta definitiva sobre el análisis de los restos «e incluso le refirieron comentarios ofensivos hacia su persona, ya que la muestra del padre no había arrojado datos positivos con los restos encontrados».
Posteriormente, y debido a que la quejosa realizó distintas manifestaciones en contra de la Agente del Ministerio Público Investigador debido a que fue en la jurisdicción de esta Fiscalía, donde, en una fosa clandestina, fueron encontrados los restos óseos de su hijo, se inició un expediente de averiguación previa, sin embargo, la fiscal, no realizó investigación alguna, no obstante que ya contaban con un dictamen de genética de los restos óseos, limitándose únicamente a emitir un acuerdo de reserva del expediente iniciado.
La Codhet recomendó girar instrucciones al Fiscal Especial en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, para llevar a cabo debidamente, el desahogo de pruebas, y deslindar responsabilidades, así como que el director de Servicios Periciales diera cursos a su personal para orientarlos y sensibilizarlos en el trato a las víctimas y al Departamento de Genética Forense evitar retardos injustificados en la entrega de dictámenes. Esta recomendación también se reporta como «aceptada y cumplida parcialmente».
La Recomendación 24/2016, refiere que una mujer denunció la ausencia en el proceso penal, de su abogado victimal, quien, dijo, no la asistió en nada desde que se le nombró como su asesor.
El ombudsman determinó instruir a los asesores jurídicos del Instituto de Atención a Víctimas, dar estricto cumplimiento a sus obligaciones y ser capacitados y sensibilizados para no violar derechos humanos de las víctimas. La recomendación se reporta con el mismo status que las anteriores, afirmándose que se brindó asistencia jurídica, psicológica, tanatológica y económica a la persona afectada.
En la Recomendación 31/2016, se lee que un padre de familia acudió ante una Agencia del Ministerio Público Investigador en Victoria para presentar formal denuncia por la desaparición de su hija, quien dijo, fue sustraída violentamente de su domicilio por un grupo de personas armadas, «y la Agencia Segunda Especializada en Persecución del Secuestro, no realizó las acciones suficientes y diligentes para lograr el paradero de su hija».
Se recomendó al Procurador instruir lo correspondiente, ponderando la localización y/o rescate de la víctima de secuestro e identificar a los presuntos responsables. Su status: «En tiempo de recibir respuesta».
Finalmente, en la Recomendación 32/2016, otro padre denunció la desaparición de su hijo, y tampoco vio avances en la investigación.
Tampoco se confrontó con unos restos encontrados en el municipio de Hidalgo, una prueba de ADN que la madre del desaparecido se había hecho en un laboratorio de genética en Virginia, Estados Unidos.
La Comisión recomendó, entre otras cosas, informar sobre las diligencias realizadas, determinar la solicitud del ADN, desahogar todas las pruebas, dictar medidas correctivas contra los servidores públicos omisos y seguir impartiendo programas de capacitación. No se ha recibido respuesta.
Agencias
