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16/02/2017 – México.- Para que “nunca más haya un auténtico inocente condenado, ni tampoco un auténtico culpable impune”, la procuración de justicia en el país requiere de “un nuevo modelo de arquitectura institucional” que homologue las estructuras y procesos internos de los ministerios y fiscalías.
Así lo afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, quien reconoció la necesidad de “una nueva estrategia de procuración de justicia”, a partir de la conformación del Código Nacional de Procedimientos Penales y la homologación a escala nacional de los Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, Ejecución Penal y Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
Al presentar el diagnóstico institucional y plan de trabajo, ante la Junta de Coordinación Política del Senado, indicó que lo anterior es necesario, pues México requiere “un solo diseño de proceso penal”.
Cervantes aseguró que los Institutos de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), así como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) guiarán las mesas de trabajo, a fin de que la nueva estructura sea formada “a través de un diálogo abierto, constitucional y democrático”.
Ayer la PGR y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentaron al Senado un diagnóstico para hacer reformas al sistema adversarial vigente, al detectar que hay “serias debilidades”.
Para ello, Cervantes y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, plantearon la necesidad de hacer ajustes a la ley de 2008.
Coincidieron en que los gobiernos locales enfrentan complicaciones en la parte acusatoria y se requiere ajustar figuras como la denuncia, la investigación y el concepto de víctimas.
Ante los coordinadores Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Miguel Barbosa, Carlos Puente y Manuel Bartlett, el mandatario morelense aseveró que la parte acusatoria “tiene grandes debilidades que nos genera problemas”, al detallar que cada entidad procesa de manera diferente las denuncias, por ejemplo.
Reconoció que cuando se legisló el nuevo sistema adversarial se hizo un gran trabajo, con cambios radicales, pero los gobernadores encontraron una debilidad en el sistema.
“Necesitamos fortalecer a las procuradurías y fiscalías estatales”, asentó al explicar que se requiere fortalecer la parte acusatoria.
Cervantes dijo que el diagnóstico forma parte del plan de trabajo que la dependencia entrega al Senado y recoge la preocupación de la Conago, porque una vez que el año pasado se cumplió con la implementación del nuevo sistema adversarial legislado en 2008, es momento de perfeccionarlo.
Explicó que en estos años se ha observado que los estados legislan normas homogéneas, no homologadas, lo que ha llevado a que la justicia sea distinta.
Puntualizó que la homologación de figuras penales generará tiempos y movimientos respecto a la presentación de las denuncias, que además impactará en reducir notablemente los costos en la procuración de justicia.
INFORME DE FISCALIZACIÓN
Por otra parte, en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, practicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se señala que la PGR “ha tenido una actuación limitada” para atender la investigación y persecución de los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Puntualiza que la dependencia tiene un rezago en consignación de averiguaciones previas.
“Esto provoca que, en materia de investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, la contribución a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente sea limitada.
“Las acciones realizadas por la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) son insuficientes para fortalecer el estado de derecho y abatir la impunidad, lo que afecta a los 119 millones de mexicanos”, indica el informe.
La ASF mencionó que en 2015, por lo que hace a delitos relacionados con crimen organizado, el Ministerio Público de la Federación obtuvo autos de formal prisión para 8.7 por ciento de las 8 mil 846 averiguaciones en trámites y se presentó un rezago de 7 mil 4 averiguaciones, de las cuales solo programó atender 9.7 por ciento para 2016.
En el mismo informe, la ASF indica que la prevención del delito a cargo de la Policía Federal presentó deficiencias para combatir los ilícitos de manera efectiva.
Manifiesta que la corporación policiaca mostró carencias en la generación de información; además, los operativos disminuyeron y no acreditó contar con directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales.
Además detalla que de 2012 a 2015, la Policía Federal realizó una menor cantidad de productos de inteligencia para la prevención y el combate de los delitos.
INCUMPLE JUDICATURA EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO CENTROS
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no cumplió con las disposiciones legales y normativas en los proyectos en que solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de cinco Centros de Justicia Penal Federal en el país, para lo que se invirtieron 624 millones 953 mil pesos, además de que no exigió a la institución castrense que los trabajos se realizaran conforme a especificaciones.
Lo anterior consta en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, practicado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se menciona que en cuatro de los cinco proyectos, La Paz, Baja California Sur; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala, y Cintalapa, Chiapas, el CJF no se aseguró de obtener oportunamente la comprobación de los recursos suministrados a la Sedena por un monto de 65 millones 252 mil pesos.
En los proyectos de Apizaco, Tlaxcala, y Cintalapa, Chiapas, el CJF aprobó a la Sedena estimaciones de obra como comprobación de los recursos ministrados sin verificar que los volúmenes de obra correspondieran a los respaldados por los generadores y a los considerados en los planos proporcionados.
Agencias
