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Ciudad de México, 12/04/18.- Luego de dos años de trabajo de convencimiento, 21 estados se sumarán este viernes a 11 entidades más que firmaron un pacto que compromete a todos los tribunales locales del país a impulsar y aplicar la perspectiva de género en todos los juicios que tengan a su cargo.
El convenio fue impulsado por Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de generar políticas públicas para eliminar diferencias arbitrarias, injustas y desproporcionadas entre hombres y mujeres en los juicios, en razón de su género.
Los representantes de los 21 estados suscribirán mañana en Guerrero este tratado, con lo que habrá quedado suscrito en todo el país.
El acuerdo establece los lineamientos generales para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, así como la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la aplicación de dichos lineamientos generales.
Los pactos suscritos tienen sus orígenes y fundamento en la Constitución Federal y en la adhesión a pactos internacionales, en particular la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscrito el 18 de diciembre de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém Do Pará, de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmado en 1994.
La firma del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, estará encabezada por Margarita Luna Ramos, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien luego de dos años de trabajo concretó la adhesión a ese pacto de 21 entidades.
El arreglo que firmarán las entidades faltantes, los obliga a establecer líneas generales de acción en la materia, así como a la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación, a través de la integración de un Comité Estatal.
Asimismo, evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de todas las acciones y actividades normativas, administrativas, económicas, sociales, culturales y de esparcimiento, desarrolladas en las instalaciones de los órganos impartidores de justicia o bajo su responsabilidad o patrocinio.
A realizar diagnósticos integrales sobre la situación del personal jurisdiccional y administrativo en aspectos relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género y en los ambientes laborales.
Incorporar la perspectiva de género en los programas de formación de las escuelas judiciales, institutos o centros de capacitación continua del personal jurisdiccional y administrativo; sensibilizar y brindar herramientas al personal jurisdiccional y administrativo para atender el tema del hostigamiento laboral y sexual, con el fin de erradicar conductas que atenten contra la dignidad humana de las personas que laboran en dichas instituciones, entre otras.
Además de revisar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género, con la finalidad de establecer políticas enfocadas a promover el ejercicio compartido de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres; crear mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso laboral y sexual, tales como protocolos especializados de atención y resolución de dichos casos.
Agencias
