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31/03/2016 – México.-Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo que existe una cláusula en el convenio de Asistencia Técnica firmado entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, que permite mantener a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más allá del 30 de abril.
La cláusula a la que se refiere Rosales señala expresamente: “10. A solicitud del Estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares, la asistencia técnica dará inicio de inmediato. El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
Rosales manifestó que lo declarado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es la posición política del gobierno federal, pero aclaró que se trata solo de una postura desprovista de un análisis jurídico del convenio que se firmó en octubre de 2014 en Washington.
Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos enviaron una carta a la CIDH y dirigida a Emilio Álvarez Icaza, en ella solicitan que la comisión “tenga a bien” extender su estancia de acuerdo a los establecido en la cláusula, “toda vez que sigue siendo necesaria su estancia en el país”.
Hacen hincapié en que la búsqueda de los estudiantes no está resuelta, y que las líneas de investigación no han arrojado la verdad de lo sucedido, además de que subsisten pendientes importantes en la atención integral a víctimas.
Destacan que los obstáculos en el proceso de investigación, mismos que han sido reseñados por el GIEI, “dan cuenta de que el objeto que motivó su creación subsiste”, y donde no se ha hecho plenamente patente el compromiso del Estado en su conjunto, “incluyendo a todas las dependencias e instancias que lo conforman, de permitir y colaborar con la asistencia técnica, siendo por tanto indispensable que continúe la supervisión internacional sobre el caso”.
Vidulfo manifestó que a los padres y sus abogados les genera preocupación que el secretario de Gobernación haya dado a conocer una postura en ese sentido, cuando el tema no se ha discutido.
Tras presentar la solicitud de permanencia del GIEI, dijo que se abrirá una etapa de revisión del convenio, por lo que abril será un mes en el que la discusión se intensifique.
“Nosotros observamos que hay la intención política del gobierno de cerrar este mecanismo de supervisión internacional, porque hay resistencia a dicha supervisión internacional, aunque es algo a lo que deben sujetarse todos los gobiernos democráticos”, indicó.
Si la postura de que abandonen el país después del 30 de abril se mantiene, las implicaciones pueden ser muy sensibles: “Habría un retroceso y eso empujaría al movimiento de los padres, así como al nacional a una tensión innecesaria, pues sacaría las protestas a las calles y se retomaría la vía del activismo, lo que no conviene a nadie”, finalizó.
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