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25/04/18.- Entre protestas, el Senado aprobó con 57 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones una nueva Ley de Seguridad Privada para homologar la actuación de las más de 6 mil empresas que se dedican a ese servicio en todo el país y unificar los requisitos que deberán cumplir los más de 500 mil elementos que operan a nivel nacional y que ahora podrán prestar servicios de “información confidencial”.
La iniciativa, que no estaba agendada para la sesión de hoy en la Gaceta Parlamentaria, fue llevada al pleno después de medio día y dividió opiniones, al reconocer el petista Manuel Bartlett que sí se necesita, pero no así; mientras que panistas como Jorge Luis Preciado argumentaron a favor que de este modo el Estado dejará de pagar las escoltas de políticos o empresarios.
El priista Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y autor de la iniciativa, dijo que hace 10 años se legisló, pero esa norma ya quedó rebasada, porque hay 6 mil empresas, de las que 3 mil 340 no están debidamente acreditadas, mil 234 tienen permiso federal y 2 mil 408 son permisos locales, pero además se detectaron 2 mil 300 que operan sin registro y sin personal ratificado. “ES una alternativa para combatir la inseguridad en el país, porque define competencias entre autoridades involucradas”.
El decreto, enviado a la Cámara de Diputados, modifica los artículos 150 y 151 y deroga el 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear la Ley de Seguridad Privada, cuya reglamentación dependerá del Comisionado Nacional de Seguridad.
Define el concepto de seguridad privadacomo la actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública a cargo de los particulares, con el objetivo de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de:
Protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad, que requiere autorización única expedida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada en los términos de la presente Ley.
También se especifican cuáles son los fines de la seguridad privada, entre los que destacan: la generación de información a través del Sistema Nacional de Regulación de Seguridad Privada.
La regulación de los prestadores de servicios, regulación y registro del personal operativo, coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad pública, la estructuración de un banco de datos que permita consolidar el carácter auxiliar de los servicios de seguridad privada a la función de Seguridad Pública, la integración de un banco de datos con la información de los prestadores de servicios de seguridad privada, establecimiento de mecanismos de evaluación, certificación y verificación, de los prestadores de servicios, entre otros.
Se crea el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Privada.
Se obliga a dichas empresas a identificar el armamento, vehículos, equipo, radios y no podrán operarlas integrantes en servicio activo de las fuerzas armadas o seguridad pública.
Gándara y el también priista Téofilo Torres Corzo aseveraron que de ninguna manera es una claudicación del Estado ni la privatización de los servicios de seguridad, porque ningún país del mundo prohíbe el auxilio de la seguridad privada para colocar cámara o resguardar bienes o personas.
Al oponerse, el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo alertó que ello formaliza la presencia de “grupos armados particulares” con permiso oficial, como los que utilizan empresarios de Tijuana.
“Sabemos que hay municipios con debilidad que son amenazados por el crimen organizado y pueden colárseles algún agrupamiento que presione al ayuntamiento, pero esto de que a través de un registro único federal se consolide el asunto de la utilización de fuerzas armadas en mi municipio es inaceptable porque rebasa el mando único en que sustentamos la oposición a la ley de seguridad interior”.
En su turno, el también panista Juan Carlos Romero Hicks reprobó que se haya llevado al pleno sin consensos, al señalar que “esto es un ejemplo claro de algo que lamentablemente entra por la rendija un asunto de última, con un diagnóstico incompleto y un tratamiento eficaz. El miércoles pasado me entregaron la iniciativa y ni siquiera se discutió en comisiones”.
A su vez, Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Bartlett, entre otros, dijeron que viola la Constitución porque ahora inclusive empresas extranjeras podrán traer sus “ejércitos” de guardias privados, como sucedería en el sector energético.
Agencias
