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29/05/2017.- José Antonio González Anaya, el economista especializado en transformaciones de compañías al mando de Pemex, abre su iPad y revisa el pietaje que filmó un drone. Tomado a medianoche en el centro de México hace unos meses, las imágenes granuladas revelan una fila de 148 camiones que hacen cola para extraer combustible de un grifo ilegal en un oleoducto, una imagen clara de la magnitud del fenómeno de robo de combustible que le cuesta al grupo petrolero estatal unos 1,000 millones de dólares (mdd) al año.
El problema no es nuevo, pero aumentó 2,000% en la última década. La mayor parte del combustible robado termina en las propias gasolineras de Pemex. Ahora, González Anaya -quien estudió economía e ingeniería en el MIT, hizo un doctorado en economía en Harvard y se autodeclara “tipo de grandes datos”- da seguimiento a los inventarios de combustible y a las facturaciones para hacer un cruce de datos y conocer en dónde aparece el combustible robado.
El gobierno ya envió 2,000 soldados al área más afectada. La apuesta de González Anaya es una ofensiva adicional contra las gasolineras que venden combustible robado para exigir precios mucho más altos por la mercancía ilegal, así para que los números no funcionen para que los criminales lo suministren.
“Queremos reducir la demanda. Esta es la lógica de un economista… lo que tienes que hacer es crear la percepción de riesgo”, dijo el director ejecutivo a Financial Times. Hasta el momento, se cerraron alrededor de 15 gasolineras por vender combustible robado, una gota en el océano, pues México tiene 12,000 en total, pero “apenas estoy comenzando”.
Los funcionarios dicen que el precio de la gasolina robada subió en las últimas semanas a 11 pesos (59 centavos de dólar) por litro desde 7 centavos. Las gasolineras legales cobran poco más de 16 pesos por la gasolina más barata.
México abrió su mercado de combustibles a la competencia privada bajo la reforma energética en 2013. Las estaciones de servicio que no son de Pemex comenzaron a abrir, pero todavía venden gasolina Pemex.
Eso le da a Pemex una herramienta vital. Sabe cuánto combustible se vende y las bombas de gasolina informan automáticamente a la compañía, en tiempo real, qué tanto surten. Esa información se cruza con los datos de facturación declarada en la gasolinera y el impuesto que se pagó. “Las cifras tienen que ser las mismas”, dijo. “No es así”.
Detectar el problema no es difícil. Cuarenta y un pisos por debajo de la oficina de González Anaya en la Torre Pemex en la Ciudad de México, se encuentra lo que se denominó como la “sala de crisis”. Más allá de eso, los técnicos monitorean la red de oleoductos del país en los bancos de pantallas.
Los gráficos a color muestran la presión de una tubería en cualquier parte de los ductos, lo que hace que sea más fácil detectar caídas inusuales, “aquí hay un grifo”, dice René Becerra, subdirector de control de flujo, y señala una gráfica en la que se muestra una caída repentina de presión en un oleoducto a mitad de la noche.
El sistema de control se encuentra en operación desde hace casi 20 años, pero faltaba coordinación. “Todos estos datos nunca se cruzaron. No sé por qué. No son economistas. No son tipos de grandes datos. Yo lo soy. Tengo estaciones de servicio que nunca nos compraron gasolina. Tengo gasolineras con un comportamiento anormal. Sé lo que ocurre”, dijo González Anaya.
A pesar de eso, le horrorizó ver la magnitud del problema: es una organización criminal muy organizada en la que se desentierra el ducto, se ajustan las válvulas y mangueras unidas que abarcan hasta 4 kilómetros para sacar el combustible de manera automática en cuanto pasa esa sección del oleoducto.
También existe el robo de combustible a una escala menor: se les pide a los lugareños una contribución de 500 pesos un día antes y se les promete pagar hasta 4 pesos por litro, pero González Anaya dice que es el oportunismo, y no el desempleo, lo que alimenta ese comercio, ya que casi la mitad de la población en el área más afectada son beneficiarios de los programas sociales del gobierno.
Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la oficina del procurador general y las fuerzas de seguridad se reúnen cada semana desde diciembre para coordinar los esfuerzos. González Anaya reconoce que es posible que algunos trabajadores de Pemex estén involucrados en el robo.
La compañía acaba de reportar dos trimestres consecutivos con números negros, después de un brutal recorte de costos y un nuevo enfoque hacia la rentabilidad desde que González Anaya asumió el mando en febrero del año pasado.
Ahora aplica muchas de las lecciones que aprendió en una visita a finales del año pasado a Colombia, donde las guerrillas de las FARC solían hacer estallar de manera cotidiana los ductos colombianos. Las autoridades cambiaron el rumbo en unos años. Su consejo para González Anaya: “Utiliza todos lo que puedas en esto”.
Agencias.
