Oleada feminicida en los primeros 11 meses de AMLO

Ni el despliegue de la Guardia Nacional ni las reuniones del Gabinete de Seguridad han logrado que los feminicidios y los homicidios dolosos disminuyan en el gobierno de la 4T. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública admite que de enero a noviembre de 2019 hubo 2.43 feminicidios por día. Hoy, según las estadísticas, 10 ciudades –con Veracruz a la cabeza– concentraron más de 50% de los feminicidios; eso sin considerar los subregistros, que impiden conocer la dimensión del problema.

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador hubo 2.43 feminicidios por día, la cifra más alta en los últimos cinco años –fecha en la que las autoridades federales iniciaron los registros de este tipo de ilícito–, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pese a la creación de la Guardia Nacional, la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, la declaratoria de alerta de género en varias entidades y las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, la ola criminal no se detiene.
Y aun cuando el índice de homicidios de varones es elevado, el de las mujeres –en su mayoría jóvenes y dedicadas al hogar– se disparó de manera dramática en Veracruz, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Colima, Quintana Roo, Puebla y Chihuahua.
Este 2019 esas entidades concentraron más de 50% de los feminicidios, según los reportes entregados por los Ministerios Públicos al SESNSP; mantienen tasas de entre 1.43 a 3.37 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 1.16.
Veracruz, donde se cometieron 152 feminicidios, es el estado más peligroso para las mujeres. Le siguen las ciudades de Monterrey, 17 casos; Culiacán, 14; la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, 13; Ciudad Juárez y la capital de San Luis Potosí, 12 en cada una; Puebla y Tijuana, con 11 por ciudad.
Según el SESNSP, los delitos contra la “libertad y seguridad sexual” se incrementaron 51.89% entre enero de 2015 y noviembre de 2018. De enero a noviembre de 2015, las carpetas del secretariado –que incluyen abusos sexuales, acosos, hostigamiento, violaciones, incesto y otros ilícitos– fueron 31 mil 171, mientras que en periodo similar de 2019 se elevaron a 47 mil 348.
Las propias autoridades advierten sobre la existencia de un subregistro que impide conocer a cabalidad ese fenómeno. La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), por ejemplo, sostiene que de los 600 mil casos de abuso sexual que en promedio se cometieron cada año durante el periodo mencionado, 94% no fueron denunciados.

Veracruz, el estado más violento
Veracruz, la entidad más violenta del país para las mujeres, concentró 152 feminicidios durante los primeros 11 meses de este 2019, según los reportes del SESNSP.
Dos casos resultan emblemáticos. Uno es el de Silvia Jazmín “N”, de 25 años, quien fue asesinada el 18 de agosto en el municipio de Coatzacoalcos. Ella salió de su casa a bordo de su auto, un Honda Accord; al día siguiente un grupo de pepenadores del basurero municipal de Minatitlán encontraron el cuerpo de la joven.
Con excepción de las piernas, la parte superior estaba completamente calcinada. Los peritos lograron identificar a la víctima al analizar la piel que no fue afectada.
El segundo es el de Elizabeth “N”, de 34 años, ultimada en la colonia El Campanario, del municipio de Veracruz. El autor fue su esposo Dionisio, alias Toretto, en su domicilio conyugal. El hombre llegó alcoholizado y tras una discusión, arremetió a golpes contra Elizabeth hasta dejarla sin vida. Toretto intentó huir, pero la Policía Naval lo detuvo en el puerto jarocho.
Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz forman parte de un corredor en el que se han cometido al menos una tercera parte de los feminicidios en el estado de Veracruz; en esa ruta se encuentran también Xalapa, Córdoba, Tuxpan, Emiliano Zapata y Minatitlán.

La zona metropolitana de la CDMX
En el centro del país dos asesinatos llamaron la atención en 2019: el de Camila “N”, de nueve años, en la colonia Poder Popular, municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, y el de Nazaret Bautista Lara, de 15 años, estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo.
La tarde del 1 de enero Camila salió a tronar cuetes cuando fue secuestrada por Marcial “N”, un agente de seguridad privada, quien después de violarla la mató.
Cuatro horas después la policía municipal encontró el cuerpo de Camila cerca de la zona en que fue vista por última vez. Estaba dentro de una caseta policiaca, con la ropa hecha jirones y marcas de asfixia en el cuello.
La muerte de Nazaret ocurrió el pasado martes 24. Su cuerpo fue encontrado en las instalaciones donde estudiaba, dentro de un contenedor de agua pluvial utilizada para el riego del campo agrícola aledaño.
Sus compañeros la vieron por última vez a las 17:00 horas del jueves 19, cuando tuvo contacto con un estudiante del plantel. Las autoridades universitarias reportaron su desaparición al día siguiente.
El primer semestre de 2019 al menos 927 mujeres –58% de ellas menores de 17 años– fueron registradas como desaparecidas en la Ciudad de México y la zona metropolitana, según estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco son los lugares más peligrosos para las mujeres. Por lo que atañe al Estado de México, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la concentración de feminicidios: 108, cometidos en sus 125 municipios y con una densidad de crímenes de 1.08 por cada 100 mil habitantes.
A decir de la SESNSP, Toluca, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Valle de Chalco aparecen en la lista de los municipios del área conurbada más inseguros para las mujeres.

Negro panorama
El martes 24 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en las investigaciones sobre la muerte violenta de alguna mujer, además de realizar las diligencias, las autoridades deben identificar la posible presencia de motivos o razones de género en el ataque.
El máximo tribunal del país instruyó a los Ministerios Públicos para que lleven a cabo peritajes para determinar si los cuerpos de las víctimas tienen signos de defensa y lucha o indicios de maltrato crónico anterior a la muerte.
La instrucción llegó después de que la Primera Sala atrajo el caso de una mujer ultimada por su esposo, quien era policía. El agresor participó en la recaudación de pruebas, en la cadena de custodia y en la protección de evidencia de la escena del crimen. Así, hizo pasar como suicidio por asfixia lo que en realidad fue un feminicidio.
Frente al aumento de las estadísticas de este tipo de delitos, organizaciones dedicadas a observar su evolución y su impacto en la sociedad mexicana sostienen que aún queda un gran trecho por recorrer.
Según ellas, las cifras que manejan los Ministerios Públicos federales no son fiables. De acuerdo con datos del OCNF, sólo 726 (25.6%) de los asesinatos de mujeres fueron investigados como “feminicidios”, mientras que otros 2 mil 107 casos fueron considerados “homicidios dolosos”.
Ese subregistro, señala la organización feminista, sólo será subsanado cuando haya un servicio de peritos y Ministerios Públicos “con perspectiva de género”.

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