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CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de Rosario Robles acusó que la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la exfuncionaria constituye una persecución política, pues la cuenta que supuestamente omitió declarar tenía fondos por dos mil 887.86 pesos y fue cancelada desde 2016.
El equipo de abogados que defiende a la exsecretaria de Desarrollo Social, encabezados por Julio Hernández, apuntó que la acusación contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio, «y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna».
Lo anterior demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad, dijo Julio Hernández.
Detalló que la resolución se basa en la supuesta omisión realizada por Rosario Robles Berlanga en sus declaraciones patrimoniales, al no declarar la cuenta bancaria 56-57716325-3 que fue aperturada en Banco Santander.
Esa cuenta fue abierta el 14 de febrero de 2008, tuvo como fecha de su última operación el 29 de enero de 2016 y cancelada el mismo día, cuando la institución se quedó con los fondos al enviarlos a su cuenta concentradora con un saldo de dos mil 887.86 pesos.
La cuenta jamás fue reconocida por Robles Berlanga, “de la que nunca dispuso un sólo centavo ni se hizo un depósito”, y fue cancelada ocho años después de que fue aperturada, sin presentar ningún movimiento, y el saldo fue transferido por inactividad a la cuenta concentradora del propio Banco Santander.
“Recurriremos esta por demás injusta e irracional resolución con todos los medios que las leyes de nuestro país otorgan”, anunciaron los abogados.
Agencias
