ElBravo_Notas_728x90_1
Con un dictamen listo para su discusión, la regulación de la mariguana se trabó en el Senado, en medio de presiones por parte de diferentes fuerzas políticas, y desde las industrias farmacéutica, cosmética, y otras que sin haber reforma ya se organizaron en cámaras, hasta el propio Ejecutivo que ya no quiere abrirla al sector privado.
Aunque Morena presentó dictamen a favor de abrir la industria a los campesinos que han sido el sector más afectado por la siembra de la cannabis, y contempló a la iniciativa privada en la entrega de licencias, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le puso peros y dijo que su iniciativa de noviembre de 2018 tiene un sentido social, “no es necesariamente el negocio privado, no es tampoco la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos”.
Tras conocerse el primer dictamen entregado por las presidencias de las comisiones de Justicia y Salud, que presiden los morenistas Julio Menchaca y Miguel Ángel Navarro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que había presiones para legislar la regulación de la mariguana, aunque el resto de las bancadas minimizaron los señalamientos.
El propio Monreal no quiso evidenciar a las farmacéuticas, empresas y organizaciones que tocaron a su puerta.
Con un segundo dictamen las presiones no han cesado. Inclusive Morena ya se dividió y mientras el jurista Menchaca sostiene que se requiere una nueva ley, el doctor Navarro dice que basta con modificar la Ley General de Salud.
Hoy se sabe que apenas se conoció el proyecto de dictamen, varios empresarios se organizaron de inmediato y hasta planearon la conformación de una cámara que controle prácticamente toda la cadena prevista en la regulación, como son el almacenamiento, aprovechamiento, comercialización, consumo, cosecha, cultivo, distribución, empaquetamiento, etiquetado, exportación, importación y otros rubros.
Se tuvo acceso a comunicaciones enviadas por empresarios al Senado para demandar cambios al proyecto de dictamen que deberá discutirse antes de abril, cuando vence el nuevo plazo que la Suprema Corte le dio al Senado.
No solo empresarios pretendieron modificar el dictamen presentado por las comisiones de Salud y Justicia, también organizaciones sociales quieren modificaciones como que su consumo sea cultural en vez de “embriagante lúdico” o que de plano no haya registro de personas que la producen en su casa y la consumen, ante el temor de ser perseguidos por la Secretaría de Gobernación, que “históricamente ha utilizado la prohibición como una herramienta política y legal en contra de la ciudadanía”.
El ante proyecto presentado en octubre pasado propone el empoderamiento de grupos de campesinos, agricultores y comunidades en materia de siembra, plantación, cultivo y cosecha del cannabis y sus derivados, al tener preferencia sobre otros “grupos menos vulnerables” en el otorgamiento de licencias y autorizaciones.
No dice cómo será, pero prevé el cobro de una “recaudación justa” por concepto de impuestos y pago de derechos correspondientes que habrán de fijarse por las autoridades competentes.
A decir del presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, una estimación de la Secretaría de Hacienda calcula que la regulación de la mariguana tendría un impacto de 80 mil millones de dólares anuales en el mercado.
El Grupo Promotor de la Industria de la Cannabis (GPIC) que agrupa al menos a 25 empresas nacionales e internacionales y que en su portal de internet anuncia que buscará constituirse en una cámara industrial, con el dirigente, empresario y asesor de firmas como Higia Tech, PazMental y Farmacias Dermatológicas (Federmex) a la cabeza, entregó al Senado una “nota” en la que propuso “áreas de mejora” al dictamen de la regulación de cannabis.
En ésta, los empresarios piden eliminar la limitación de 20% al capital extranjero, acotar la prohibición de la cannabis y derivados en cosmetología, alimentos, bebidas y la publicidad; eliminar limitantes para obtener más de un tipo de licencia; y limitar al Instituto el cobro de impuestos.
Los empresarios consideraron que el pre dictamen circulado es un avance, pero pidieron al Senado seis modificaciones para tener un “mercado robusto y bien regulado” que privilegie la salud de los consumidores, reduzca la posibilidades de un mercado negro paralelo y maximice la competencia entre los participantes.
Piden eliminar la limitación a 20% al capital extranjero para el caso de las personas morales que pretendan obtener una licencia con fines comerciales, al argumentar que se limitaría la entrada de capitales “a un mercado en crecimiento” que incluye al cáñamo, lo que contraviene el espíritu del T-MEC y la misma regulación a la inversión extranjera que permite el 100 por ciento en sectores no estratégicos.
Los farmacéuticos dicen que “se pondría en riesgo la ratificación del T-MEC, ya que el Estado mexicano estaría violando el texto del TLCAN”.
En la misiva enviada a los coordinadores parlamentarios, el GPIC pidió también acotar la prohibición para uso de la cannabis y sus derivados en productos cosmetológicos, alimentos, bebidas y su publicidad, ya que el ante proyecto de dictamen no permite esa actividad y cancela cualquier publicidad de productos derivados de la mariguana.
Pidieron acelerar la creación del Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, pues mientras aplica el régimen descrito en el articulado transitorio, habría un vacío de qué autoridad será la que aplique la ley que se apruebe.
En el tema de las licencias, a los empresarios no les gustó que se limite la entrega de una sola ya sea a personas física o moral, lo que se hace extensivo a socios, subsidiarias, accionistas, familiares, consanguíneos y/o cónyuges, por lo que plantearon cambios al argumentar que ello limita el artículo 5º constitucional en materia de libertad de trabajo y comercio.
Impugnan que sea el Instituto el que opine a la Secretaría de Hacienda sobre el cobro de impuestos por esta actividad.
A decir del líder morenista, Monreal Ávila, el Senado tomará una decisión antes de vencer el plazo que fijó la Suprema Corte “y no, no nos dejaremos presionar”. Legisladores de Morena dicen que ahora hasta empresarios de Canadá presionan a que no se apruebe el T-MEC si México no abre el negocio de la mariguana al sector privado.
Agencias
