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22/12/2015 – Si los que no son texanos no se habían dado cuenta qué tanto se oponen los legisladores estatales republicanos a las políticas de inmigración y seguridad fronteriza del presidente Barack Obama, es muy probable que en el 2015 les haya quedado claro. Esta es una revisión de esa problemática al final del año.
Contra DACA y DAPA
Las esperanzas que tenían millones de inmigrantes indocumentados fueron abruptamente frustradas en el mes de febrero, ya que el Estado de Texas logró prevalecer en una demanda federal que detuvo la Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y los Residentes Permanentes Legales, o DAPA. El plan, que fue anunciado en noviembre del 2014, habría proporcionado a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados la oportunidad de no ser deportados y obtener un permiso para trabajar. Se tenía programado que entrara en vigor en febrero, pero esos planes fueron estropeados por el juez de Distrito Andrew Hanen, de Brownsville, después que Greg Abbott, cuando se desempeñaba como procurador general, entabló una demanda para detener el proceso. Hanen decidió que Obama no estaba acatando el Decreto de Procedimientos Administrativos, que establece la manera en que son llevadas a cabo las regulaciones federales. Un fallo que emitió el 9 de noviembre el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones ratificó la decisión de Hanen. El caso se encuentra pendiente en la Suprema Corte de Estados Unidos.
Tropas en la frontera
La oleada de inmigrantes centroamericanos que ingresaron ilegalmente a Texas en 2014 generó el deseo de que se fortaleciera más la ley en la frontera. En el 2015, la Legislatura de Texas destinó 800 millones de dólares para aumentar el número de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, por sus siglas en inglés, en esa región. La designación de recursos, que estableció un récord, le dio al DPS la autoridad de acelerar la contratación de ciertos veteranos del Ejército que habían sido dados de baja de manera honorable, aumentó las sanciones para el contrabando humano y creó un centro de inteligencia transnacional en la frontera.
Actas de nacimiento
En el mes de mayo, abogados que representaron a un grupo de padres de familia que son inmigrantes indocumentados demandaron al Departamento de Servicios de Salud de Texas, DSHS, por sus siglas en inglés, después que los registros del condado recibieron órdenes de la agencia para que se rehusaran a entregarles a las familias las actas de nacimiento de sus hijos que son ciudadanos estadounidenses. Ellos aseguran que esa práctica viola los derechos que les concede a los niños la 14a. Enmienda de la Constitución. Los padres de familia alegaron que la agencia les ordenó a los condados que dejaran de aceptar la identificación consular mexicana y los pasaportes centroamericanos como prueba de la identidad de los padres, sin haber notificado públicamente el cambio de política. La agencia respondió que esa práctica había estado vigente desde el 2008, el DSHS se dio cuenta que algunos condados no estaban acatando los reglamentos tras unas auditorías recientes. En octubre, el juez de Distrito, Robert Pitman rechazó otorgar a los padres de familia una solución de emergencia mientras el caso se dilucida en la Corte.
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