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La Fiscalía Anticorrupción llamó a cuatro ex funcionarios de la pasada administración municipal de Tampico, que encabezó Magdalena Peraza Guerra, por desvíos de recursos en el manejo y administración del Rastro Municipal, dio a conocer César Alberto Bonilla Andrade, representante legal del Ayuntamiento.
Este procedimiento, el cual inició desde noviembre pasado y que tiene notables avances, se suma a la denuncia presentada el día miércoles contra la ex alcaldesa Magdalena Peraza, el ex Tesorero Édgar Ánimas y el ex cajero de la Tesorería, Edgardo Benítez Zamora, por el presunto desvío de 71 millones de pesos.
Ahora, la Fiscalía de Combate a la Corrupción citó a cuatro ex funcionarios, tanto de primer nivel como operativos, por un faltante de 2.6 millones de pesos, dinero que no ingresó a las arcas municipales por actividades en el rastro.
«Esta denuncia fue presentada aproximadamente en el mes de noviembre, tenemos conocimiento que ya la Fiscalía de Combate a la Corrupción citó a funcionarios de primer nivel para que comparezcan ante ellos, esta denuncia ya se encuentra bastante avanzada, estamos nada más a la espera de la resolución correspondiente por parte de la Fiscalía para iniciar el proceso judicial. Fueron llamados funcionarios de primer nivel de Finanzas y operativos del rastro, son cuatro, no puedo dar los nombres porque es una carpeta que se encuentra en investigación».
Explicó que el señalamiento es que se llevaron a cabo diversos servicios de matanza en el rastro, los cuales no se ingresaban completamente a las arcas municipales.
«Esta situación nosotros la percatamos en el mes de octubre, donde no concordaban la lista de rayas, porque el personal del rastro trabaja por destajo, y cada trabajo que ellos efectuaban era lo que se le pagaba efectivamente, entonces al momento de hacer la compulsa entre los trabajos efectuados con lo ingresado realmente al área de Ingresos pues no cuadraba, hay un faltante de aproximadamente 2.6 millones de pesos».
Detalló que estas situaciones se suscitaron con posterioridad al evento de la entrega-recepción, pues el plazo para esto son 60 días y después de los 60 días, si no tienen observaciones, no pueden citar a los ex funcionarios a que manifiesten, por ello se ejercieron las acciones legales que corresponden.
«En este caso ellos tendrían que justificar directo ante la Fiscalía que le corresponda conocer el caso, de primera mano puedo manifestar que de por sí existe una irregularidad porque no pueden ser transferidos recursos del erario a un funcionario en la particular para que disperse nómina, todo era partida municipal».
Sobre la denuncia por el presunto desvío de 71 millones de pesos, Bonilla Andrade dijo que pusieron a consideración del Ministerio Público los hechos, donde narraron que pudiera configurarse el delito de peculado.
«Los hechos que originan esta situación es que se hicieron diversas transferencias a un servidor público de nivel operativo para que a través de él, conforme a lo que tenemos en pólizas contables, dispersara una nómina que desconocemos de qué se trata y no se encuentra el sustento legal para efectuar este tipo de acciones».
Dijo que ahora la Fiscalía General deberá iniciar las investigaciones correspondientes, requerir la información pertinente y adicionalmente llevar a cabo todo lo concerniente a este tema para determinar así las responsabilidades.
Agencias
