Cinco años sin ETA; la paz se tambalea

Madrid,20/10/16.- El 20 de octubre de 2011 ETA difundió su comunicado más esperado y anunció que terminaba la lucha armada, pero el final de la violencia terrorista dejó heridas que todavía permanecen abiertas y se mantienen importantes desacuerdos sobre la memoria de lo ocurrido.

Desde que en 1968 matara a un policía, todavía en una España gobernada por el régimen franquista, ETA practicó el asesinato, el secuestro y la extorsión, con 856 muertos.

A través de un video de dos minutos y 47 segundos difundido por el diario vasco Gara en donde aparecen tres militantes de la organización con capuchas blancas y boinas negras, la red terrorista ETA comunicó “el cese definitivo de su actividad armada”.

Un anagrama de ETA adornaba el escenario donde la red terrorista acaba finalmente con más de 50 años de conflicto.

A la decisión de dejar las armas por parte de ETA contribuyó la presión policial y judicial tanto en España como en Francia que durante años ha diezmado a la banda, pero también la pérdida de apoyo social.

De hecho, en este lustro las fuerzas de seguridad han detenido a casi un centenar de personas vinculadas a la banda, entre ellos, hace un año, a los integrantes de su dirección, David Pla e Iratxe Sorzabal.

El golpe más reciente, hace unos días, fue la localización de un escondite con armas en el norte de Francia, donde se incautaron 145 pistolas y revólveres.

Ahora, el arsenal de la organización terrorista son unas 160 armas, disponibles para apenas un puñado de activistas, todos ellos ocultos en Francia y dirigidos por Mikel Irastorza.

En cuanto a los presos de ETA, pasaron de 548 en enero de 2012 a 291 en octubre de 2016 y este colectivo, que tradicionalmente tuvo mucha influencia en las decisiones de la banda, perdió fuerza, según la interpretación de las fuerzas de seguridad españolas.

En cuanto al respaldo popular, las recientes elecciones al Parlamento regional dieron ganador a los nacionalistas moderados del PNV, con el 37.6 por ciento, por delante de EH Bildu, que defiende por la vía política los postulados independentistas de ETA y que logró el 21.2 por ciento de los votos.

El líder histórico del independentismo vasco, Arnaldo Otegi, salió en marzo de la cárcel tras pasar seis años por su pertenencia a una organización ilegalizada por su vinculación a ETA.

En julio pasado Otegi admitió que la «conciencia nacional» vasca había registrado un «enorme retroceso» y estaba «ciertamente baja», al tiempo que reconoció que la «estrategia de resistencia» que sustentó el independentismo de la izquierda «está agotada».

Se trata, pues, de hacer política en un escenario sin violencia.

En septiembre los electores vascos premiaron al moderado Íñigo Urkullu, del PNV, que se define como un «soberanista pragmático», más partidario de profundizar en las amplias competencias de gobierno que tienen los vascos que de forzar una ruptura con el Estado español, a diferencia de los nacionalistas catalanes.

Hoy el Gobierno vasco instó a ETA a dar más pasos para un final ordenado y pidió un desarme definitivo.

El proceso de desarme debe basarse en un compromiso unilateral de ETA de ir dando pasos. La parálisis, el no dar pasos, es perder oportunidades para un final ordenado de la violencia», dijo el secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernandez.

Sin embargo, en una parte de la sociedad vasca existe aún un rechazo hacia lo que consideran intrusos, en especial representantes del Estado, como las fuerzas de seguridad destinadas en la región.

Hace unos días dos agentes de la Guardia Civil de paisano que cenaban con sus parejas en un restaurante de Alsasua fueron reconocidos por radicales y agredidos.

Los simpatizantes de ETA y del independentismo vasco, aparte de defender la idea del autogobierno, responden siempre que las víctimas del conflicto no han sido sólo las ocasionadas por la banda, sino que los aparatos del Estado español también han causado bajas y han practicado el terrorismo.

Se trata de una referencia al hecho de que varios policías y funcionarios fueron condenados por la Justicia en los años 90 por la muerte y el secuestro de varios activistas de ETA o del independentismo vasco.

Todo este conflicto dejó abiertas algunas heridas, aunque cada vez son más los familiares de unos y otros que buscan foros y puntos de encuentro para superar viejas rencillas y rencores.

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, pidió hoy trabajar para ir extirpando «la cultura del odio» que «por desgracia» ha quedado «inoculada» en algunos sectores de la sociedad.

Agencias