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23/02/2018 – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acreditó un probable daño a la hacienda pública federal por 899.4 millones de pesos al revisar dos programas de la Sagarpa, dependencia que ha tapado diversos ilícitos y otorgado pagos a beneficiarios que presentan documentación alterada para recibir apoyos, simulan operaciones bancarias, usan proveedores fantasma, fingen proyectos y piden recursos para nuevas instalaciones, que en realidad ya existían.
Desde hace cinco años se siguió minuciosamente este modus operandi de corrupción en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). En la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2016, la ASF remite dos auditorías forenses que advierten del riesgo del desvío de recursos públicos, lo que posiblemente llegue a instancias penales.
Actualmente, la Sagarpa es la institución más denunciada por parte de la ASF ante la Procuraduría General de la República. De 2011 a enero de este año, la ASF la ha denunciado en 193 ocasiones, mientras que ha interpuesto 30 denuncias más contra el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) por estar vinculado en irregularidades, algunas de ellos relacionadas con este modus operandi.
“En los últimos cinco años se han observado conductas irregulares en la aplicación de los subsidios, de supuestos beneficiarios, quienes presentan documentos bancarios alterados o comprobantes fiscales de proveedores no localizados para la comprobación de los recursos públicos, para simular la acreditación de los proyectos, con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones, por lo que se determinó llevar a cabo auditorías forenses para constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en el ejercicio de los programas”, destaca la máxima institución de fiscalización del país.
En la auditoría practicada al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria, la ASF detectó 50 beneficiarios que recibieron de forma ilegal apoyos superiores a dos millones de pesos y hasta 20 millones de pesos. El daño total asciende a 302 millones.
Por ejemplo, la empresa Carnes de Cerdo de Yucatán, S.A. de C.V. recibió recursos del subsidio por 19 millones 855 mil 500 pesos para la construcción de una planta empacadora de carne selecta de cerdo, a pesar de presentar documentación alterada, simular operaciones bancarias y no cumplir con el proyecto. Con las visitas domiciliarias de los auditores se constató que, en vez de planta, había siete naves tipo industrial que corresponden a una granja de producción porcina.
Soda Bioindustrias usó documentos alterados para obtener apoyos por 3 millones 454 mil 500 pesos y construir una planta de alimentos, pero “se observó que no se tiene el equipo adquirido, ni la infraestructura acordada, ya que la barda construida es de los límites de la propiedad; además, la obra civil no es reciente y se utiliza de resguardo de maquinaria averiada o utilizada para el mantenimiento de la granja de leche en la que se debió realizar el proyecto, además, se utilizó de almacén de paja, sin contar con la sanidad correspondiente a una planta de alimentos”.
L y M Asociados Consultoría obtuvo 9 millones 190 mil pesos para la construcción e implementación de un centro de acopio en Colón, Querétaro. El domicilio en el que, supuestamente se construiría, es el mismo que dieron otros dos beneficiarios de programas de la Sagarpa, es decir, “los proyectos de tres empresas beneficiarias se ubican en el mismo lugar”.
Transportes Especializados GAL recibió 4 millones 500 mil pesos para la construcción y equipamiento de un túnel de congelación en Mérida, Yucatán.
“Se realizaron visitas domiciliarias a siete proveedores relacionados con el proyecto, de los cuales no se localizaron cuatro y uno no proporcionó la documentación solicitada; además, en cuatro de éstos, comparten socios entre sí y uno de ellos expidió tres facturas que no cumplen con las disposiciones fiscales por 1,538.5 miles de pesos (…) No obstante lo anterior, FIRA presentó documentación de la empresa beneficiaria relativa a los proveedores de servicios no localizados; una vez analizada, se determinó que es contradictoria”.
Asimismo, se detectaron irregularidades en los proyectos de 45 beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria, lo que provocó un probable daño o perjuicio por 596 millones 677 mil 300 pesos.
Agencias
