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1/02/2019 – El Paso/Agencias.- La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) se ha levantado en contra del estado de Texas al emitir una demanda por discriminación, luego de que Ken Paxton, fiscal general estatal, informara acerca de un fraude electoral que involucra a más de 95 mil personas inmigrantes.
Diseñada para intimidar
El más antiguo grupo latino de derechos civiles expresó que el caso de elecciones es una “cacería de brujas” y que está diseñada para intimidar a los votantes registrados al pedirles que demuestren su ciudadanía. La demanda -presentada en un tribunal federal de San Antonio- señala que el secretario de Estado de Texas, David Whitley y el fiscal general Ken Paxton, violaron una parte federal de la Ley de Derechos de Votación, la cual prohíbe la intimidación de los votantes. En El Paso, Ray Mancera, parlamentario nacional de LULAC, dijo que la organización busca que sea una corte federal la que determine e investigue la verdadera situación de las personas involucradas.
Investigación debida
“Pedimos a la Corte que se haga un proceso debido, una investigación seria. No se puede borrar a nadie de la lista de votantes hasta que no haya una investigación de cómo es que el gobierno estatal llegó a esta conclusión”, expresó Mancera. Y es que, de acuerdo con Mancera, la forma en la que el gobierno exige la debida presentación de documentos para comprobar su ciudadanía fue descrita como intimidatoria y discriminatoria. Vía un comunicado, el secretario de Estado manifestó que se estaba investigando a las personas que habían proporcionado al Departamento de Seguridad Pública de Texas algún tipo de documentación -incluida una visa de trabajo o una tarjeta de residencia- que indicara que no eran ciudadanos cuando sacaron sus licencias de conducir o tarjetas de identificación.
Programa
El Estado calculó el número de votantes registrados que cayeron en esa categoría en aproximadamente 95 mil personas, de los cuales 58 mil votaron en una o más elecciones desde 1996 hasta 2018. La Oficina de Whitley dijo que había entregado inmediatamente los datos a la oficina del fiscal general, por lo que el mismo día Paxton publicó en Twitter “Alerta de fraude electoral», hecho señalado por los abogados de LULAC en la demanda.
Ambos funcionarios de Texas han orquestado cuidadosamente un programa que combina una asesoría electoral ostensiblemente dirigida a garantizar que todos los inscritos para votar en la elección de mayo sean ciudadanos elegibles con el uso de datos sospechosos y un bloqueo al acceso público de datos, escribe de LULAC en la demanda.
¿Y las autoridades de los condados?
Según Mancera, se ha establecido que no está claro exactamente cuántos de los individuos marcados por el Estado no son realmente ciudadanos de los Estados Unidos. “Entonces LULAC, siempre al servicio y defensa de los hispanos, exigimos que no se tome ninguna acción hasta que una corte revise. El gobierno de Texas señala equivocadamente a muchas personas que cuentan con derechos constitucionales y pensamos que no cuentan con la información debida”, expresó el parlamentario.
