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En el pequeño albergue Juventud 2000 de Tijuana, un hondureño expresó su decepción con el reciente acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir de manera más agresiva la inmigración de centroamericanos.
Pero Edwin Sabillón Orellana indicó que él y su familia continuarán con su plan de solicitar asilo en Estados Unidos.
Sabillón dijo que algunos migrantes podrían decidir que no vale la pena esperar en México a que se resuelva el largo proceso de solicitud de asilo, pero él no puede llevar a su familia de regreso a su hogar cerca de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, y que está azotada por la delincuencia.
“En mis sueños nunca estaba en la mente venir algún día a Estados Unidos”, dijo el ex empleado de una fábrica, de 30 años de edad, mientras esperaba cerca de una enorme cazuela de salsa ranchera a medio cocer a que llegara el gas para la cocina del albergue. “Yo tenía mi trabajo, mi mujer tenía su trabajo, mi niña estaba en una escuela bilingüe. Mi niña puede hablar inglés. Yo no tenía por qué venirme para acá.”
Todo eso cambió en abril, cuando una de las pandillas que asedian a Honduras y a otras naciones centroamericanas le impuso un plazo de cinco días para pagar una cuota mensual de alrededor de 120 dólares, narró Sabillón. Dijo que los delincuentes creían que él podía realizar los pagos porque su hija asistía a una buena escuela, pero ella estaba becada. La familia tenía apenas los ingresos suficientes para poner comida sobre la mesa y cubrir los pagos de servicios, dijo.
Dos días antes de que se cumpliera el plazo, Sabillón, su esposa y su hija de 8 años salieron de Honduras en medio de la noche. Les tomó cerca de dos semanas llegar a Tijuana, limítrofe con San Diego. Rápidamente ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cerca de la playa de Tijuana y solicitaron asilo. Después de pasar cinco días detenidos, fueron enviados de regreso a esa ciudad mexicana con una cita para volver a finales de este mes.
El mecanismo que le permite a Estados Unidos enviar a los solicitantes de asilo de regreso a México a la espera de la resolución de sus casos se ha implementado en Tijuana desde enero. Una parte del acuerdo del viernes entre México y Estados Unidos para evitar la amenaza de aranceles a todas las importaciones de productos mexicanos fue que ese programa se expandiría por toda la frontera.
Agencias
