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Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó castigar con prisión preventiva oficiosa a factureros o defraudadores fiscales, Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro presentó una reforma para modificar el artículo 19 de la Constitución y prohibir esta medida cautelar cuando se quiera aplicar contra cualquier ciudadano y por la presunta participación de cualquier delito.
A través de la diputada federal Teresa Ochoa, MC aseguró que esta es una figura que debe ser limitada y estricta, por la restricción al derecho humano a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia.
Dijo que desde hace años MC ha luchado por la protección de los derechos humanos y recordó que hace dos legislaturas su paradigma ha ido más allá de las ideologías, una defensa a ultranza en la que se ha asumido una posición de autonomía, “manifestándonos contra una herramienta usada cada vez con más frecuencia: la prisión preventiva oficiosa, que justifica la omisión o la falta de una debida investigación, que le otorga un tiempo a la autoridad que, de facto, no tendría por qué tenerlo.
“Nuestro lado tiene que estar con quienes son víctimas de este sistema y terminan por pagar quienes hoy están en prisión, sin un juicio debido. En nuestro país hay libertades tan elementales de las personas, como el derecho a ser inocente, hasta que una autoridad judicial, mediante sentencia definitiva, declare su inocencia, una vez que se ha llevado un juicio imparcial”, agregó.
Sin embargo, dijo que lamentablemente es al revés: “Se encarcela primero y se investiga después. Se encarcela primero y se condena y posteriormente se decide la culpabilidad. Estamos haciendo que la prisión sea la regla. Sólo el año pasado la tasa de personas encarceladas creció al ritmo más alto de los últimos 15 años. Este aumento por encarcelamientos sin investigación, por la prisión sin juicio y sin sentencias se hace desde la prisión preventiva”, manifestó.
Agregó que esto es aún más increíble cuando se trata de la política de un gobierno que criticó fuertemente las políticas en materia de derechos humanos de los gobiernos pasados.
“La disputa por ese derecho a la inocencia y la libertad frente al Estado no es nueva, ni porque esté de moda, es una de las batallas más antiguas.
“Llevamos dándole demasiados beneficios a la autoridad en detrimento de las garantías de los ciudadanos. Esto no se ha traducido en un sistema más equitativo y justo porque atenta contra de la presunción de inocencia, la consecuencia es evidente”, explicó.
Agencias
