La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una nueva directriz migratoria que permite ejecutar deportaciones en un lapso de tan solo seis horas. Esta medida, conocida como “deportación exprés”, fue oficializada mediante un memorándum firmado el 9 de julio por Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y amplía la posibilidad de expulsar a personas no solo a su país de origen, sino también a terceros países, sin trámites adicionales.
Esta política sustituye el plazo anterior de 24 horas que otorgaba el ICE entre la notificación y la ejecución de una expulsión a un tercer país. Aunque el documento aclara que los migrantes deben tener la oportunidad de consultar a un abogado, también menciona que las deportaciones pueden realizarse en “circunstancias apremiantes”, lo que ha despertado inquietud entre organizaciones de derechos humanos.
Reacciones y demandas ante la nueva directriz
El principal punto de controversia es el envío de personas a países que no son el suyo, siempre que estos se comprometan a no perseguirlas ni torturarlas. Sin embargo, especialistas y defensores legales alertan sobre el riesgo que corren los migrantes al ser enviados a lugares donde podrían enfrentar violencia o exclusión, y donde posiblemente no tengan familiares ni dominio del idioma.
Agencias
