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Con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, el Senado aprobó en lo general reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales para aplicar la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos electorales, robo de hidrocarburos, portación ilegal de armas y de pistolas de juguetes para delinquir, desaparición forzada y tráfico de totoaba.
Después de 11 horas de sesión, los legisladores iniciaron la discusión del tema, donde el coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera, dijo que “no es si debiera existir o no la prisión preventiva, sino legislar para precisar los delitos al que se alude para efectos de la prisión preventiva oficiosa”.
La senadora del PRI,Claudia Ruiz Massieu, dijo que aplicar la prisión preventiva oficiosa divide no sólo al Pleno, sino incluso al interior de los grupos parlamentarios, porque no hay consenso. Consideró que mientras algunos ven el fortalecimiento otros ven el debilitamiento de derechos fundamentales.
“Les doy un ejemplo de lo que se pretende aprobar: antes de la reforma del año pasado por un robo a transporte de carga el Ministerio Público tenía que razonar por qué esa persona debía ser sujeto de prisión preventiva y el juez tenía que considerar las condiciones del caso. Ahora se va a tratar igual a quien sustrae de un tren descarrilado la carga de perecederos para su propio consumo que a una banda de delincuentes que en la noche con ponchallantas, con violencia, con armas de fuego, roban la carga total de un tráiler para comercializar”, destacó.
«Muchos de ustedes llegaron comprando dinero del crimen organizado»
Cuando el reloj legislativo marcaba las 3:00 horas de hoy, Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad, cuestionó por qué no considerar el feminicidio como un delito grave o usar programas sociales para hacer proselitismo, como delito en materia electoral;
“preocúpense porque ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, muchos de ustedes llegaron comprando y desparramando dinero del crimen organizado y no nos hacemos pendejos, es la cruda realidad”, aseveró.
Y hasta defendió al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, al asegurar que es un testigo protegido “hay muchos delitos graves que se han cometido en este país, tengo la fortuna de estar en esta tribuna después de tantos años. He estado cerca de mi pueblo, el pueblo clama justicia y quiere en la cárcel a los de cuello blanco y aquí hay muchas y muchos bandidos, ratas, sátrapas, cínicos, sin vergüenzas”.
En su intervención, el senador Juan Zepeda dijo que “no concebimos que la prisión preventiva oficiosa sea el camino para resolver el problema de seguridad y justicia que vive nuestro país”.
Desde tribuna, la senadora del PRI, Claudia Anaya, se pronunció en contra de las leyes secundarias en materia de prisión preventiva oficiosa, donde mencionó que esta figura condena a las personas en situación de pobreza y complica el acceso a la justicia.
Después, el senador sin partido, Emilio Alvarez Icaza presentó una moción suspensiva de la reforma secundaria de prisión preventiva, pero fue rechazada por la asamblea.
En tanto, el senador Cristóbal Arias llamó a los legisladores a apoyar el dictamen a discusión debido a que dará cauce a las demandas y reclamos de justicia de los mexicanos para combatir y erradicar la corrupción, impunidad e inseguridad en el país.
Aseguró que este instrumento precisa diversos conceptos y mecanismos con el fin de fortalecer el Sistema Penal Acusatorio, por conducto de la prisión preventiva oficiosa y la aplicación de medidas cautelares.
La panista Indira de Jesús Rosales aseguró que hay excesos en la aplicación de las figuras legales ampliadas en la reforma constitucional en materia penal y prevención del delito de 2019, debe ser analizada y evitar que sea empleada con fines electorales y no de impartición de justicia.
¿Cómo se castigarán los delitos?
La prisión preventiva oficiosa no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.
Los senadores estimaron imponer una pena de 37.5 años de prisión a quien o quienes dolosamente sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
En el caso de la portación ilegal de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se sancionará con prisión de 4 a 7 años y de 200 a 400 días multa y de 4 a 8 años de prisión y 200 a 400 días multa cuando la posesión sea de más de 5 cargadores.
También, la venta de armas con la intención de agredir, para el ataque o la defensa, se castigará con 1 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización.
Con las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley en Materia de Delitos Electorales, el condicionamiento de programas sociales para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, se sancionará con 300 a 600 días multa y prisión de 4 a 9 años.
En el caso del uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en electorado, se castigará con 500 a 1000 y prisión de 4 a 9 años.
La prisión preventiva oficiosa se impondrá al servidor público o el particular que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer esa privación de la libertad, o oculte o se niegue a proporcionar información sobre su paradero u oculte a una persona detenida en cualquier forma.
También, esta medida aplicará a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima de delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento; retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante este periodo desaparición de la madre.
El tráfico de totoaba, sus partes, derivados, productos o subproductos, será sancionado con una pena de 5 a 15 años de prisión y con 3 mil a 6 mil días multa.
En materia de delincuencia organizada, a quien dañe, perjudique, destruya, interrumpa y, deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de 2 a 9 años y multa de 200 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización. se discuten las reservas.
Agencias
