Debido a que las propias autoridades permitieron actos de corrupción para la legalización fuera de norma de casi un 80 por ciento de los vehículos “chocolate” que fueron protegidos con el decreto de AMLO, y que hoy está decomisando la Secretaría de Hacienda, los ciudadanos tienen el derecho de recurrir al amparo contra actos de las diversas instituciones involucradas.
Proteccionismo
Para el jurista Christian Pérez, representante legal de la Cámara Nacional de Comercio, es muy preocupante que en medio de este dilema surgido precisamente por la ambición de funcionarios públicos que se prestaron a irregularidades para la legalización de autos usados, solamente los ciudadanos estén pagando consecuencias.
Por eso instó a quienes cumplieron con este programa para formalizar la estancia de sus vehículos usados a través del citado decreto, para que recurran a la protección de la justicia federal, ya que de antemano existe un criterio de la Suprema Corte, que ha definido que las unidades que fueron regularizadas mediante este proceso no pueden ser aseguradas por presunción de alguna anormalidad, ya que fueron las autoridades mismas que lo autorizaron.
Persecución
Sin embargo, la postura del SAT, que se apoya con la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Aduanas para recoger tales unidades, es remitir los autos en circulación en carreteras federales, o que retornan por puertos fronterizos, cuando detectan que algo no se hizo bien en el trámite de nacionalización.
Dichas corporaciones asumen que su papel es interceptar y poner a disposición del SAT la unidad, ya si durante litigio se aplica el criterio de la SCJN y se les devuelve, es otro asunto, lo cual aprovechan para presionar al conductor a “cooperar”.
Estrategia
No obstante, Pérez considera que la figura del amparo es lo más conveniente, ya que antes de recoger el vehículo, la autoridad demandante, en este caso sería el SAT, tendrá que pelear jurídicamente por el mismo, y entonces la autoridad judicial simplemente aplica el referido criterio.
Una de las principales irregularidades que se dieron en el trámite de legalización, es que si bien muchos autos cumplían con la norma de contar con un título con fecha de expedición anterior a octubre de 2021, posteriormente se descubrió mediante investigación con autoridades de Estados Unidos, que algunos fueron comprados en subasta después de esa fecha e ingresados al país de contrabando, para su nacionalización.
En otros casos, se confirmó que el auto estuvo involucrado en algún percance, que generó multas de vialidad en EU después de esa fecha, lo que significa que tampoco cumplían con la norma, pero pasaron.
Hubo otras cuestiones más complicadas, como ingresar unidades de lujo, otras cuyo número de serie no iniciaba con los números del uno al cinco, sino del seis al nueve, o que comenzaban con letra.
Desde luego, eso ocurría mediante el pago de componendas a los funcionarios del Registro Público Vehicular, que a la fecha no han sido sancionados, solo se ha procedido contra los ciudadanos.
El Bravo
