En atención a los menores migrantes, se habilitó para la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes y a la Unidad de Atención a Población Vulnerable, los días inhábiles que sean requeridos para que se realicen las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la inmediatez para la canalización de los menores a los centros de asistencia social y demás instalaciones que funjan como albergues hasta que se regularice su situación migratoria o se resuelva su retorno asistido a sus países de origen.
A través de la publicación de dicho acuerdo en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud, mediante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, instó a los organismos en la materia, tanto locales como municipales, a realizar dicha habilitación que garantice la inmediatez de la protección de los menores.
Para efectos de lo anterior, los espacios deberán cumplir con las necesidades mínimas para la recepción de los menores, así como la identificación de necesidades por parte de grupos multidisciplinarios de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.
Dicho cumplimiento será corroborado por el titular de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y las autoridades competentes de las tres órdenes de gobierno.
Cuando la habilitación de estos espacios sea por tiempo indefinido, se concretará mediante los convenios de colaboración que al efecto se celebren, en los que se deberá detallar los mecanismos de administración, así como el personal de apoyo.
El medio de comunicación para las notificaciones oficiales entre los servidores públicos para los efectos de este acuerdo, será el correo electrónico de la institución, lo que podrá sustituir a los oficios. Esto, siempre y cuando reúnan todas las características como membretes, sellos y números consecutivos, así como el nombre de los servidores públicos remitentes de la información.
Este acuerdo es de observancia general en toda la República y entrará en vigor el 18 de febrero de 2021, tras su publicación en el DOF, por lo que las instituciones públicas y privadas integrantes al Sistema Nacional de Asistencia Social deberán de tomar las previsiones necesarias para dar cumplimiento al mismo.
Agencias
