La representante del estado de Luisiana en Estados Unidos y una senadora propusieron un proyecto de ley para permitir la castración quirúrgica de agresores sexuales de niños.
A principios de mayo, la representante Delisha Boyd de Luisiana, conmovida por un caso de agresión sexual a una menor de 12 años y otra de 5 por el mismo hombre, la impulsó a tomar medidas para enfrentar este grave delito. Al conocer la historia se unió a la senadora estatal Regina Barrow para proponer una ley que permitiera la castración quirúrgica de delincuentes sexuales de menores.
En menos de dos semanas, Boyd y Barrow lograron convencer a ambas cámaras legislativas de Luisiana, dominadas por republicanos, para aprobar la propuesta. El proyecto, que ahora espera la firma del gobernador Jeff Landry, permitiría la castración quirúrgica de delincuentes sexuales condenados por delitos contra menores de 13 años. Si el agresor se niega al procedimiento, podría enfrentar una pena adicional de entre tres y cinco años en prisión.
Aunque la castración química ya es legal en varios estados como California, Texas y Florida, la castración quirúrgica lleva el debate a un nuevo nivel.
Este método, mucho más invasivo, coloca a Luisiana a la vanguardia de una controvertida discusión sobre castigos severos, similares a los de países con sanciones penales estrictas como Pakistán y Nigeria.
La efectividad de tales medidas ha sido cuestionada. Investigaciones previas sobre la castración química sugieren que puede reducir los niveles de testosterona y la desviación sexual, pero sus resultados son poco fiables. No hay estudios que respalden la eficacia de la castración quirúrgica en la reducción de delitos sexuales contra menores.
Grupos de derechos de los presos y expertos legales han criticado la propuesta. Argumentan que la medida es una forma de venganza sin evidencia de que disminuya la reincidencia sexual. También se plantean preocupaciones éticas sobre los médicos que realizarían el procedimiento, potencialmente violando el juramento hipocrático de "no hacer daño".
Algunos expertos predicen que la ley enfrentará desafíos constitucionales, basados en el derecho a la privacidad de la 14ª Enmienda y la prohibición de castigos crueles e inusuales de la 8ª Enmienda. Además, existe preocupación sobre posibles sesgos raciales en la aplicación de la ley, dado el historial de condenas injustas en Luisiana.
Boyd y Barrow creen que esta ley hará justicia a las víctimas y actuará como elemento disuasorio. Sin embargo, los críticos insisten en que el proyecto carece de fundamento científico y ética. La medida, de adoptarse, se aplicará a los condenados por delitos cometidos después del 1 de agosto. Con información de The New York Times.
Agencias
