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Grupos pro migrantes obtuvieron un amparo que impide a policías municipales de Tijuana, Baja California, detener sin sustento legal y remitir al Instituto Nacional de Migración (INM) a extranjeros como lo ordenó en su momento el ex alcalde panista Juan Manuel Gastélum.
En el amparo con número de expediente 1957, iniciado en noviembre de 2018, el juez del Poder Judicial Federal concluyó brindar la protección de la justicia a todo extranjero que pise esta ciudad fronteriza, independientemente de su condición legal en el país.
Con este logro judicial, los activistas formaron el Colectivo 1597-Tj, cuya finalidad es vigilar el cumplimiento del amparo en la actual administración municipal a cargo de Arturo González Cruz.
“También se establece que no se puede hacer la entrega al INM, en base exclusivamente a esta resolución, porque la ley no extiende, no respalda ese tipo de actividad. Y en México lo que no está en la ley, es ilegal para las autoridades hacerlo”, expresó Graciela Zamudio, presidenta del organismo Alma Migrante.
Al respecto, la representante de Comunidad de Amigos Americanos, Ginna Garibo, sostuvo que hoy ningún agente preventivo de Tijuana “puede realizar ninguna acción de verificación, ni de control migratorio y así mismo no puede remitir o entregar (a un extranjero)!a autoridades migratorias para su presunta deportación”.
En noviembre de 2018, cuando llegaron miles de centroamericanos en la primera Caravana Migrante, el ex alcalde Gastélum ordenó la detención de migrantes y su remisión al INM, lo que de acuerdo con el migrante hondureño, Olman Paz Martínez Castillo, es algo que no se detiene.
“El mismo policía me han robado dos celulares, hasta dinero que le iba a mandar a mi abuela y ya no pude. Mucho me han arrestado, hasta me tiraron los dientes los policías, me golpearon pues”, denunció para luego mostrar la falta de su dentadura superior.
Agencias
