ElBravo_Notas_728x90_1
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal imponerle una pena de dos a 14 años de prisión a Martín del Castillo Toledo, ex director de Finanzas y Planeación de Liconsa, por un supuesto enriquecimiento ilícito de 32 millones 126 mil 646 pesos.
De acuerdo con el escrito de acusación, además de la pena de prisión, la FGR solicitó asegurarle el monto del supuesto enriquecimiento ilegal, el cual presumiblemente tuvo lugar entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
En el documento entregado al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la Fiscalía presentó como evidencia 17 testimonios, un peritaje y 8 documentales, entre ellas las órdenes judiciales para acceder a información bancaria del acusado y sus familiares.
Con 80 años y procesado en libertad, el Gobierno federal incluyó a Del Castillo Toledo como uno de los blancos en sus investigaciones del Caso Segalmex; sin embargo, el ex funcionario renunció a Liconsa el 15 de marzo de 2018 y no trabajó para la presente Administración.
Incluso, el caso que lo llevó a ser vinculado a proceso se refiere a hechos del sexenio pasado, aunque denunciados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante la FGR, el 16 de agosto de 2021.
La Fiscalía acusa al ex funcionario de obtener en ese periodo ingresos de procedencia no acreditada, por 7 millones 391 mil 893.54 pesos, y su esposa María Enriqueta Germán Becerra otros 10 millones 935 mil 918.73 pesos.
Pero en la acusación, al ex funcionario le atribuyen los ingresos en las cuentas bancarias de sus hijos, su cuñada y hasta su suegra, como parte del incremento injustificado de su patrimonio.
La Unidad de Inteligencia Financiera, en paralelo a la investigación ministerial, bloqueó las cuentas bancarias del ex funcionario.
PAGOS DE PULLMAN
Buena parte de los recursos que le son cuestionados a Del Castillo Toledo son depósitos de Autos Pullman a su esposa, quien es accionista de la empresa dedicada al transporte de pasajeros, según la FGR.
Manuel Soni Samperio, representante legal de Autos Pullman, envió un escrito a la FGR para informarle que en el periodo investigado, la compañía depositó 16 millones 383 mil 627 pesos a Germán Becerra y dos de sus familiares con participaciones.
«Estas cantidades están debidamente identificadas con los recibos de las liquidaciones emitidas y los estados de cuenta bancarios agregados a la carpeta de investigación», dice un dictamen particular.
La defensa del procesado, encabezada por Enrique Ostos Garza y Gerardo Ostos Rincón Gallardo, afirmó que fue ilegal el procedimiento administrativo que concluyó con la denuncia ante la FGR, porque la SFP aplicó preceptos legales que no estaban vigentes al momento de los hechos.
En el peritaje que ofreció Del Castillo Toledo, suscrito por el contador Marcos Reyes, se establece que de los más de 32 millones que le atribuyen, de 2013 a 2017 sólo ingresaron a sus cuentas 8 millones 398 mil 361 pesos.
Agencias
