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Ante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que simula la regulación de las tareas en seguridad pública de las fuerzas armadas hasta el 2024 organizaciones de Derechos Humanos rechazaron esta medida a través de redes sociales calificándola como un pretexto ante la pandemia del covid-19.
Defensores de Derechos Humanos en el país expresaron que este decreto presidencial no incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas y que tampoco subordina a las fuerzas armadas al poder civil, como se expresa en la Constitución.
Además, destacaron que si se hace este acuerdo se normalizaría la militarización de la seguridad pública y que es una acción contraria a la subordinación de las fuerzas armadas a autoridades civiles como lo demanda la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año a sido una realidad evidente; la Guardia Nacional es una etiqueta a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles», se puede leer en el mensaje.
Asimismo, pidieron explicación del por qué el presidente López Obrador no incluyó información que permita entender la necesidad de las Fuerzas Armadas y en que estado se encuentra el desarrollo de la Guardia Nacional.
Reprocharon que en vez de emitir acuerdos fuera del mandato constitucional no hicieran uno con objetivos precisos y claros, así como un sistema de rendición de cuentas y de fiscalización mientras las fuerzas armadas siguen en las calles.
«La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo del país», destacaron en el comunicado.
Pidieron acciones con fechas y objetivos para lograr el regreso progresivo de los militares y marinos a sus cuarteles para que desde marzo del 2024 no haya ninguno en las calles.
Agencias
