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El Centro Pro de Derechos Humanos (CentroProDH), celebró que después de 16 meses se cumplió con la orden de reaprehensión contra militares que asesinaron a 22 civiles el 30 de junio de 2014, en el poblado de Tlatlaya, Estado de México.
Sin embargo, la organización señaló que con ello no concluye la investigación de los responsables de esos hechos, pues recordó que un año después del incidente, personal del centro encontró que la tropa que intervino recibió la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“Exigimos que también se investigara la cadena de mando. Esta indagatoria se intentó cerrar en varias ocasiones y no ha concluido”, señalaron.
Sin embargo, aceptaron que la aprehensión de los responsables es relevante para el caso, pues “no habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del poder judicial sobre la investigación”.
El organismo de la sociedad civil resaltó que dicha reprensión “no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir”.
A través de sus redes sociales el Centro ProDH realizó una breve relatoría de lo sucedido hace siete años. La búsqueda de justicia inició cuando una de las sobrevivientes y madre de una mujer muerta dio su testimonio de lo ocurrido, confirmando la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
A partir de ese momento, la entonces Procuraduría General de la República presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que habrían sido ejecutadas entre 12 y 15 personas.
Conforme se realizaron las indagaciones en el poblado, la Secretaría de la Defensa Nacional negó en todo momento la existencia de ejecuciones. A pesar de ello, los militares fueron detenidos y se les dictó prisión formal; sin embargo, en 2016 un tribunal de segunda instancia revocó esa decisión.
Los familiares de las víctimas recurrieron a un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado. Por ello, el Tribunal Unitario “tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares”.
Para que se llegara a la cumplimentación de esta orden tuvieron que pasar esos 16 meses.
Agencias
