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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció este martes la supuesta intención de un «golpe de Estado parlamentario» después de que un legislador solicitara la activación del mecanismo constitucional para evaluar su capacidad mental de seguir en el cargo.
«Es increíble, pero también llamativo, cómo los autoproclamados ‘defensores de la democracia’ guardan total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario», publicó Bukele en su cuenta de Twitter.
Destacó que esto se registra «a pocos días de unas elecciones democráticas en las que todas las encuestas dicen que perderán más del 80 % de sus escaños».
El diputado opositor Ricardo Velázquez Parker pidió este martes a la Asamblea Legislativa que se aplique el procedimiento constitucional para determinar la capacidad mental del presidente Bukele para continuar en el cargo.
«Solicito se proceda a aplicar el procedimiento que nos faculta el artículo 131 numeral 20 de la Constitución y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele», señaló el diputado Ricardo Velásquez en una propuesta dirigida a la Comisión Política del Congreso.
La Carta Magna salvadoreña establece que el órgano legislativo tiene la facultad de declarar, con al menos 56 votos de los 84 diputados, «la incapacidad física o mental del presidente» para el ejercicio de su cargos, «previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea».
«Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República», indicó Velázquez al justificar su petición.
El historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte señaló en sus redes sociales que «nunca antes se había llegado a esto en los 200 años de El Salvador independiente».
El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, Manuel Escalante, señaló que el procedimiento para procesar la solicitud no se encuentra en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
En caso de que la Comisión, en un plazo no establecido, decida dar luz verde a la petición de Velásquez, la decisión sobre declarar la incapacidad presidencial recaería sobre un equipo de cinco médicos nombrados por el Congreso.
Añadió que, si el dictamen médico no es unánime, «no se procedería a declarar la incapacidad del presidente para el ejercicio del cargo».
Pero si los médicos concuerdan en su dictamen, «la comisión podría dictaminar si es favorable o no la declaratoria de incapacidad» y someterlo a votación en el pleno legislativo.
Señaló que considera que «el dictamen médico unánime abre la posibilidad para que la Asamblea declare la incapacidad, pero no es obligatorio que lo haga».
No obstante, apuntó que «toda esta ruta podría estar sujeta al control de la Sala de lo Constitucional» mediante un amparo o recurso de inconstitucionalidad.
Velásquez, un abierto crítico de Bukele, dijo que el mandatario «se siente por encima de la legalidad» y consideró que «o estamos ante un delincuente o estamos ante un loco, un trastornado que carece de las facultades mentales para ejercer el cargo».
Para el abogado y director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la Asamblea Legislativa debe primero aprobar la formación de la comisión de médicos y votar su nombramiento.
Añadió que, en el caso de darse el dictamen unánime y que la Asamblea «apruebe la destitución», el vicepresidente Félix Ulloa asumiría la Presidencia.
Agencias
