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Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Amanalco-Valle de Bravo, llamaron al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del T-MEC a votar en favor de la elaboración de una investigación, denominada Expediente de Hechos, en contra del gobierno mexicano, por omisiones en la aplicación de la ley para la protección de los bosques, privilegiando el desarrollo inmobiliario de esa región.
Esto ha repercutido en la reducción de los niveles de agua de las presas del Sistema Cutzamala, que ya están ocasionando conflictos sociales, según lo documentaron hace ocho meses, a través de una petición.
“A ocho meses de haberse presentado la petición, la situación actual que enfrenta hoy en día la Subcuenca y en particular el municipio de Valle de Bravo, así como las alcaldías y municipios que dependen del agua que esta Subcuenca provee a través del Sistema Cutzamala, es crítica y no tiene precedentes”, señala el documento firmado por una veintena de organizaciones, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
La petición SEM-23-005 fue presentada por las organizaciones desde el pasado 15 de mayo de 2023, en contra del gobierno mexicano, por “omisiones en la aplicación efectiva de las leyes ambientales en lo que respecta a la protección de bosques, biodiversidad y recursos hídricos afectados por procesos de degradación, erosión de suelos y contaminación, y también por el impacto de los cambios de uso de suelo forestal para privilegiar la construcción inmobiliaria y la infraestructura urbana en la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco, y el municipio de Valle de Bravo, Estado de México”.
Las organizaciones señalaron que tras niveles de almacenamiento históricos del 39 por ciento promedio de las presas del Cutzamala, en los últimos días, las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México han tenido que tomar medidas emergentes, mediante recortes en el suministro de agua de 800 litros por segundo, a varias alcaldías y municipios, que ya está ocasionando conflictos sociales, bloqueos y disputas por el vital líquido, sin dejar de mencionar las afectaciones ambientales por la falta de agua, concentración de contaminantes en los ríos y presas, así como procesos de degradación y erosión de los suelos en la propia Subcuenca.
La sequía que se ha presentado en la mayor parte del país en los dos últimos años, acompañada de la falta de medidas integrales y a largo plazo para el manejo de la Subcuenca, incluyendo la protección de los bosques como fábricas de agua, frente a un cambio de uso de suelo y deforestación desmedidas, han tenido como consecuencia una serie de afectaciones ambientales, sociales y de salud pública que hoy se están haciendo latentes.
“La solución a la crisis hídrica y ambiental de la Subcuenca Amanalco-Valle de Bravo, y con ello de las regiones que subsisten de sus servicios ambientales, tiene que basarse en una planificación integral y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con el acompañamiento de la sociedad civil organizada. Requerimos poner atención a las políticas públicas que se requieren con una planeación a largo plazo, y no bajo medidas emergentes, que no atacan el problema de raíz”, consideraron.
De acuerdo con la recomendación del Secretariado de la CCA al Consejo de Ministros, la respuesta de la autoridad deja “cuestiones centrales abiertas que ameritan la preparación de un Expediente de Hechos para esclarecer la aplicación efectiva de la legislación ambiental.
“Dicho instrumento, en nuestra opinión, podría fungir como el punto de partida para la búsqueda de una solución conjunta e integral de la problemática que actualmente enfrenta la citada Subcuenca, buscando la adecuada coordinación e inclusión de los diversos sectores gubernamentales, de la iniciativa privada y sectores sociales involucrados”.
Agencias
