Los servicios médicos del sector privado no tienen validez oficial en la jornada de incorporación universal a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, por lo que toda persona interesada en el trámite debe acudir a instituciones de gobierno para la certificación médica.
La ingeniero Silvia Burgos, coordinadora de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno federal, informa que así lo marcan las reglas de operación, no se saben los motivos, pero es una forma de contribuir al ahorro de las familias necesitadas.
No temporales
Ahora bien, como sólo se registra a pacientes con problemas de discapacidad permanente, es decir, aquellas que con ningún tratamiento médico, prótesis o intervención quirúrgica, podrán recuperar sus facultades, ya sea física, visual, auditiva, intelectual o psicosocial, la mayoría de las familias ya contarán con su certificado médico.
Pero en caso de no tenerlo, pueden acudir al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, al DIF y otras instancias oficiales del sector salud, para que se les otorgue un certificado médico sobre su discapacidad, así que el documento debe contar con los generales del paciente, el diagnóstico, así como el nombre y cédula profesional del médico, y el sello de la institución.
Si algún paciente no puede trasladarse a la institución, se debe acudir al área de servicio social para que el personal médico acuda a certificarlo a su casa. “Le estamos solicitando a nuestras instituciones que nos apoyen mucho en estos casos”, afirmó la funcionaria.
Asistentes
Del mismo modo, el padre, madre o tutor se puede registrar como auxiliar del pensionado cuando éste es considerado no apto para valerse por sí mismo, para que haga todo trámite en su nombre, presentando la documentación necesaria para acreditar su personalidad jurídica.
El registro se realiza esta semana en el gimnasio de la UAT, así como en el Centro del Bienestar y Paz del Gobierno del Estado, en las calles Puerto Aristas y Pirules del fraccionamiento Palmares de Las Brisas.
Las personas con discapacidad podrán disponer de su recurso de acuerdo a sus prioridades, como terapias, alimentación, medicamentos y otras necesidades.
