Los republicanos afirman que la iniciativa coloca a Florida —que durante muchos años fue refugio para migrantes— a la vanguardia de los estados con gobiernos conservadores que llevan a cabo labores para sacar provecho de los recursos estatales y locales para la aplicación de las restricciones de migración a nivel federal.
Mientras los partidarios de Trump en las capitales estatales de todo el país se apresuran a cumplir con el punto prioritario en la agenda presidencial, los legisladores en Florida se preparan para una posible disputa contra los tribunales a medida que avanzan en una disposición que, según los críticos, es inconstitucional.
La nueva medida de Florida impone la pena de muerte para los migrantes que se encuentran en el país irregularmente y hayan sido declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. Es una disposición que va más allá de las órdenes ejecutivas de Trump.
La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las restricciones de Trump contra la migración irregular.
“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la iniciativa más sólida en el combate a la inmigración ilegal (sic) de cualquier estado en todo el país”, declaró DeSantis antes de firmar los proyectos de ley y entregar un marcador a cada uno de los líderes legislativos que lo acompañaron en la ceremonia.
“Estamos a la vanguardia en la resolución de la crisis de inmigración ilegal (sic)”
Pero las tensiones entre los aliados del presidente y DeSantis —quien se atrevió a enfrentarse a Trump en busca de la nominación presidencial republicana— podrían no disiparse, ya que se tiene previsto que el gobernador mantenga aspiraciones presidenciales para 2028.
“En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, dijo el senador republicano Joe Gruters, patrocinador de los proyectos de ley y un aliado clave de Trump.
Las medidas de Florida asignan 298 millones de dólares para contratar a más de 50 nuevos agentes que se enfocarán en materia de migración, además de subvenciones para equipo y capacitación para agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren en operaciones federales y reembolsos por el alquiler de instalaciones de detención.
La propuesta también impone la pena de muerte para los migrantes que se encuentran sin autorización en el país que cometan delitos capitales. Los demócratas y los defensores de los derechos civiles han argumentado que esa disposición es inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema.
Fuente Milenio
