Una gran cantidad de migrantes detenidos en el sur de Nuevo México enfrentan un nuevo cargo penal: violación de área de defensa nacional.
Esto ocurre tras la decisión del Ejército de Estados Unidos de asumir el control de un corredor de 274 kilómetros en la frontera con México, en coordinación con las autoridades migratorias.
Vale la pena señalar que, la zona, ahora designada como "Zona de Defensa Nacional", es considerada una extensión de la Guarnición de Fort Huachuca (Arizona).
Diversos fiscales federales ya presentaron cargos adicionales contra al menos media docena de migrantes por ingresar sin autorización a esta área protegida.
Sobre esto, Pete Hegseth, secretario de Defensa, justificó la medida durante una visita a la frontera:
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"Todo ilegal que intente ingresar en esa zona está entrando a una base militar, un área federal protegida. Será interceptado por tropas estadounidenses y la Patrulla Fronteriza".
Las críticas por grupos civiles sobre la nueva medida no tardaron en aparecer, por ejemplo, Rebecca Sheff, abogada de la ACLU en Nuevo México, advirtió que "esta franja militarizada representa un peligroso deterioro del principio constitucional de que el ejército no debe vigilar a civiles".
Pero eso no es todo, sino que la letrada también expresó temor de que ciudadanos estadounidenses en zonas aledañas pudieran ser procesados bajo los mismos cargos.
Normalmente, la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de tropas para labores de aplicación de la ley civil. Sin embargo, una excepción conocida como "doctrina de propósito militar" permite operaciones limitadas en ciertos casos, como este despliegue fronterizo.
Cabe destacar que, el corredor incluye la Reserva Roosevelt, una franja federal de 18 metros de ancho que bordea la frontera, excepto en terrenos tribales o privados.
Mientras el gobierno argumenta que esta estrategia "protege la seguridad nacional", organizaciones de derechos humanos alertan sobre un precedente riesgoso que militariza aún más la frontera.
Agencias
