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Expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) aseguraron que han sido frenadas ordenes de captura en contra de servidores públicos en funciones, y evidencia que muestra posibles relaciones de autoridades con el crimen organizado.
Ángela Buitrago destacó que el GIEI no ha emitido valoraciones políticas respecto a los informes que han realizado sobre el caso, y por el contrario, advirtió que ha sido la intervención política del estado, lo que ha frenado órdenes de captura contra personas que participaron en los sucesos, como la de una persona relacionada con los servicios de inteligencia que continua en funciones.
“Me reservaría el nombre por el tema de la ejecución de la orden de captura que no se ha hecho efectiva, pero sí pertenece a una institución de inteligencia, estuvo presente incluso el día de hechos 26 y 27 de septiembre en la calle Juan N. Álvarez, mientras desaparecían a los muchachos”, reveló.
La experta dijo que todo esto se ha conocido a partir de archivos técnicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Estimó que las órdenes de captura deben ejecutarse para una vez detenidas las personas se puedan acoger al principio de oportunidad, pero no antes, donde pareciera que se están negociando cuestiones que entorpecen el acceso a la información, y el ocultamiento de datos que pueden llevar a esclarecer el caso.
“Yo pregunté hasta junio de 2023, y esa persona estaba laborando en instituciones. Desde ese punto, es una persona que tiene orden de captura y es parte del Cisen (ahora Centro Nacional de Inteligencia) y me reservo el nombre por el tema de la ejecución de la orden de captura, (…) estuvo presente incluso, el día de los hechos 26 y 27 de septiembre, en la calle Juan N. Álvarez el día de los hechos”, expuso Buitrago.
Subrayó que al igual que esa orden de aprehensión no ejecutada, existen otras de personas que están en cargos públicos visibles desde hace más de un año, lo que implica que podrían manipular o desaparecer esa información.
Cuestionó que la propia Fiscalía de la República haya obtenido estas órdenes a partir de la presentación de sus propias pruebas y no las haya cumplido.
Buitrago aseveró que todos estos datos -contenidos en el sexto y último informe- eran conocidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dio su visto bueno para que fuera publicado.
Recordó que a pesar de la apertura que hubo del presidente para acceder a archivos de las fuerzas armadas, el GIEI llevó a cabo una serie de acciones para encontrar elementos básicos para dar con la información.
Incluso mencionó que había material que estaba a punto de ser destruido, como la evidencia de una sanción a las autoridades por no haber dado a conocer dónde se encontraban los militares.
“Hemos encontrado elementos fundamentales, como era el tema de la sanción por no haber contado dónde habían estado militares del 27 Batallón, el día 26 de septiembre, eso lo encontramos en un documento que iba a ser destruido. No es que nos entregaron todo, sino que a medida que fueron entregando cosas, nosotros fuimos encontrando”, dijo.
Por su parte, Carlos Beristain mencionó que es relevante el reconocimiento del Estado mexicano respecto a que el Caso Ayotzinapa, pero que es importante que se de a conocer otra “información muy significativa” que no se ha logrado abrir, para el esclarecimiento del caso.
Apuntó que mostrar esta información dará legitimidad y “salud” a las instituciones públicas, porque generará confianza de la población a sus autoridades.
Consideró además, que con ello, las víctimas podrían afrontar su proceso de duelo y asimilación de hechos traumáticos, y recuperar la historia, dar sentido a lo que ocurrió.
Dijo que después de la salida del GIEI este lunes, serán los padres de familia e instituciones quienes decidan lo que sucederá en un futuro con la información que se ha vertido a través de sus seis informes.
“El caso, porque el GIEI termine, no termina la medida cautelar, ni termina la supervisión internacional de la Comisión Interamericana. Los pasos a dar va a depender de las decisiones que tomen las diferentes instituciones”, expuso mientras afirmó que el acceso a la información, todavía oculta, es la clave para atender el caso.
Refirió que queda pendiente información que se ha solicitado desde hace un año, ya que existen transcripciones parciales donde se advierte el posible destino de los jóvenes.
También reforzó la afirmación de que hay personas que participaron en el suceso y actualmente se mantienen en el servicio público, en distintas instancias, no solo de la fiscalía y “que han tenido capacidad de controlar ciertas partes”.
“Por ejemplo, uno de los posibles inculpados, miembro de Guerreros Unidos, y que contaban con mucha información, fue ejecutado con 21 o 23 disparos, cuando iba a ser detenido, esto lo dijo el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas; alias “El Caderas” era un alto miembro y desde luego podía contar muchas de las cosas como por qué se hizo el operativo, qué policías participaron ahí, por qué le dieron 23 balazos en lugar de detenerlo“, expuso.
Agencias
