Ante el inminente riesgo de que Estados Unidos imponga un arancel del 20.91 por ciento a los jitomates mexicanos, el Gobierno de México, a través del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, anunció este martes la apertura de un proceso de diálogo con autoridades estadounidenses para revertir la medida que afectaría a miles de productores y encarecería la canasta básica en ambos países.
Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, Berdegué subrayó que la intención de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo es buscar soluciones mediante el entendimiento bilateral.
“¿Cuál va a ser la consecuencia de esto, si se lleva a cabo, porque faltan 90 días? Pues que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup. Claro, no nos pueden sustituir porque no es que haya un montón de otros países que producen esta cantidad de excelentes tomates a un precio muy conveniente”, expuso.
Vamos a empezar a conversar, a dialogar, como siempre ha dicho la Presidenta, buscamos el diálogo, y vamos a ver en qué termina esto, subrayó el funcionario.
Medida "sin fundamento", acusa México
El nuevo arancel fue anunciado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos bajo el argumento de que los jitomates mexicanos estarían ingresando al mercado estadounidense a precios artificialmente bajos, lo que constituiría una forma de competencia desleal o dumping.
La medida echaría abajo el acuerdo suscrito en 2019 durante el mandato de Donald Trump que regulaba el comercio del tomate entre ambos países.
"Los productores de Florida insisten, sin razón, en que vendemos por debajo de nuestros costos. Eso no es cierto. Es un argumento que llevan repitiendo décadas", afirmó Berdegué.
Las consecuencias de esta acción comercial podrían ser mayúsculas. México exportó jitomates por un valor de 2,562 millones de dólares en 2023, de los cuales el 99.8 por ciento se dirigió a Estados Unidos, según datos oficiales del portal Data México.
Además, seis de cada 10 tomates que se consumen en territorio estadounidense son mexicanos, y el 90 por ciento del jitomate importado por ese país proviene directamente del campo mexicano.
Así que esta es la situación, se abre un periodo de 90 días, se va a conversar con Estados Unidos, buscamos que se renueve este acuerdo, en beneficio, ciertamente, de nuestros productores; hay cientos de miles de personas en México que trabajan en la producción de tomate, lo tenemos que cuidar, sobre todo a ellas y a ellos", manifestó Berdegué.
“Pero también, si quieren, en beneficio de los consumidores americanos, estadounidenses, disculpen, estadounidenses, porque pues sí, hay que cuidarles la salud. Nuestros tomates son muy saludables, y ojalá no les salgan tan caros”.
De aplicarse la medida a partir del 14 de julio, como se ha previsto, el impacto sería directo tanto para los agricultores mexicanos como para los consumidores estadounidenses.
"Simplemente van a pagar 21 por ciento más caros sus tomates", advirtió el secretario, al señalar que Estados Unidos no tiene alternativas reales para sustituir a México como proveedor principal del producto. “No hay muchos países que produzcan tomates de esta calidad y en estos volúmenes”.
El Gobierno mexicano tiene un plazo de 90 días para frenar la imposición del gravamen y buscar una salida negociada.
Según explicó Berdegué, estas investigaciones “antidumping” son frecuentes, y el equipo legal y técnico de México ya se encuentra trabajando en la recolección de pruebas y argumentos para demostrar la legalidad de los precios a los que se venden los tomates nacionales en el mercado estadounidense.
Dumping
El titular de Sader explicó que esta medida no se trata de un diferendo entre gobiernos, sino de una disputa comercial iniciada desde hace décadas por productores de jitomate en Florida, quienes acusan a los agricultores mexicanos de incurrir en prácticas de dumping, o trampas, para vender el producto por debajo de su costo.
“Desde 1996 han hecho estas acusaciones, que nosotros consideramos infundadas. Por eso, desde hace casi 30 años se mantiene un acuerdo de suspensión de investigación antidumping, el cual ha sido renovado cinco veces, la última en 2019”, señaló Berdegué.
La presidenta Sheinbaum puntualizó que la notificación oficial ni siquiera fue dirigida al Gobierno de México, sino a una firma legal que representa a los exportadores mexicanos, lo cual calificó como una falta de respeto institucional.
Agencias
