Según Adorni, las autoridades identificaron y denunciaron a 32 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales convocantes de la marcha contra el plan de choque económico del Gobierno.
El caso surgió después de que el Gobierno habilitara días atrás una línea telefónica para tramitar denuncias de amenazas de dirigentes sociales contra beneficiarios de planes de asistencia, quienes supuestamente fueron obligados a participar en la protesta bajo la amenaza de no cobrar las ayudas si ni lo hacían.
La línea recibió 15 mil 900 llamadas, de las cuales mil 100 “encuadraban con esa tipología” de delito, según las autoridades.
En vísperas de Navidad y en medio de un clima de tensión, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron por tercer día consecutivo en distintos puntos de Argentina contra el paquete de reformas del Gobierno de Milei para desregular la economía y el sector público mediante un decreto de necesidad urgente que aún debe ser aprobado por el Parlamento.
Por medio de asambleas, paro de actividades y ollas populares, la Asociación de Trabajadores del Estado -gremio que agrupa a empleados estatales de toda Argentina-, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también se concentraron en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano.
En la capital, los manifestantes rodearon cada uno de los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar las calles e incumplir con el protocolo ‘antipiquetes’ establecido por el gobierno.
Agencias